Diputadas de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, integrantes de la Comisión Especial para la Familia, suscribieron una declaratoria para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011 se etiqueten recursos destinados específicamente a generar políticas públicas en beneficio de las familias.

Al respecto, la presidenta de este órgano legislativo, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI), dijo que el objetivo principal es beneficiar a las familias sin distinción de raza, color, apariencia, religión, sexo, edad, estado civil, salud, origen étnico, ideas políticas o preferencias sexuales.

Durante el Encuentro Nacional Legislativo: Hacía la Armonización Legislativa en Derecho Familiar, la diputada externó que la información de éste será de gran valor en la discusión, análisis y aprobación que origine una ley familiar federal.

Puntualizó que “atendiendo las realidades respecto de las familias mexicanas, más allá de las ideologías políticas, personales o de grupo, buscaremos que prevalezca el interés superior de la niñez, así como el hacer valer los derechos humanos, deberes y obligaciones de las personas en su entorno familiar, garantizando la inclusión de la familia en la agenda nacional”.

Señaló que se requiere políticas públicas que protejan a los integrantes de la familia. “El tema del derecho familiar se ha dejado de lado; es momento de iniciar el trabajo en la organización principal de la sociedad, que son las familias mexicanas”.

Las políticas públicas del país no reflejan a las familias mexicanas, solamente se etiquetan a un sistema que tiene muy poco recurso para el trabajo asistencial que realizan, enfatizó.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina (PAN) subrayó que el origen de la crisis que vive el país está en la familia porque ésta no ha cumplido con su cometido fundamental.

Dijo que lejos de promoverse una legislación que garantice armonización, mayor respaldo, fortalecimiento y protección de la familia, a veces se debilita su estructura, lo que permite una banalización que atenta a la dignidad, vida, y derechos.

“El resultado es una juventud desorientada y permisiva, víctima de la promiscuidad sexual, un incremento importante en el número de embarazos de adolescentes y el contagio de enfermedades de prevención sexual. Una juventud presa del consumo de drogas, del alcohol, de la pornografía y carne de cañón para la violencia y la muerte”, enfatizó.

El Estado y nosotros como legisladores debemos asumir una postura valiente y férrea en defensa de la familia, de sus valores fundamentales, así como de los derechos humanos, dijo.

Por su parte, la diputada Enoé Urganga Muñoz (PRD) mencionó que en México 4 de cada 10 hogares viven violencia doméstica y las niñas y niños son abusados física y sexualmente, principalmente por un familiar inmediato.

Consideró que las familias son un asunto en plural y a esa pluralidad de familias el Estado tiene la responsabilidad de generarles políticas públicas y leyes que le den protección.

“La solidez de una familia no tiene que ver con la forma en la que está compuesta. Las mejores razones para ser familia son el amor, el compromiso de ayuda mutua, la solidaridad, la voluntad de permanencia de sus integrantes”.

La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, Cecilia Landerreche Gómez Morín, indicó que “hay estados que todavía consideran que el maltrato infantil sólo se considera como tal cuando la lesión al niño tarda entre 10 y 15 días en sanar; eso es inadmisible y hay que tratar cambiarlo”.

Es importante, añadió, que el Poder Legislativo armonice el marco jurídico a nivel federal, que dé los lineamientos fundamentales para dar principios básicos de los derechos humanos.

“Es fundamental que la familia sea el punto básico de las políticas públicas en materia de los derechos de las personas, porque ahí es donde se aprenden las actitudes que se van a llevar durante el resto de la vida”, puntualizó.

En tanto, la Coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,Victoria Adato Green, informó que este organismo tiene preparado un proyecto de reforma Constitucional a efecto de que en el Artículo Cuarto se consagre el derecho a la identidad a través del registro correspondiente de forma gratuita.

Es preocupante, dijo, que en toda la República hay tarifas de cobro de registro, desde 20 pesos hasta 300, y hay gente indígena que no tiene para pagarlo.

Por otra parte, mencionó que no existen recursos para crear los albergues que señala la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que planteó que se establezca que el juez ordene al agresor que se mantenga a distancia de sus víctimas en las 48 horas siguientes y si rompe el mandato se le sancione económicamente.

Por su parte, Itza Castañeda Camey, asesora principal en género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, subrayó que es crucial modificar nuevas formas de conciliación dentro de los grupos familiares, entender que se han diversificado las familias tanto en su composición como en su funcionamiento.

El representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Javier Hernández Valencia, consideró que lo más importante en la protección de los derechos de las familias es que madre e hijo se acompañen de sistemas de protección social, salud, la igualdad, no discriminación y protección.

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