Diputados de los siete grupos parlamentarios (PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Nueva Alianza y Convergencia) analizaron el IV Informe de Gobierno, en materia de políticas interior, económica, social y exterior.

Durante tres rondas de participaciones, diputados de oposición expresaron que en el tema educativo, de seguridad, salud y combate a la pobreza, ha habido pocos avances. Mencionaron que es fundamental encontrar alternativas reales de crecimiento y desarrollo para quienes viven en pobreza extrema, así como disminuir las inequidades.

En tanto, legisladores del PAN reconocieron el trabajo del titular del Ejecutivo Federal y destacaron que impulsarán un mejor presupuesto 2011, para estos sectores, primordialmente el de educación.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), afirmó que la convocatoria a la unidad que hizo el titular del Ejecutivo con motivo de su IV Informe tendrá más éxito cuando se dirija a hacer efectiva la realización del proyecto nacional, contenido en la Carta Magna y bajo los principios de la concepción constitucional de la democracia.

Señaló que los resultados del Informe están muy distantes de la realidad del país, pues no coinciden con los propósitos que las animan. “No explica el uso partidista de espacios y recursos públicos con fines político-electorales, como lo probaron el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que consideraron que la presencia del Poder Ejecutivo en los comicios fue inoportuna e innecesaria”.

La diputada María Marcela Torres Peimbert (PAN) afirmó que en materia educativa es necesario transparentar y ordenar la relación del sindicato de maestros con el Gobierno Federal, con un compromiso por la calidad educativa y alejándose de tentaciones políticas.

Manifestó el compromiso del PAN a incrementar el presupuesto para universidades públicas para incorporar a los jóvenes que actualmente no tienen un lugar en la educación media superior y superior.

Del PRD, el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera indicó que el cuarto año de gobierno será recordado como el de la violación sistemática del Estado de derecho, de la pérdida de la seguridad interior, de la incapacidad de decisión y acción de los poderes constituidos y de la cesión de la voluntad soberana.

Resaltó que en materia de seguridad pública se ha planteado un incremento de 13 mil millones de pesos extra “que realmente pueden indicar que se está consolidando un presupuesto de guerra en este país, un presupuesto que está destinado al combate al crimen organizado y no al combate de la pobreza y de la marginación social”.

Juan Carlos Natale López (PVEM) dijo que a cuatro años de gobierno no hay explicación alguna para “insistir en una guerra cruenta en donde todo mundo pierde”.

Añadió que el combate al crimen parece resultado de la simulación mediática, “porque si algo le ha funcionado a este gobierno ha sido la utilización desmedida de medios políticos y financieros, así como instrumentos que le otorga el monopolio de la fuerza pública”.

El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT) expuso que el IV Informe “está plagado de mentiras, se ufana de la política de desarrollo social, como si las casas con piso resolvieran los problemas de la pobreza, pero nada se dice de los 11 millones de pobres generados en los últimos cuatro años, ni de los millones afiliados al Seguro Popular que no tiene infraestructura hospitalaria ni de medicinas para atenderlos”.

Tampoco menciona que, aun con el aumento a la cobertura de universidades públicas, más de 100 mil estudiantes quedaron fuera de la Universidad Nacional Autónoma de México; en materia de finanzas públicas habla de la reducción de salarios, “nos están mintiendo. Está un poder, un administrador de un país mintiéndole al Congreso, y el Congreso no hace nada”.

Por Nueva Alianza, el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco afirmó que “es evidente, claro e innegable que la política social se encuentra en una profunda crisis estructural, que mina su credibilidad y cuestiona la legitimidad y eficiencia del Estado”.

Agregó que la política social no está a la altura de las necesidades del pueblo, pues cada vez más mexicanos se suman a la pobreza y se hace más honda la brecha social entre las regiones del país y se debilita la cohesión social.

A su vez, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia) manifestó que hay una estrategia fallida en materia de seguridad y que el proyecto de política integral del gobierno ha fracasado; no avanza al ritmo que la sociedad demanda.

