El diputado Reyes Tamez Guerra, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, señaló que es necesario impulsar un esquema de estímulos fiscales para los investigadores nacionales, del orden de seis mil millones de pesos y que el gobierno federal apoye de manera directa al sector con tres mil millones de pesos para que las empresas mexicanas desarrollen innovación y tecnología.

En reunión de trabajo indicó que actualmente los investigadores de los centros públicos no reciben beneficios económicos por su trabajo desarrollado, por lo que se debe modificar la Ley de los Servidores Públicos en ese sentido.

Planteó desarrollar un programa de estímulos fiscales para investigadores de los centros públicos, pues de todo lo que descubren e inventan no pueden obtener ningún beneficio.
El gobierno federal tenía antes un capítulo para deducir de impuestos lo que las empresas invertían en generación de conocimiento, sin embargo, ese capítulo se cerró y se destinaron mil 500 millones de pesos para apoyarlas, dijo.

Pidió propiciar el acceso universal a todas las revistas científicas y, como país, pagar una suscripción para que cualquier investigador tenga acceso a la información de todas las especialidades, sin costo adicional, pues “para competir en la generación de conocimientos se necesita estar al día y muchos investigadores trabajan en desventaja”.

Se pronunció por fortalecer la enseñanza de las ciencias para formar de mejor manera a los niños, generar capacidades de análisis y creatividad.

Explicó que hay un proyecto de enseñanza indagatoria de la ciencia, que toma en cuenta la opinión de la Academia Mexicana de Ciencias, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, y de las Academias de Ciencias de Estados Unidos y de Francia.

“El problema es que no tiene un presupuesto regularizable; lleva varios años funcionando en más de 10 estados y requiere 200 millones de pesos para llevarse a cabo en todo el país, particularmente donde los indicadores educativos son más bajos”.

Mencionó que la mitad de esos recursos los aporta la federación, la Secretaría de Educación Pública, y la otra mitad los gobiernos estatales.

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