La Comisión de Comunicaciones, que preside el diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, acordó analizar el decreto del Ejecutivo para concretar la transición a la Televisión digital, a fin de tener elementos que permitan tomar las decisiones respectivas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

El diputado señaló que es necesario revisar en el proyecto del PEF 2011 el componente de carácter presupuestal que se está considerando porque se debe omitir la opinión respecto del otorgamiento de este subsidio.

Enfatizó que el tema que tiene diferentes aristas, económicas, de carácter técnico, de orden administrativo, jurídico, político y presupuestal en la aprobación de recursos para el subsidio de la adquisición de los decodificadores.

El diputado Francisco Hernández Juárez (PRD) señaló que México está muy atrasado en relación al desarrollo de sus sistemas de comunicaciones.

Digitalizar el espectro amplía la posibilidad de participación de otros actores, el acceso digital tiene que ser una de las metas fundamentales del país para cerrar la brecha que nos separa de los países desarrollados”, enfatizó.

El diputado Eric Luis Rubio Barthell (PRI) comentó que es muy extraño que quieran adelantar esto para el próximo año y “sólo lo pueden hacer en la primera región porque en la demás ni siquiera hay el espejo, esto significaría que a partir de principios del próximo año se pueda estar repartiendo televisores a todos los hogares de la primera zona”.

“No se avanza mucho con este decreto; necesitamos discutirlo en esta Comisión”, añadió.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM), presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, precisó que es esta medida traerá grandes beneficios a la población en materia de competencia en sector de telecomunicaciones.

“Pero me preocupa que el gobierno se esté lanzando a una aventura que parte de la ausencia de un diagnóstico, porque no tiene claro qué cantidad de recursos se van a requerir para apoyar a los hogares que evidentemente no están preparados para recibir la señal digital”, agregó.

Mencionó que de acuerdo con una encuesta del INEGI en México solamente el 3.6 millones de hogares estaban preparados para recibir esta señal “y si tomamos en cuenta que en México hay 27 millones de hogares con televisión, quedan cerca de 24 millones sin estar listos para la televisión digital. Si esa cantidad se multiplica por el apoyo de 60 dólares que dio a conocer el presidente de la Cofetel da una cifra, en puro apoyos, de 18 mil millones de pesos, que hay que sumarlo al costo administrativo del programa”.

Aclaró que se deben destinar recursos a esta materia, pero por estar mal planeada se va a requerir una mayor cantidad de la que realmente debía destinar el gobierno.

En tanto, la diputada Adriana Sarur Torre (PVEM) consideró que es un plan costoso, ya que no se han implementado medidas por parte de la Secretaría de Economía para que se dejen de importar televisiones analógicas y se siguen vendiendo en el mercado.

Afirmó que es un cambio que debe darse en el país porque trae beneficios para el consumidor, “pero debe ser progresivo, no tan apresurada porque es una inversión muy fuerte”.

En reunión de trabajo, la Comisión aprobó un dictamen con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a que implemente acciones que permitan evitar la publicidad engañosa y cobros indebidos por servicios de telefonía tanto celular como fija.

El punto exhorta a la Profeco para que realice una investigación respecto de la posible práctica de algunas empresas de cobrar por dar al número telefónico la calidad de número privado.

Otro dictamen con punto de acuerdo solicita al Ejecutivo que instruya a las Secretarías de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes para que se proporcione acceso gratuito a Internet en las plazas públicas del país.

También se aprobó un dictamen a la minuta que reforma el tercer párrafo del artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal a fin de permitir que las prórrogas en carreteras se puedan realizar en cualquier momento, cuando exista la necesidad de inversiones adicionales u otras causas demostradas y después de haberse seguido el procedimiento de justificación técnica ante la SCT y de planeación presupuestaria y el análisis costo-beneficio coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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