Con el propósito de promover una revisión conjunta del avance del ejercicio del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) correspondiente al Primer semestre de 2010, diputados integrantes de las comisiones y comité unidos para el campo se reunieron con la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, que preside Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Sagarpa.
Al inaugurar, el diputado Jesús Zambrano Grijalva, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, resaltó la importancia de realizar un trabajo que arroje elementos para configurar el paquete económico del 2011; “que no sea el trabajo de las comisiones en la Cámara de Diputados un trabajo de papel, de mero cumplimiento burocrático con ciertas responsabilidades”.
El diputado Federico Ovalle Vaquera, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones Practicadas a los Programas que conforman el PEC, dijo que de acuerdo con los resultados de la evaluación del PEC, publicados por el Banco Mundial, existe dispersión de los apoyos al campo, y las instituciones los aplican por separado sin buscar que se produzcan sinergias o se hagan viables los proyectos
Añadió que dichos resultados no corresponden con la política de apoyar el desarrollo rural y reducir la desigualdad en el campo.

PRI
Al participar, el diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, secretario de la Comisión Presupuesto y Cuenta Publica, dijo que de las nueve vertientes del PEC, esta Comisión identificó 255 mil 246.3 millones de pesos (MMDP) del monto total de los más de 268 MMDP del PEC, con un avance de 89 mil 823.7 millones de pesos, que representa un avance general de 35.2 por ciento, de enero a mayo de 2010.
Apuntó que se encontraron desviaciones a la baja en salud, con 26 por ciento; medio ambiente 13.4 por ciento; agraria 17.3 por ciento; administrativa 27.9 por ciento, de infraestructura, 30 por ciento; y las que se encuentran por encima del promedio son competitividad, social, educativa, financiera y laboral.
El diputado Héctor Fernández Aguirre dijo que el número de pobres se incrementó, el sector agropecuario –de acuerdo a sus indicadores agrícolas ganaderos y forestales y relativo a la industria alimentaria— ha sufrido un importante retroceso, el PIB agropecuario decreció en un cuatro por ciento.
Preguntó hasta cuándo el Ejecutivo va a asumir su compromiso de la defensa de los intereses de los productores nacionales frente a los intereses extranjeros; ¿va a dejar de caer en subejercicios en el sector agropecuario? y por qué el subsidio federal para el diesel agropecuario no ha aumentado en la misma proporción que lo ha hecho el comercial.
El diputado Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, dijo que es necesario el respaldo del secretario de Hacienda para resolver los problemas del Programa Especial de Soberanía Alimentaria y asuntos indígenas, así como otros que están pendientes.
Indicó que las evaluaciones se deben reflejar en políticas públicas, servir para elaborar reglas y lineamientos de operación, que debe aparecer en la estructura programática presupuestal y en el Presupuesto para el Campo.
El diputado Oscar Lara Aréchiga, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, resaltó la problemática de algunos programas federales para su ágil operación y efectividad, como los de infraestructura de riego.
Más adelante, el diputado Rolando Zubia Rivera, señaló que el PEC recibe recursos crecientes cada año pero no ha tenido el impacto esperado. Propuso crear una comisión que analice y evalúe los programas del PEC
PAN
El diputado Fernando Santamaría Prieto, de la Comisión de Agricultura, señaló que el presupuesto para el PEC es el más alto de América Latina y no impacta en el desarrollo del campo, lo cual es preocupante. Propuso trabajar con visión moderna, de responsabilidad social e impulsar una inversión que se refleje en el desarrollo rural que cambie las condiciones del campo, genere empleos, servicios y desarrollo social.
La diputada Alba Leonila Méndez Herrera, de la Comisión Especial del Café, pidió que todos los programas se sujeten a evaluación de desempeño, fiscalización y rendición de cuentas, además de evaluar si todos cuentan con reglas de operación, para saber su impacto.
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez, integrante de la Comisión Especial del Seguimiento del PEC, dijo que el desarrollo de la sociedad rural debe ser un objetivo central del PEC, lo cual resulta relevante pues recientes declaraciones del presidente del Banco Mundial, señalan que la crisis económica ha dejado cerca de 64 millones de nuevos pobres en el mundo.
