El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo federal a intervenir en la solución de la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la Bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, a fin de evitar la inestabilidad social en la región.

Mediante un punto de acuerdo avalado en la sesión de hoy también exhortó al gobierno de Jalisco para que atienda las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos referentes al retiro de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, al desbloqueo de la carretera y al libre acceso a las playas.

Al presentar la propuesta, el diputado David Hernández Pérez (PRI) señaló que el pasado miércoles 4 y jueves 5 de agosto fue ejecutada una orden de desalojo dictada por el juez de Autlán, Jalisco, del predio El Divisadero de Tenacatita y de la Playa de Tenacatita, municipio de La Huerta.

Afirmó que se destruyeron con maquinaria pesada pequeños hoteles, restaurantes, tiendas. Los daños provocaron el cierre de seis hoteles, la crisis de dos cooperativas de pesca y de servicios turísticos, la destrucción de restaurantes y de fondas familiares y, sobre todo, a los habitantes del ejido de El Rebalsito.

Este desalojo significa una gran pérdida para ejidatarios, comerciantes y pequeños empresarios turísticos y restauranteros mexicanos y extranjeros y prestadores de servicio de la playa, dijo.

El punto de acuerdo solicita a la Junta de Coordinación Política integre un grupo de trabajo plural de diputados que dé seguimiento puntual al desarrollo de la solución de este conflicto e informe del estado que guarda el problema.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT) manifestó que el desalojo se realizó con el uso de violencia, prepotencia y represión. Las fuerzas de seguridad pública destruyeron espacios comerciales, cerraron 10 hoteles e impidieron el funcionamiento de una cooperativa de pescadores.

Precisó que casi 600 personas fueron desplazadas y detenidos 11 adultos y 5 menores de edad, “no solamente les cercenaron, les cancelaron sus medios de vida e inclusive a las familias les quitaron el derecho de disfrutar sus recursos naturales”.

El diputado Juan José Cuevas García (PAN) dijo que se requiere de la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de que garantice que las personas cuenten con el respaldo jurídico necesario para que las afectaciones se reduzcan.

“Lo que queremos es que se acaten las resoluciones judiciales y se respete la legalidad y el Estado de Derecho, es importante que estas resoluciones de carácter legal no vulneren los derechos humanos de las personas asentadas en dicho predio”.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston (PAN) propuso que sea la Secretaría de Gobernación quien funja como árbitro, así como la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

Fue un atropello y es donde deben intervenir de una forma puntual, “éste es un acto que no se ve en muchas partes del mundo, porque llegan en la madrugada a destruir las propiedades y quitándoles una fuente de trabajo muy importante”.

El diputado Salvador Caro Cabrera (PRI) destacó que es urgente que la Secretaría de Gobernación haga valer su posición e impere el Estado de Derecho, para que se entreguen las tierras a los campesinos y se restituyan sus derechos humanos.

“700 campesinos han sido orillados al hambre, a la carencia de instrumentos para sobrevivir, dado que se han impuesto medidas que violentan el Estado de derecho porque rebasan lo que ampara la resolución concedida a la empresa inmobiliaria” expresó.
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