• México ocupa primer lugar en el continente y 5º mundial en agresiones a comunicadores

México ocupa el 5º lugar a nivel mundial y el primero en el continente Americano respecto al asesinato de periodistas y agresiones a medios de comunicación, coincidieron los relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) durante la reunión con legisladores.

Frank la Rue, relator especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU y Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, mencionaron que el primer lugar, en el número de periodistas muertos, lo ocupa Filipinas, en gran parte por la masacre de 30 de ellos en Migandanao.

“Los otros tres países corresponden a otras áreas geográficas y México tiene el primer lugar en América en los casos de periodistas asesinados”, precisó Frank la Rue ante legisladores de diversas comisiones y de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

Durante la reunión plantearon una serie de medidas para fortalecer la libertad de expresión y garantizar el ejercicio periodístico. Entre otros, aprobar la reforma en materia de derechos humanos, federalizar el delito de asesinato a periodistas, otorgar plena autonomía al IFAI, regular el espectro radioeléctrico, actualizar la Ley de Imprenta y capacitar a los funcionarios y cuerpos de seguridad en materia de derechos humanos.

La diputada María Yolanda Valencia Vales, presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, reconoció ante los relatores que a la fecha han sido asesinados 74 periodistas y 33 comunicadores han sido agredidos.

Mencionó que Durango, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán y Tabasco, son las entidades en donde mayor número de agravios reciben los periodistas. En tanto que, Guerrero, Michoacán, Coahuila, Sinaloa, Estado de México, Nuevo León y Chihuahua, hay más asesinatos.

Por ello, dijo, es fundamental garantizar protección especial a quienes han hecho del periodismo y de la libertad de expresión su forma de vida. “No podemos seguir permitiendo que la impunidad imperante en el país y la violencia sigan en aumento”.

Respecto al impacto de la violencia institucional, añadió que la memoria histórica hace recordar que la relación del Estado mexicano y los informadores ha estado plagada de tensiones, de violaciones a las libertades, represiones, amenazas, silencios, arbitrariedades y repasarla puede ayudar a comprender las bases sobre las que hoy se sustenta el periodismo moderno.

Valencia Vales hizo patente la actuación de gobiernos “intolerantes, autoritarios y que atacan de manera vil al periodismo combativo, vigilante y a quienes no se someten a sus designios, utilizando para ello, la fuerza del Estado y sus instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, para someter, controlar y amedrentar a los informadores”.

Se manifestó por impulsar una verdadera reforma legislativa que federalice los delitos cometidos contra periodistas; contar con mayores instrumentos jurídicos para proteger a los comunicadores; obtener mejores herramientas operativas, económicas, humanas y legales que permitan garantizar que quienes se dedique a la labor periodística gocen de esa protección.

Es fundamental, añadió, elevar a rango constitucional, el secreto profesional del periodista; otorgarle a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR) el rango de Subprocuraduría, a efecto de que cuente con mayores recursos y eficiente.

Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que para la Organización de Estados Americanos (OEA) la situación de la prensa mexicana es particularmente preocupante y en este sentido, afirmó, el papel del Poder Legislativo es muy importante para resolver la crisis, “que no es ningún secreto” están viviendo los periodistas de este país.

Hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que apruebe, sin dilaciones, la reforma de derechos humanos. “Es muy importante darle facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pueda interpelar a los funcionarios que no cumplen sus recomendaciones. Creemos que debe ser parte de una reforma integral, que tiende a la defensa del derecho a la libertad de expresión”.

Asimismo, planteó la regulación de asuntos como la publicidad oficial, necesaria para garantizar una prensa libre e independiente. “Es importante impulsar normas que regulen las facultades estatales como la de publicidad oficial para impedir que se castigue a los medios que son críticos y premien a sus amigos”.

Otro asunto, dijo, debe ser la regulación del espectro radioeléctrico. Mencionó que para nadie es un secreto que en México existe una enorme concentración de dicho espectro y que no hay una reglamentación suficiente para darle entrada al proceso comunicativo a actores tradicionalmente excluidos de las ventajas del desarrollo.

Del mismo modo se refirió al acceso a la información, del que dijo: México ha tenido un papel de liderazgo reconocido en toda la región. “Lo que el país ha hecho en materia de acceso a la información es realmente sorprendente, es una esperanza para muchas de las organizaciones de la sociedad civil en otros países de la región, por lo que no puede retroceder”.

“Hay que fortalecer al IFAI y darle la posibilidad de que tome decisiones que no sean cuestionadas a través de procesos que duran años, porque con ello se desvirtúa el gran papel que tiene el derecho a la información en México. Hay que convocar a todos los estados para que sigan el ejemplo de la Federación”.