La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, preguntó que en caso de afirmarse el hecho de que hay un subejercicio cuál sería el estatus de éste, de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Presupuesto, que da 90 días para su aplicación.
En tanto, el diputado Arturo Ramírez Bucio se pronunció por atender más la Comisión Intersecretarial que preside el titular de Sagarpa para exigir una concurrencia de los funcionarios públicos de primer nivel. Añadió que lamentablemente los gobiernos de los estados no han ejercido ni el 15 por ciento den los programas de actividades productivas.
Funcionarios
En su intervención, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Mayorga Castañeda, reconoció la falta de coordinación entre las dependencias que conforman el Programa Especial Concurrente (PEC) para ejercer adecuadamente los recursos.
“La falta de coordinación ha sido una de las reiteradas críticas al PEC, es por ello que entre los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010 se reunió la Comisión Intersecretarial con nueve secretarios de Estado para analizar y acordar 44 compromisos, a los cuales se les dará un seguimiento trimestralmente”.
El también presidente de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, aceptó que es necesaria una revisión a fondo del PEC y en este sentido, mencionó que en la reunión con los nueve funcionarios se elaboró una propuesta que ha sido enviada a la Secretaría de Hacienda.
Señaló que el buen funcionamiento del PEC debe partir de un principio muy sencillo, basado en que cada dependencia haga lo que sabe y debe hacer.
Mencionó que como una propuesta de mejora, para 2012 algunos de los programas que integran el PEC deberán ser operados de forma coordinada mediante cajas solidarias, con el fin de fomentar el ahorro y el crédito entre los productores, principalmente, los de menor escala.
Al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores en torno a posibles subejercicios, el funcionario refirió que en algunos casos los recursos no son aplicados en tiempo y forma debido, entre otras cosas, a que el proceso de negociación con los estados es muy largo; los consejos estatales no se reúnen y por lo tanto no hay un seguimiento puntual y en otros casos, los programas se saturan o no hay demanda.
En materia alimentaria, Mayorga Castañeda señaló que México está subordinado con respecto a sus principales socios comerciales. “No tenemos un cuerpo de normas relacionado con los productos del campo ni con los alimentos que nos permitan regular el comercio”.
Precisó: es lógico que si la economía mexicana está totalmente abierta, sobre todo frente a Estados Unidos y Canadá, muchos productos que en esos países no pasan las normas terminan en México, más si son baratos y fiados, lo que afecta a los productores nacionales”.
“No tenemos normas que apliquen y ése es un gran hueco, una gran causante de que los productores sientan que su gobierno no los está defendiendo frente a la competencia del extranjero y ahí el tema de un trabajo regulatorio corresponde al Legislativo. Quisiéramos que se avanzara en él porque nos daría instrumentos para una mejor protección del sector”.
Las soluciones de fondo, dijo, todos las buscamos, pero éstas se darán siempre y cuando se respeten ciertos compromisos que tiene el país en los ámbitos internacionales, como los tratados de libre comercio o el esquema de adhesión a la OMC.
“Debemos brindar apoyos al sector, pero siempre y cuando respetemos formas y montos que ya están firmados por México y ahí de repente es donde no podemos regresar a los precios de garantía, a las compras de gobierno, entonces tenemos que armar nuevos esquemas”.
Respecto del cambio climático adelantó que en el proyecto de Presupuesto de 2011 se focaliza más en este tema. “Se plantea que en los programas energéticos se pueda ir a las causas y contribuir no sólo a la economía de los productores, sino también que la agricultura ayude a la mitigación de los nuevos fenómenos climáticos”.
Sobre el padrón nacional cafetalero, dijo que “actualmente registra a 510 mil 544 productores con una superficie de 675 mil 258.37 hectáreas y el recurso asignado asciende a 560 millones de pesos”.
Por lo que respecta al ejercicio de recursos de Procampo, Mayorga Castañeda señaló que al 23 de julio se tenían presupuestados 15 mil 321 millones de pesos. “Se nos habían ministrado 11 mil 371 millones y está ejercido al 100 por ciento. Es decir, hay 11 mil 371 millones de pesos de Procampo en manos de los productores”.
