• Guerrero, Michoacán, Edomex, Nuevo León y Chihuahua, los estados con mayor incidencia en estos casos

• Relatores especiales para la libertad de expresión de la OEA y ONU, se reunirán con diputados el 12 de agosto

La presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, diputada María Yolanda Valencia Vales, señaló que en lo que va del 2010, 24 comunicadores han sido agraviados (asesinados, desaparecidos, amenazados o secuestrados) y 3 medios de comunicación reportaron ataques a sus instalaciones.

Nueve periodistas han sido asesinados, principalmente en Guerrero (4) y Michoacán (2), Estado de México (1), Nuevo León (1) y Chihuahua (1).

Recordó que en 2009, se suscitaron 12 homicidios, focalizados en Durango, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa y Quintana Roo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organizaciones de periodistas.

En cuanto a las agresiones, dijo que en lo que va del año se han registrado 6 casos, Oaxaca (3), Distrito Federal (2) y Coahuila (1).

Además, cinco comunicadores fueron amenazados en Baja California, Chiapas, Tabasco, Coahuila y Durango; tres desaparecidos, dos de ellos en Michoacán y uno en Tamaulipas, y que el único secuestro registrado se efectuó en Veracruz.

La diputada expresó que es necesario contar con mayores instrumentos jurídicos para proteger a los comunicadores, a fin de que las autoridades correspondientes cuenten con las herramientas operativas y legales que ayuden a garantizar que quien se dedique a la labor periodística, su familia y el medio para el que laboran gocen del amparo que las Leyes les otorgan.

Indicó que es fundamental despenalizar la difamación, la calumnia y la injuria (llamados delitos en contra del honor de las personas) que todavía se encuentran contemplados en la Ley de Imprenta.

De igual modo, realizar cambios legales para elevar a rango constitucional y estatal el secreto profesional del periodista y no sean amedrentados por las procuradurías de justicia de los estados, así como modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para que el periodista cuente con toda la información para desarrollar su trabajo sin restricciones.

Valencia Vales subrayó que la Comisión trabajará para otorgarle a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR) el rango de Subprocuraduría, a efecto de que cuente con mayores recursos y desempeñe su labor de manera rápida y eficiente.

Se buscará, expresó, darle a la PGR la facultad de intervenir cuando se atente contra un medio de comunicación y no se quede en el fuero común, además de brindar protección y reparación del daño a las familias de las víctimas.

La diputada resaltó que la Fiscalía Especial ha manifestado que la instancia está impulsando la especialización de la función y de coordinación intra e interinstitucional; redimensionando la actividad investigadora del Ministerio Público de la Federación y a sus auxiliares a fin de incrementar la actividad investigadora.

Anunció que el próximo 12 de agosto la Comisión se reunirá con los relatores especiales para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue.

La presidenta de la Comisión Especial mencionó que entre los objetivos de la visita de los relatores se encuentra examinar e informar sobre la situación de los periodistas en México, en particular la atención a los mecanismos de protección existentes y el seguimiento de casos de agresión.

Entablar un diálogo con los tres órdenes de gobierno, organizaciones de periodistas y con todos los actores interesados en el tema para identificar soluciones a corto plazo que protejan a los comunicadores.

La reunión con los relatores de la OEA y la ONU, enfatizó, es de suma importancia, ya que el país ha ido descendiendo dramáticamente en la calificación que los organismos internacionales hacen en materia de derechos humanos, particularmente en protección a comunicadores, medios de comunicación y periodistas.

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