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Boletín N°. 1979 El delito de feminicidio no está penalizado porque no existe en la ley: Rocío Gaytán

• Falta crear una base de datos del país sobre estos casos específicos: Incháustegui Romero

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Rocío García Gaytán, aseveró ante la Comisión Especial para los Femicidios, que lamentablemente este delito no está penalizado a nivel federal porque no existe en la ley.

Es importante saber, dijo, que el feminicidio no es sancionado a nivel federal porque no hay ninguna ley que así lo establezca; lo que existe, precisó, es una iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, sin embargo, desde hace cuatro años permanece en el Senado de la República sin aprobarse.

Es por ello, abundó la funcionaria, que a la fecha cualquier denuncia que llega a la Fiscalía Especializada para los casos de feminicidios se queda sin sanción ya que no hay forma de aplicar la ley. “No existe, incluso, en ninguna entidad federativa”.

Mencionó que en los estados existe la definición de lo que son los feminicidios, pero no hay ninguna penalización y por tanto se debe estar consciente de eso para agilizar la aprobación de la reforma.

García Gaytán refirió que al no haber ninguna ley al respecto, el término “feminicidio” se aplica con mucha ligereza, lo que provoca que no haya un enfoque exacto de lo que ello implica.
Reconoció que otro problema es la falta de una base de datos de homicidios dolosos en contra de mujeres. Hay denuncias previas, pero no tenemos datos.

“Por ello estoy solicitando a todos los procuradores y a los presidentes de los tribunales que nos informen cuántas órdenes de protección les han sido solicitadas y cuántas han sido otorgadas, porque eso es lo que puede prevenir el feminicidio”.

Denunció también que hay ocho estados del país que aún no aprueban el reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que sin éste la ley es letra muerta.
“Sí tenemos 32 leyes pero ocho estados, que son: Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, no tienen reglamento y no hay claridad, por lo tanto no se pueden girar las órdenes de protección a las mujeres”, dijo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las autoridades competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD) indicó que buscarán presionar al Senado para que cuanto antes se apruebe la minuta.

Señaló de igual forma que éste órgano legislativo ha sido insistente en la obligación de las autoridades tanto federales como estatales, de crear una base de datos respecto de los feminicidios.

“Lo que hemos venido proponiendo es que el DIF, Salud y las procuradurías, unifiquen los datos que tienen para obtener un solo registro de los feminicidios”.

Los datos que hay al respecto de las defunciones de mujeres, dijo, son sólo estadísticas judiciales y de salud, en las que se incluyen tanto los homicidios, como las muertes imprudenciales y los accidentales, de manera que no se puede identificar de forma clara los asesinatos de mujeres.

Agregó que organismos internacionales han señalado que México carece de un registro confiable en este rubro, por lo que “nuestra primera tarea debe ser este tema”.

“Otra de las resoluciones de la Corte Internacional, que es importante recordar y que debe ser aplicada por el gobierno federal y las entidades, es la creación y actualización de una página Web con la información personal de mujeres y niñas desaparecidas.

Hasta el momento, dijo, “por citar un ejemplo, Chihuahua, que fue directamente relacionada con el resolutivo de la Corte por el caso de los feminicidios y últimamente por el caso del Campo Algodonero, y que tenía que cumplir de forma inmediata, no lo ha hecho, no ha actualizado la página Web de desaparecidas”.

Un asunto más que debe cumplirse, agregó Incháustegui Romero, es la creación de un banco de datos genéticos de mujeres y niñas desaparecidas.

“Hemos visto que la trata de personas, la explotación sexual y el tráfico de migrantes, que son parte de los negocios de las organizaciones criminales, desaparecen niñas y mujeres en un lugar y aparecen en otro. No sabemos si son las mismas, lo que sí sabemos es que en el país hay lugares donde desaparecen vivas y aparecen los cuerpos en otros estados de la República, terminando sin ser identificadas”.

La diputada Caritina Sáenz Vargas (PVEM) señaló que gran parte de los casos de asesinatos de mujeres se dieron entre gente cercana a las víctimas, como familiares o vecinos, por lo que planteó una mayor promoción para prevenir la violencia.

“Sabemos que la violencia lamentablemente se genera en los hogares, debemos promover que esta no se genere en los niños”.

La diputada Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia) propuso que a través de un ejercicio de colaboración entre las entidades federativas y la Cámara de Diputados se agilice la aplicación del reglamento para los estados que aún no lo tienen.

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