En otros programas, abundó, hay un 96 por ciento de ejercicio presupuestario.
En cuanto al programa de Atención a Contingencias Climatológicas 2010, recordó que el Congreso autorizó 900 millones de pesos, pero se amplió en 265.2 millones más para un total de mil 165.2 millones.
“De éstos, 950 millones se destinaron al contrato de esquemas de aseguramiento junto con 50 millones de agroasemex. Se aseguraron ocho millones de hectáreas, 21. 7 por ciento más que el año pasado en 30 entidades federativas. Únicamente el DF y Baja California no cuentan con este esquema”, dijo.
Asimismo, abundó, se aseguraron 4.1 millones de unidades animal, 1.5 por ciento más que el año pasado en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
“Tenemos otra categoría de seguro de 215.2 millones de pesos para aquellas regiones o cultivos que no estuvieran asegurados con los esquemas anteriores”.
Recordó que en 2010, el presupuesto asignado al PEC fue de 268 mil 406 millones de pesos, que representa el 8.5 por ciento del gasto neto total.
En su intervención, Carlos Gutiérrez Jaime, Oficial Mayor de la SAGARPA, informó que el presupuesto original de esta dependencia era por 73 mil 368.5 millones de pesos, sin embargo, fue modificado por los diputados para quedar en 72 mil 908, del cual, al mes de junio de se han ejercido 38 mil 933 millones de pesos.
“El presupuesto autorizado para ejercer de la Secretaría de enero a junio fue de 43 mil 585 millones de pesos, de los cuales mil 560 tienen compromiso, tienen contrato o convenio firmado pero no fueron erogados en virtud de la falta de conclusión de algunos de los trámites administrativos, lo que nos da un ejercicio del 92.9 por ciento”.
Dijo que la disponibilidad de julio a diciembre es de 32 mil 414 millones de pesos, lo cual implica que vamos ya ejerciendo un poco más del 50 por ciento del presupuesto de todo el año.
Concluyó que los recursos federalizados de 2009 fueron en el orden de 16 mil 66 millones de pesos, de los cuales, por la dificultades económicas que hubo el año pasado se depositaron 14 mil 319 y se han pagado 13 mil 610.3 millones de pesos.
Los recursos que faltan por ejercer, del año pasado, son 709 millones de pesos.
En tanto, Octavio Jurado, de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), destacó que no porque se asignen mayores recursos al PEC signifique que se está haciendo el mejor de los esfuerzos para el sector rural.
“Hay enormes preocupaciones porque, teniendo el gasto rural más alto de América Latina, también es el que menos impacto genera al sector, de tal manera que eso obliga a hacer una revisión cuidadosa y profunda del alcance de todos y cada uno de los programas del PEC, de su duplicidad, así como del ejercicio y alcances de la Comisión Intersecretarial”.
La AMSDA, dijo, ha venido proponiendo que en el caso de las atribuciones del legislador no sólo esté la asignación del gasto, sino que tenga a su alcance las facultades para hacer evaluaciones de los impactos del gasto público, con el objeto de compartir con el Ejecutivo las adecuaciones o reorientaciones del presupuesto para hacerlo más eficiente.
Refirió que ante el crecimiento de la pobreza extrema se hace necesario que el gasto público sea un eje que detone la actividad económica y no sólo mantenga un trato asistencial.
En materia de competividad, aseguró que en el concierto mundial, entre 2003 y 2006, el país venido perdiendo espacios de competitividad.
Por estado, abundó, tenemos casos de pérdidas de uno hasta 11 lugares y es fundamentalmente por la debilidad de los instrumentos con los que hoy cuentan las entidades para detonar su propio desarrollo. Este es uno de los centros de atención que tiene que prevalecer en la visión del Presupuesto en los años por venir.
“México abrió sus puertas y se liberó de todos los aranceles y hoy somos la inflación más alta que se reporta en la OCDE en alimentos; la dependencia alimentaria sigue creciendo y la balanza crece con un comportamiento negativo, además de no estamos generando el suficiente empleo en el sector rural y de la misma manera el salario se mantiene bajo”.