Por el PRI, la diputada Sofía Castro Ríos señaló que la realidad del país, es que se retrocede económica y socialmente de manera estruendosa, y aseguró que para fines de este año, se contará con aproximadamente 8 millones más de pobres, de los que había al inicio de este sexenio.

Se pronunció por la creación del Fondo de Cohesión Social, para atender con recursos federalizados a municipios de alta y muy alta marginación, específicamente a dos mil 671 localidades caracterizadas como prioritarias, así como adoptar medidas a favor de la recuperación, la política social y la equidad.

Es indispensable incrementar en términos reales el gasto público y su calidad; fortalecer la acción de la banca de desarrollo y formar una comisión legislativa con fines de avanzar en materia de derechos sociales específicos para promover la creación de un sistema de salud universal, el empleo a los jóvenes, las becas educativas, el seguro de desempleo y el abatimiento a las desigualdades regionales, consideró.

Ruth Esperanza Lugo Martínez (PAN) afirmó que hoy como nunca los procesos al interior de la Administración Pública y las políticas puestas en marcha son evaluados con rigor y transparentemente medidos en términos de su viabilidad al servicio de los ciudadanos por esta Cámara y sus órganos de vigilancia.

En este año del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, precisó, es el mejor momento para “contribuir a construir el mejor país que hemos soñado, que vayamos a dar y hacer realidad una esperanza de vida mejor a nuestros jóvenes, niños, mujeres y hombres para los próximos años”.

Del PRD, el diputado Armando Ríos Piter mencionó que el tema al revisar el informe, sigue siendo el mismo. “Pareciera ser que este país no puede salir de la grave traba de discutir la seguridad pública, discutir la crisis económica y discutir el empleo”.

Hoy, indicó, a siete días de que se dé la conmemoración de los 200 años de grito de Independencia, se requiere “que los gritos que hay en los cientos de rincones del país se acaben; la gente necesita independencia económica”.

La convocatoria, abundó, es hacer una revisión profunda de la Reforma Fiscal que necesita México y una revisión del nuevo presupuesto, “porque si queremos arreglar el tema de seguridad, pasa por enderezar el del empleo, así como el problema de los tantos millones de jóvenes, hombres y mujeres que hoy no están encontrando respuestas ni en este Informe de Gobierno ni en una política pública que no lo está atendiendo con visión de país”.

El diputado Alejandro del Mazo Maza (PVEM) argumentó que el 2009 quedó marcado como el año de los subejercicios, “es por eso que el Partido Verde apoyará la iniciativa de reducir el IVA a un 15 por ciento y no permitir mayores impuestos”, además de que el subejercicio en medio ambiente a junio de 2010 es de más de 3 mil millones.

Invertir en la educación, puntualizó, es hoy más importante que nunca, ya que permitirá responder a los cambios demográfico y tecnológico que están teniendo efecto en los mercados laborales.

Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT) denunció que la política social del Ejecutivo Federal para el combate a la pobreza es insuficiente, pues 3 de cada 10 familias sólo tienen los ingresos para cubrir dos comidas al día, pero lo más inhumano es que se calcula que 23 millones de personas viven en pobreza alimentaria, de los cuales, tres millones ni siquiera aseguran un alimento al día.

Por ello, es necesario cambiar la política social y promover alternativas reales de crecimiento y desarrollo de los mexicanos que viven en pobreza extrema. Además, disminuir las inequidades en el sistema educativo; fortalecer aquellos programas de asistencia social que realmente ayuden al desarrollo humano.

Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza) expresó que es obligación del Estado garantizar seguridad, fomentar una cultura de respeto y confianza en las instituciones y en las autoridades, así como asegurar empleo, educación, vivienda y salud.

Destacó que la mejor manera de combatir la pobreza, desigualdad e inseguridad es impulsando la educación para construir una cultura de la legalidad en una sociedad más próspera y con más oportunidades para los jóvenes.

Por Convergencia, el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez aseguró que es fundamental analizar y destinar mayores recursos a la política social para que de esa manera surjan como el eje rector de las políticas sociales y no de la violencia; “combatamos, sí, y pongamos en guerra pero contra la pobreza, la inequidad, la marginación y los monopolios.

