En el Foro “La libertad sindical en México: balance de la contratación colectiva de protección patronal”, organizado por el secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Francisco Hernández Juárez (PRD), académicos y representantes de sindicatos analizaron el comportamiento del país en torno a la libertad sindical y los efectos en la negociación colectiva.

Al dar un balance de la aplicación del convenio 87 en México, el integrante de la Campaña Internacional Contra los Contratos de Protección Patronal, Arturo Alcalde Justiniani, dijo que en México el 90 por ciento de los contratos colectivos son falsos al carecer de la firma y revisión de los empleados y, que sólo uno de cada cien trabajadores se encuentra en un sindicato real que cumple con las condiciones necesarias para estar establecidos.

Se manifestó por promover una mayor transparencia en las relaciones entre obrero y patrón, y que el gobierno no sea cómplice de los actuales modelos laborales que tratan de implementarse como outsourcing.

Aseguró que “actualmente se ha implementado el modelo de contrato de protección, que busca evitar abusos de sindicatos fantasmas o chantajistas contra empresas, los cuales están vinculados a la delincuencia organizada, en donde los empresarios se ven obligados a firmarlos para protegerse contra estos grupos”.

Carlos de Buen, integrante del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, precisó que a 90 años de la constitución de la OIT, persisten en el país condiciones de trabajo de injusticia, miseria y privaciones, situación que constituye una amenaza para la paz y armonía.

Expresó que el sector laboral de México se encuentra monopolizado por la Coparmex y la Confederación de Trabajadores de México, de ahí que sea “necesario luchar para promover el bienestar común y en particular el de los trabajadores”.

A su vez, Enrique Martínez Zárate, abogado laborista de la UNAM, mencionó que la libertad sindical es un derecho fundamental, y denunció que “México no es democrático”.

Puntualizó que hoy en día la delincuencia organizada se ha entrometido en la vida sindical y que el gobierno le da facilidades a los patrones que tienen contratos de protección perjudiciales a los trabajadores. “No se puede hacer nada para apoyar a los trabajadores en la medida en que el gobierno cambie en esas políticas”.

Del Sindicato de Telefonistas, Rubén Gaona señaló que lo que viven los trabajadores es una política antisindical, con un modelo económico orientado a enriquecer a los dueños del capital y empobrecer a la mayoría de los trabajadores.

“Estamos viendo intentos de un desmantelamiento de los sistemas de seguridad social; creemos que esta situación es muy complicada y la única manera de revertirla es a través de la organización y movilización de los propios trabajadores”.

El académico de la UAM, Manuel Fuentes Muñiz subrayó que el 60 por ciento de los trabajadores están contratados “de palabra”, son eventuales o de honorarios, por lo que los contratos de protección juegan un elemento muy grave.

Agregó que la ineficacia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje es uno de los grandes perjuicios que viven los trabajadores y las faltas en seguridad social es uno de los problemas que muchos sectores enfrentan, pues cerca del 60 por ciento de la población no cuenta con esta prestación.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (FESEBES), Arturo Zayun González, advirtió que es necesaria una reforma laboral que garantice las conquistas en los contratos laborales y defienda al obrero de la explotación laboral.

Pidió que el Estado asegure el derecho social a todos los mexicanos y garantice el acceso a empleos, tanto del sector público como privado, dejando de usar la competitividad laboral como una excusa para suprimir prestaciones y contratos colectivos.

Héctor Barba García, asesor del Sindicato de Telefonistas, resaltó que la gran mayoría de los trabajadores mexicanos no puede sindicalizarse; sólo el diez por ciento de los empleados en el sector formal lo están y de éstos la mayoría pertenecen a sindicatos ficticios.

Por el Sindicato Independiente de Trabajadores de Salud, Antonio Sánchez dijo que es necesario luchar en contra de los contratos de protección, “que nos los han impuesto desde años; debemos atizarle para que los trabajadores cuenten con elementos y se acabe con esas injusticias; que se derogue el apartado B del artículo 123 Constitucional”.

Alejandro Corona, de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros resaltó que los trabajadores de este sector se encuentran en la total desprotección, debido a que se rigen por el modelo outsourcing.

Gilberto Mendieta, del Sindicato de Banobras, resaltó que el fenómeno de outsourcing se ha presentado en la mayoría de los bancos en México, por lo que, “habrá una clara posición en contra de este modelo”.

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