En términos generales, concluyó, estamos gastando más dinero en alimentos. “Hemos pasado del 26 al 29 por ciento del gasto y en el decil más bajo de la población, donde está el habitante rural, el 50 por ciento de sus ingresos los tienen que invertir en alimentos, por ello, la Comisión Intersecretarial tiene un enorme reto”.
A su vez, Abelardo Escobar Prieto, secretario de la Reforma Agraria destacó que en lo que va de la presente administración se han resuelto 584 conflictos agrarios, es decir, uno cada 48 horas.
Explicó que en el primer semestre del año, para el Programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) se tenían calendarizados 468 millones de pesos, de los que se ejercieron 288 en la solución de 87 conflictos y que falta por concretar la solución de otros 120 , en los que se invertirán 550 millones de pesos.
Indicó que por las características del programa se hace difícil su calendarización, debido a que depende de la voluntad de las partes en conflicto, además de la falta de acreditación de la propiedad de la tierra de los mismos y también, en algunos casos, por el rechazo de la oferta que presenta la Secretaría con base en los avalúos.
No obstante estas consideraciones, cada año se invierte la totalidad del presupuesto asignado, como sucederá en 2010.
“En cuanto a obligaciones jurídicas ineludibles, que también es difícil de calendarizar, para este mismo periodo teníamos asignados 123.5 millones de pesos y se han ejercicio poco más de 77 millones y están pendientes 46.3 millones de pesos”.
Respecto a los programas del Fondo para Proyectos Productivos en el Medio Rural, y de la Mujer en el Sector Agrario, aseveró, los apoyos asignados no sólo van al corriente sino que incluso se están echando mano de los correspondientes al mes de agosto.
“En el caso del Programa Joven Emprendedor existe un retraso propiciado por las modificaciones sustanciales a las reglas de operación para potenciar los recursos con el fin de apoyar a un mayor número de jóvenes. Ello con apego a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.
Informó que hay una medición del impacto de los programas en la vida de las comunidades “y sí se está reflejando en el mejoramiento de la vida de las personas que se beneficia de los programas”.
Añadió que “la información que da la Universidad Autónoma de Chapingo, como valoradora externa del FAPPA-PROMUSAG; la FAO, y la CONEVAL se compara con la información de nuestros evaluadores y el resultado ha sido positivo”.
Afirmó que se han canalizado 450 millones de pesos del PROMUSAG y 317 millones de pesos del FAPPA, que serán aplicados a más tardar el 31 de agosto o el 15 de septiembre. Mencionó que que para el resto del año quedan por ejercer 252 millones de pesos de PROMUSAG y 352 millones de pesos del FAPPA.
Dijo que con el Programa de Fomento de la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural, se tienen consolidados más de mil 100 proyectos entre inversionistas y ejidatarios y se han canalizado 64 mil millones de pesos que benefician 273 mil hectáreas y a 93 mil sujetos agrarios.
Al clausurar el evento, el diputado Javier Usabiaga Arroyo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, señaló que el presupuesto como instrumento de política pública debe ser ejercido con responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas para generar riqueza y mejorar la calidad de vida de la sociedad rural.
“Debe encaminarse no sólo a mejorar la actividad agroalimentaria, la competitividad y la capitalización de las unidades de producción agroalimentarias, ya que no es su única función; la preocupación debe ser compartida hacia las comisiones unidas y la especial para evaluación del PEC para satisfacer las demandas la sociedad rural”.
Indicó que la transversalidad del PEC debe acompañarse de políticas públicas operadas por secretarías de Estado que fueron invitadas hoy.
La aseveración de que el PEC no ha impactado en la producción ni en la calidad de vida de los pobladores rurales, dijo, debe llevarnos a una reflexión profunda para el PEF 2011 sobre cómo impulsar la generación de riqueza, hasta dónde debe el presupuesto ser inductor o hasta dónde compensatorio y cómo inducir transversalidad de políticas públicas para que llegue la equidad al campo.
Destacó la importancia de la comunicación entre las dependencias y el legislativo pues “es el diálogo el que debe llevar a concebir mejores acciones en beneficio de políticas sociales orientadas a la generación de riqueza y bienestar”.

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