“Mostrémosle al Ejecutivo y a la sociedad que no solamente utilizando las balas y el Ejército es posible luchar contra ese cáncer social que son las adicciones en nuestro país; demostremos que la mal llamada guerra contra el crimen puede terminar con el análisis, el debate, la discusión de temas como el de la legalización de las drogas, el del fortalecimiento de los valores y principios éticos y morales”.

Felipe Amadeo Flores Espinosa (PRI) aseguró que su partido respaldará la creación de 32 policías estatales que resuelvan a las corporaciones policiacas su profesionalización, equipamiento, adiestramiento, horizonte de desarrollo personal, calidad y seguridad de vida para ellos y sus familias.

Por el PAN, el diputado Jesús Ramírez Rangel indicó que para tener más y mejores empleos se requiere de un país más competitivo. “Para lograr esto es menester que este Poder Legislativo apruebe las reformas que a México le urgen, ésas en las que llevamos más de 10 años insistiendo y la generación del no insiste, una y otra vez, en decir no”.

Mencionó que aunque ya existen propuestas para un nuevo Código de Procedimientos Penales, el esfuerzo legislativo no se puede quedar ahí; se tiene que avanzar en las leyes orgánicas de la PGR, del Poder Judicial y Seguridad Pública orientadas al nuevo rol de estos actores en el nuevo sistema., también en normas sustantivas como el Código Penal, la Ley de Amparo y la Ley de Salidas Alternas.

El diputado Rigoberto Salgado Vázquez (PRD) señaló que México padece los peores índices de desempleo, pérdida del poder adquisitivo del salario, educación deplorable, violencia creciente y discriminación, por lo que el Legislativo federal deben implementar medidas de emergencia para alcanzar niveles mínimos de bienestar a favor del pueblo de México.

Refirió que en México la muerte de mujeres por violencia es más que las causadas por la delincuencia organizada. 43 de cada 100 mujeres, de 15 años y más, han vivido la violencia emocional, económica, física, institucional o sexual, a lo largo de toda su vida.

Del PVEM, Eduardo Ledesma Romo dijo que nuestro país está obligado a replantear estrategias que le permitan recuperar el prestigio perdido en el ámbito internacional, y que le signifique una mayor capacidad de negociación en el beneficio de los intereses nacionales.

“Tan sólo de enero a julio de este año las corporaciones policiacas y Fuerzas Armadas han decomisado más de 20 mil armas; cerca del 90 por ciento de las armas que se decomisan proceden de los Estados Unidos”, afirmó.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT) comentó que se ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos: los migrantes sufren de un maltrato igual o peor del de los connacionales que han tenido que emigrar a los Estados Unidos.

Los organismos de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, han documentado el incremento de prácticas como la tortura, la desaparición forzosa, la detención arbitraria, el allanamiento de morada y el homicidio por parte de agentes del Estado, añadió.

La diputada María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza) destacó que cada vez son más los países que emiten alertas para viajar a México, y la percepción es que estamos en guerra, la cual ha alcanzado a las ciudades más seguras del país. Señal contundente de que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se ha extendido en los enclaves más ricos del país.

Las violaciones de derechos humanos perpetrados por miembros del Ejército y a manos de la policía federal, estatal y municipal, en varios estados, como detenciones arbitrarias, ejecuciones y homicidios causados por daños colaterales, siguen presentes en la realidad de nuestro país, agregó.

María Guadalupe García Almanza (Convergencia) señaló que la falta de respeto por los derechos humanos de una parte de la población, expresada en ajusticiamientos de civiles a manos de elementos de las Fuerzas Armadas y las vejaciones que padecen los inmigrantes extranjeros, crea una imagen negativa en el exterior.

“Tenemos que intensificar la cooperación con los países hermanos de América Latina y el Caribe, además de equilibrar la relación con nuestros socios comerciales de América del Norte, acrecentar la cooperación con Europa y diversificar los intercambios con países de Asia, África, Medio Oriente y Oceanía”, subrayó.

Al concluir los posicionamientos, el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín expresó que de conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General, la versión estenográfica será remitida al presidente de la República para su conocimiento.

Posteriormente, concluyó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo martes 14 de septiembre, a las 11:00 horas.

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