El diputado Alejandro Gertz Manero, presidente de la Comisión de Marina, afirmó que la actividad portuaria debe ser considerada como un asunto estratégico del Estado mexicano y manejado con sistemas de concesión abierto, pero con un proyecto de defensa del patrimonio nacional.

En reunión con el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Alejandro Chacón Domínguez, el diputado se pronunció por una Ley de Puertos que ayude al crecimiento del sector, proteja los intereses de la nación e impulse las oportunidades de inversión.

Es importante generar un sistema de licitación y establecer claramente en la ley los procesos de rendición de cuentas y transparencia de las Administraciones Portuarias Integrales (API), “sin excepciones ni artículos transitorios, lo cual redundará en beneficio de la función del sistema portuario nacional”.

Reconoció que grandes empresas transnacionales son concesionarias parciales de los puertos mexicanos, por lo que aclaró que no se trata de impedir su función ni de coartar sus derechos, sino de que rindan cuentas sobre los bienes de la nación.

Subrayó que concesionar esos bienes de la nación es una responsabilidad muy seria, por ello se deben establecer todos los candados en la legislación para que haya una rendición de cuentas”.

En su oportunidad, el diputado Carlos Martínez Martínez (PAN), secretario de la Comisión, manifestó su preocupación porque en el Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012 hay un inversión programada de 71 mil millones de pesos para puertos y el Informe de Gobierno da a conocer que entre 2007 y 2010 se han invertido 26 mil 171 millones de pesos, que representa 36.9 por ciento, "falta por ejercer, en los próximos dos años, 63.1 por ciento, casi 44 mil millones de pesos”.

El diputado Luis Antonio Martínez Armengol (PRI), secretario de la Comisión, indicó que se requiere una ley dinámica, actual, que propicie el crecimiento y desarrollo de los puertos. Resaltó la importancia de fortalecer la infraestructura para incrementar la competitividad. “Sabemos cuáles son los puertos que nos van a hacer grandes en el mundo naviero, pero no hemos volteado los ojos para ocupar la autopista marítima en cabotaje”.

De ahí la necesidad, dijo, de contar con una ley que abone a los programas del Gobierno federal y dé la seguridad de que los empleos y las inversiones en el sector se queden en el país.

En su oportunidad, el diputado César Mancillas Amador (PAN), planteó incrementar el presupuesto del sector para hacer realidad el desarrollo y crecimiento de puertos con certeza jurídica y mejores inversiones que permitan generar empleos.

Es necesario aterrizar en este periodo de sesiones el nuevo ordenamiento e impulsar un plan nacional, que permita aprovechar el potencial marítimo de México.

En la reunión celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Chacón Domínguez consideró que se debe clarificar en la Ley de Puertos lo referente a terminales de uso particular y público, pues actualmente se establece que las primeras serán para los propios fines del cesionario y deja la puerta abierta a que dé servicios a terceros con los que tiene contratos.

El funcionario abordó la situación del subsector marítimo portuario, las inversiones que se han hecho a lo largo de esta administración y lo referente a las API.

Informó que para 2010 serán seis mil 500 millones de pesos de inversión pública y con la participación privada será de poco más de nueve mil millones de pesos.

Aunque en 2009 hubo una caída en el transporte de pasajeros, por la influenza, la crisis económica y la percepción de inseguridad, entre enero y julio de 2010 la recuperación es de 38 por ciento respecto de los mismos meses de 2009, añadió.

Señaló que los puertos de Altamira, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo concentran el 80 por ciento del comercio exterior de México y 67 por ciento de los ingresos de las API federales; además ejercen 60 por ciento de los egresos, reciben 33 por ciento de las transferencias fiscales y 70 por ciento de sus ingresos se destinan a inversión para infraestructura.

Añadió que actualmente hay 16 APIS sectorizadas, 6 en gobiernos estatales, dos de Fonatur y una privada en Acapulco, cuyo objetivo es desarrollar más infraestructura con la concurrencia de iniciativa privada.

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