• Tenemos gravísimos problemas en derechos humanos: Moreira Valdez

En el marco del foro “La Constitución de 1917: pasado, presente y futuro”, el diputado Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que la Carta Magna fue rebasada.

Añadió que la democracia está amputada, y en la actualidad “es tan sólo un sistema político, pues así lo acepta la Constitución Política desde 1824, situación que fue ratificada en la de 1836, 1857 y en la 1917”.

Castro y Castro argumentó que el comienzo de una democracia participativa se da cuando la ley fundamental incluye los plebiscitos, los referendos, la revocación de mandato o las iniciativas populares para que se expidieran leyes que beneficien al pueblo.

Detalló que para el país, la democracia representativa es tan sólo un gran acto de donación y traslación de una soberanía a los representantes. “El pueblo, a pesar de que se le dice que es el depositario del poder público no se siente jamás soberano; se considera pura y sencillamente un gobernado; todavía un súbdito; sólo una reforma constitucional podría quizás motivarlo”.

Es urgente, puntualizó que la Constitución Política reconozca expresamente a la democracia participativa y regule a la consulta popular para que el pueblo empiece a considerar que realmente es el origen de la soberanía nacional.

“La democracia verdadera debe significar que el pueblo quiera y pueda revocar el mandato (no la cesión del poder soberano) que otorgó condicionalmente. Quien nombra a un representante tiene el derecho de revocar el mandato, pero si no lo autoriza la Constitución así, se carece del marco legal que legitime el mandato que otorgó, tanto para obsequiarlo como para revocarlo”.

Recordó que para ello presentó una iniciativa de reforma constitucional al artículo 41, para que México viva la auténtica democracia y sea el primer país del mundo en tener la posibilidad de estructurarse con un cuarto poder: el popular.

A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), señaló que hoy México vive gravísimos problemas en materia de derechos humanos, ya que “somos señalados internacionalmente por lo que acontece en el país”.

Si bien, añadió, la vida, es el primero de los derechos humanos, difícilmente se garantiza para los mexicanos y para los no mexicanos que cruzan este territorio, “como el de Tamaulipas, cuando un grupo de migrantes que intentaron buscar trabajo fueron retenidos, torturados y muertos; hoy difícilmente vemos con esperanza que se castigue a los culpables y se eviten esas muertes”.

Puntualizó que el país vive serios problemas en materia de derechos humanos. “Recordemos el michoacanazo, 35 personas fueron retenidas, presentadas al escarnio público y exhibidas a la comunidad; en ese mismo sentido, el caso del Tecnológico de Monterrey o los acontecimientos en la frontera norte”.

En materia de derechos humanos, resaltó, existe una minuta en la Cámara de Diputados misma que ya se aprobó en lo general, y sólo falta por discutir algunos temas en lo particular como el de plasmar los conceptos de diferentes tipos de familia, establecer las prohibiciones del arraigo, entre ellos, el de los testigos protegidos.

Moreira Valdez añadió que la minuta plantea incluir en la Constitución Política el término de derechos humanos, para que en vez de llamarse el “de las garantías individuales” sea “de los derechos humanos y sus garantías”; fortalecer el reconocimiento de los derechos humanos inherentes al ser humano y, por lo tanto, hacer manifiesto el deber del Estado a protegerlos; hacer efectiva la aplicación de los tutelados en los tratados internacionales.

Establecer los derechos humanos como un contenido fundamental en la educación; fortalecer los organismos públicos de protección a través de la garantía al principio de autonomía, y ampliar la competencia en materia laboral, pues las comisiones de derechos humanos tienen velado entrar a temas laborales y electorales.

Añadió que con la minuta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos adquirirá un contrapeso para que le cueste a la autoridad rechazar una recomendación y tendrá la calidad de autoridad para hacer las investigaciones.