Por otra parte, agregó, se ha advertido que existe el problema serio sobre cifras de agresiones contra periodistas. “No hemos encontrado cifras oficiales sobre agresiones, secuestros, desapariciones o asesinatos, así como tampoco un informe sobre los procesos judiciales que se levantan por esas agresiones en los estados y en la federación.

Señaló que corresponde a la Comisión Especial convocar a las autoridades para que informen a la sociedad sobre lo que está ocurriendo en torno al tema, además de que la exhortó para que incremente su control político en la protección del ejercicio periodístico.

Concluyó que la CIDH ha impulsado un mecanismo especial e integral de protección para comunicadores basado, primero, en la prevención, que incluye: que los funcionarios nunca estigmaticen a la prensa, que puedan contestar a las preguntas y en su caso rectifique la información publicada; segundo, la protección dura para los periodistas valientes, que investigan y que salvan a una democracia frente a problemas como la macro criminalidad.

“El tercer mecanismo es una justicia integral. Si hay impunidad, el delito no tendrá ningún costo. Tiene que haber sentencias serias, suficientes y proporcionadas para quienes cometen los delitos contra la prensa”.

Frank la Rue, relator especial de la ONU, mencionó que en su reunión previa con el Jefe del Ejecutivo Federal y con el Senado de la República, reconoció la crisis de seguridad en la que está inmersa México, así como de los desafíos que un crimen organizado poderoso y fuerte le ponen al sistema de justicia y en particular a la libertad de expresión y de prensa.

En este sentido, dijo, acudimos a México, como nunca se ha hecho, dos relatorías de dos órganos distintos, en este caso la OEA y la ONU, sin embargo lo hicimos primero, por reconocer lo urgente y grave del momento, pero también, para unir esfuerzos para contribuir con este país en el plano técnico en materia de derechos humanos para salir de esta crisis de seguridad.

Calificó como excelente iniciativa la reforma constitucional para los derechos humanos y en este tenor, “animamos a que se profundice y se ratifique, con el reconocimiento de todos los convenios internacionales ratificados por México en esta materia.

Asimismo, dijo, fue un paso importante la despenalización de la difamación y la injuria a nivel federal. “Nos parece que falta actualizar la Ley de Imprenta y legislar sobre el derecho a réplica. No se puede utilizar el derecho penal como un elemento de limitación, de censura, sanción o intimidación a la libertad de expresión.

Mencionó que en el informe que entregará próximamente a la Asamblea General de la ONU y de acuerdo con el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, México está en el 5º lugar en asesinatos de informadores en el mundo. En primer lugar está Filipinas, en gran parte por la masacre de 30 periodistas en Migandanao.

México es el único país del Continente Americano con altas cifras de asesinatos y agresiones a periodistas.

En este sentido, propuso federalizar el delito y reducir el periodo de reserva de la investigación penal, así como definir una política de prevención, mapeos de riesgo, pero muy especialmente la calificación y capacitación de la fuerza pública. Son muchos los comunicadores que se quejan de amenazas, intimidaciones y atentados del crimen organizado pero también por parte de la fuerza pública.

“Creemos que tener al Ejército en las calles como parte de la fuerza pública que combate al crimen organizado debe ser una medida temporal y muy breve, porque pone en riesgo sus propias funciones, además del propio combate al crimen organizado”.

Indicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que de todos los casos de violencia contra periodistas se llega a sólo un tres a cinco por ciento a sentencias, lo cual deja un 95 por ciento de impunidad en los casos. “El tema de justicia y luchar contra la impunidad deben ser un tema de revisión”.

También consideró que el plan de prevención debería estar en una autoridad superior, no en una fiscalía especial, en la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, darle ese nivel de importancia.

Asimismo dijo, se recomienda que la prensa, como forma voluntaria y de autorregulación, defina códigos de ética, que le permitan un enfoque distinto de la humanidad, sin discriminación, racismo, sin sesgos políticos.

Coincidió en que el acceso a la información es un paso importante y un ejemplo de México, sin embargo, se requiere establecerle un carácter de ente constitucional autónomo al igual que la CNDH.

Por su parte, el diputado Jaime Flores Castañeda (PRI) en representación de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que en nuestro país, la libertad de expresión ha resultado un derecho humano constantemente vulnerado, desde la deficiencia y excesos en su marco jurídico y en su ejercicio.

