El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, diputado Ardelio Vargas Fosado, condenó el asesinato de 72 migrantes a manos del crimen organizado, al haberse negado a trabajar como sicarios.

Sostuvo que es un hecho condenable desde cualquier punto de vista, por lo que pidió que la investigación sea atraída por la Procuraduría General de la República para que haya una acción inmediata del gobierno federal y exigió el castigo más severo a los responsables.

“Esta muerte de 72 personas no puede quedarse como otro caso grave en la lentitud de una investigación en proceso; la mano del Estado Mexicano debe sentirse en reacción a esta acción brutal de las organizaciones criminales”.

Pidió que no sea manejado por autoridades locales, al ser un caso de una relevancia tan importante en el cual la mayoría de los asesinados provienen de Centro y Sudamérica y debe ser atendido por la máxima autoridad en la materia.

Es necesario dar con los responsables de esta barbarie, y dar respuesta a las demandas que ya han manifestado diferentes diplomáticos de los países de origen de las víctimas, afirmó.

“Nosotros nos pusimos muy dignos y protestamos por la Ley Arizona, imagínate cómo se sienten estos países; necesariamente sus ciudadanos tienen que transitar por México para llegar a la aspiración que tienen de una mejor vida y que les suceda esto”.

Enfatizó que México como país expulsor de migrantes está obligado a garantizar la seguridad de los ciudadanos de otras naciones que pasan por el país.

Resaltó que esta barbarie es un claro desafío al Estado Mexicano, por lo que consideró necesario responder con las acciones adecuadas a estos hechos reprobables.

“Esto no puede suceder en ninguna parte del mundo y menos en México, es algo espantoso que no se puede concebir en el extremo de las organizaciones criminales que han llegado a tal punto”.
Subrayó que se han rebasado todos los niveles de violencia por parte del narcotráfico, en tal grado que si no se unen a las filas de sicarios son asesinados.

“Es una guerra de exterminio entre los grupos criminales por los mercados locales; la afectación a la población civil ya es escandalosa y el Estado está obligado a darle la seguridad a la población”

También lamentó el levantamiento y asesinato del agente del ministerio público encargado de la investigación de este asesinato de 72 personas ocurrido en un rancho del estado de Tamaulipas.

Exhortó a todos los grupos parlamentarios e instancias, tanto federales como locales, a trabajar en conjunto para avanzar en la Ley de Seguridad Nacional, que dé marco jurídico para actuar a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, así como apurar las reformas a la Ley Antisecuestros y la Ley de Derechos Humanos.

“Tenemos que actuar para que hechos tan graves como estos no vuelvan a suceder; lo más grave sería que dentro de un mes nos lamentemos por hechos similares”.

Consideró necesario intensificar las políticas públicas de atención y seguridad para garantizar el desmantelamiento de la plataforma económica de los grupos criminales, además de conocer cuál ha sido el avance en la recomposición de las policías locales y municipales.

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