“Depende de nosotros los diputados incluir los derechos humanos en tiempos en que son difíciles para el país y estar a la altura al reclamo que hace la sociedad en momentos que son cruciales”, enfatizó.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que el problema del combate al crimen organizado no es porque el Congreso no haya hecho su chamba, pues ha aprobado reformas constitucionales que dan al Ejecutivo potestades sin precedentes para enfrentar a la delincuencia.

Dijo que éstas deberán complementarse con la reforma de amparo que estudia el Senado y la de derechos humanos que se encuentra en la Cámara de Diputados, “que modernizan el juicio de protección de garantías y actualizan un capítulo de la Constitución que no refleja los derechos humanos de segunda y tercera generación”.

“Es una transformación de fondo, llena de retos pero tampoco tenemos la opción de quedarnos como estamos; el actual sistema de justicia penal no puede ser condenado a más de lo mismo, porque lo mismo está arrojando el más alto porcentaje de impunidad que pueda existir en rangos internacionales: casi 99 por ciento”.

Añadió que 85 por ciento de las víctimas no denuncia; 92 por ciento de las audiencias en procesos penales se desarrollan sin la presencia del juez; 80 por ciento de los mexicanos cree que puede sobornar a los jueces; 60 por ciento de las órdenes de aprehensión no se cumplen y 50 por ciento de los presos no tienen sentencia condenatoria, es decir más de 90 mil reos privados de su libertad sin haber concluido los procesos en términos constitucionales y éstos representan un costo de 800 millones para el erario público, además de la vulneración de sus derechos humanos.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Silva Meza afirmó que legisladores y jueces deben fungir como facilitadores para que las autoridades asuman que los derechos humanos pueden erigirse en políticas sustentables para los próximos años.

Consideró que los textos constitucionales se deben releer a la luz de nuevos instrumentos como los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

“La formulación de políticas no puede prescindir de una visión progresiva de los derechos humanos, las autoridades encargadas de diseñar políticas deben tomar en consideración ajustes de gran calado que deberán ser materializados por el legislador o inclusive por el juez constitucional”, agregó.

Por su parte, la ministra de la SCJN, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, señaló que la base de una democracia constitucional es la tolerancia, la cual implica respeto a todas las creencias, preferencias, orientaciones sexuales y vigencia plena de los derechos de quienes son diferentes.

“Los jueces constitucionales tienen la tarea de defender la Constitución y por eso y para eso discutimos y votamos, porque el respeto a la Constitución es garantía de un mínimo de homogeneidad política”, resaltó.

Añadió que el juez constitucional debe procurar conservar la confianza en la recíproca lealtad a la Constitución de gobernantes y de gobernados a fin de garantizar que minorías y mayorías acepten las decisiones legítimas en un sano contexto de respeto, tolerancia y solidaridad. “Si falta esa confianza no hay gobierno capaz de resistir el debilitamiento cotidiano y la pérdida eficaz de su actuación”.

En tanto, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel expresó que en el Senado de la República existe la intención que la facultad de investigación en caso de violaciones graves a las garantías individuales sean trasladas a la titular de la CNDH, “porque la SCJN ha sido criticada y atacada por esta facultad”.

Abundó que efectivamente la Corte ha sido golpeada, “pero lo ha sido cuando no ha hecho bien su trabajo de difusión de las razones que la llevaron a decidir; pasar esa facultad a la CNDH hará que no vuelvan a preocuparse los políticos y la facultad no tendrá la menor importancia como no la tienen las recomendaciones del Ombudsman”.

“La facultad de la Corte es importante, por lo que sería una desgracia para el país el quitársela”, enfatizó.

Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, mencionó que, a futuro, la Constitución debe poner límites a la partidocracia, que permita a los ciudadanos participar de forma directa y sin la necesidad de estar afiliado a ningún partido político “lo cual sólo ha procurado complacer intereses sectarios, familiares y personales”.

Se necesita, precisó, la institucionalización de la democracia, para la participación ciudadana en la toma de decisiones de los asuntos públicos, entregándole instrumentos como el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato y el de las candidaturas ciudadanas.

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