En los últimos años, dijo se han incrementado los índices de agresiones a los periodistas y medios de comunicación, además de que ha se agravado la tasa de impunidad. “La CNDH tiene un registro de 505 expedientes de quejas, iniciados de enero de 2000 a julio de 2009, sin que las autoridades procuradoras de justicia, en la mayoría de los casos esclarezcan los casos”.

El diputado Juventino Castro y Castro (PRD) presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que de acuerdo con el artículo 6º de la Constitución, el Estado se encuentra obligado a garantizar la libertad de expresión, de manera que, el Poder Legislativo, al formar parte del Estado, también debe proteger esta actividad.

Lamentó el incremento de las agresiones a periodistas y en este sentido, añadió que la Comisión que preside no tiene a la fecha, ninguna iniciativa encaminada a modificar la Ley de Prensa vigente, pese a que es una legislación envejecida, ya que fue firmada por Venustiano Carranza.

El Presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral Jurado (PAN) señaló que según el informe denominado Entre la Violencia y la Indiferencia se registraron 244 agresiones a la libertad de expresión durante el 2009.

En este sentido, explicó que 160 fueron cometidas por funcionarios públicos, lo que supone un 65.57 por ciento del total; mientras que los actores vinculados al crimen organizado cometieron un 6.15 por ciento de las agresiones.

Afirmó que sí bien los grupos del crimen organizado son los presuntos responsables de una parte de los ataques, las estadísticas demuestran que el principal responsable se está concentrando en funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado.

Dijo que la insistencia en federalizar los delitos y las agresiones contra periodistas se debe a que estas están identificadas por parte de funcionarios y servidores públicos de las entidades del Estado, y la mayoría tienen que ver con las redes de complicidad local de los ministerios públicos con las mafias delincuenciales.

Por su parte, Agustín Guerrero (PRD) secretario de la Comisión Especial declaró que en nuestro país no se puede hablar de libertad de expresión porque existe un duopolio en los medios de comunicación de mayor impacto social que son las televisoras, las que controlan los contenidos de lo que se informa, además de que el gobierno federal ha fomentado y fortalecido estas acciones.
Declaró que el hecho de que el gobierno federal haya creado una Fiscalía Especial y que la Cámara de Diputados tenga una comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas, refleja la situación de excepción que se vive en todo el territorio en este tema en particular.
Subrayó que por la creación al vapor de la dependencia, existen problemas al interior de la misma como la asignación de pocos recursos, lo que dificulta que se lleven a cabo las investigaciones de los casos, además de carecer de personal capacitado y materiales de trabajo.
El diputado Andrés Massieu Fernández (PRI) destacó que las agresiones, asesinatos, secuestros y ejecuciones no han sido ajenos para la radio y la televisión porque tienen una función muy clara al cubrir el acontecer nacional y en particular al crimen organizado. “Nuestros comunicadores de estos medios informativos están siendo víctimas de las amenazas y secuestrada su línea editorial”.
Destacó que para que la radio y televisión puedan cumplir con su función social se requiere que sean medios libres e independientes y para ello necesitan de certeza y seguridad jurídicas. Los radiodifusores requieren de una legislación clara y precisa respecto de sus derechos y obligaciones.
“Son necesarios procedimientos definidos para el otorgamiento de concesiones y permisos. Actualmente existen cientos de emisoras comerciales cuya concesión está vencida y no ha sido renovada por la autoridad competente. Más bien pareciera una falta de voluntad política o un mecanismo del Ejecutivo federal para mantener el control sobre estos medios de comunicación”.
El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) destacó que la Fiscalía Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación fue creada sólo por un decreto del Ejecutivo, por lo que no existe en la ley y por tanto, tampoco tiene atribuciones o competencias.
“El problema de la fiscalía no solamente es de recursos presupuestales, sino de atribuciones legales y por ello no actúa en consecuencia. Está pepenando casos, porque la mayor parte de estos corresponden al fuero común y no al federal. Lo que tenemos que hacer son dos tareas, es darle competencia legal mediante una reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y aprobar la federalización del delito de agresiones a periodistas, reforma que está en el Senado de la República”.
El diputado Carlos Flores Rico (PRI) destacó gran parte de las agresiones no sólo a periodistas y medios de comunicación se debe a la estrategia del gobierno federal para el combate al crimen organizado, la cual ha generado 28 mil asesinatos de los que 63 corresponden a comunicadores.
Asimismo, el diputado Juan Carlos Natale López (PVEM) se manifestó por establecer garantías para la seguridad del ejercicio periodístico así como medidas para sancionar y condenar a los que cometen tales delitos, pues las estadísticas en la materia constituyen un buen punto de partida para una legislación al respecto.

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