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Boletín N°. 1877 Cárceles municipales llegan a superar hasta en mil por ciento su capacidad, advierte Pablo Escudero (Favor de utilizar de sábado para domingo)

En México las cárceles federales, estatales y municipales, violan las normatividades y garantías individuales, toda vez que la sobrepoblación excede el 500 por ciento de la capacidad instalada, y en algunos municipios alcanza el mil por ciento, afirmó el diputado Pablo Escudero Morales.

Señaló que las políticas de seguridad pública y sistemas penitenciarios han fracasado, lo que repercute directamente en violaciones a la seguridad pública de los habitantes y particularmente vulneran los derechos fundamentales a la readaptación social.

“Las autoridades, tanto federales como estatales, no han realizado las acciones necesarias para lograr avances significativos en materia penitenciaria, ya que las irregularidades que aquejan a los centros de reclusión ponen de manifiesto que no se ha cumplido con lo ordenado en la Constitución”.

Ante este problema, el también presidente de la Comisión de la Función Pública, a través de un punto de acuerdo que se turnó a la Primera Comisión de la Permanente, busca hacer un llamado al Ejecutivo Federal, para revisar y evaluar el cumplimiento el Programa Sectorial De Seguridad Publica 2007-2012 en relación con el sistema penitenciario, “toda vez que es evidente que existen autogobiernos, prácticas de corrupción y hacinamientos”.

Refirió que entre las irregularidades en los centros de reclusión se encuentra la realización de cobros a los internos por parte de servidores públicos que laboran en los mismos; el tráfico y consumo de narcóticos; pésimas condiciones de instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas.

Las celdas para albergar hasta cuatro internos, son ocupadas por treinta personas, con insuficiencia de ventilación y servicios sanitarios.

En este sentido, el legislador del PVEM, añadió que la alimentación de los internos también representa un problema, ya que la comida es insuficiente en calidad y cantidad.

Destacó que, en algunos casos, las autoridades del penal se encargan de introducir las drogas o de permitir que los visitantes lo hagan; cobran por permitir el uso del teléfono público, justificar inasistencias al pase de lista o eximir a los reclusos de las labores de limpieza; y ocupar las estancias de visita íntima.

“Es necesario resolver todas estas problemáticas y en especial la corrupción en los centros de reclusión de nuestro país, la cual es causa de diversas irregularidades que afectan su buen funcionamiento y que favorecen la comisión de conductas delictivas, tanto en el interior como en el exterior de los mismos”.

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