La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, presidenta de la Comisión Especial en relación a los feminicidios, señaló que según datos en torno a la violencia de género, Jalisco se encuentra por encima del promedio nacional, “el promedio nacional está alrededor del 67 por ciento y en esa entidad la violencia contra las mujeres es del 78 por ciento”.

En reunión de trabajo con Tomás Coronado Olmos, procurador de Justicia de Jalisco, la legisladora manifestó que por cada cien mil mujeres, cinco mil padecen violencia en ese estado.

Dijo que las mujeres con mayor victimización son estudiantes y mujeres solteras, “quisiera un compromiso muy serio en términos de programas y acciones concretas para poder darle seguimiento y detenerlo”.

“Estamos hablando de una violencia fuerte, considerable, que está en los hogares y también se da en la calle, porque los niveles de violencia son muy altos en Jalisco”.

Caritina Saénz Vargas (PVEM) dijo que se debe crear un enlace entre la procuraduría y la Comisión a fin de dar seguimiento a las acciones emprendidas y a los homicidios que han ocurrido.

Cuestionó si los procuradores que tienen ese tipo de problemática en los estados se han reunido para tratar el tema y unificar criterios.

En ese sentido, pidió una explicación de la forma en la que se coordina Jalisco con la PGR en cuanto a las bases de datos, para analizar sobre todo el tipo de coordinación que existe con el ámbito Federal y con los estados colindantes.

Preguntó si existe algún programa específico de apoyo a los familiares de las víctimas, así como albergues para la atención de las mujeres.

La diputada Sofía Castro Ríos (PRI) manifestó que las procuradurías deben contar con sus propios instrumentos de comunicación, a efecto de darle transparencia y revisar la justicia expedita a la que todos los órganos de impartición de justicia están obligados por mandato de ley.

Dijo que se debe hacer una evaluación de una década los delitos culposos y dolosos para llegar a concretar el delito de feminicidio como de muerte violenta de las mujeres. “No le satisface a esta Comisión el hecho de tener una página web muy distante en la procuraduría, en razón de que el feminicidio y el homicidio está catalogado como delito del fuero común”.

El procurador Coronado Olmos, señaló que 187 mujeres están desaparecidas en todo el estado y el rango de edad que prevalece es de 10 a 17 años.

Agregó que 106 son estudiantes; 49 amas de casa; 12 desempleadas; 8 vigilantes; 3 empleadas y de una se ignora. Mientras que su estado civil es de 171 solteras; 12 casadas; 2 en unión libre; 1 viuda y 1 divorciada.

En lo que va del año van 26 víctimas de homicidio, los municipios en donde más se dio fue en Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Tepatitlán, Casimiro Castillo y Puerto Vallarta, dijo.

Existen 26 averiguaciones previas iniciadas en 2010, de las cuales el 42 ciento son de Guadalajara, Zapopan 8; Tlaquepaque 5; y en Tonalá 2 por ciento. El rango de edades más elevado es de 18 a 30 años, añadió.

Refirió que su estado está en el número 16 de incidencia y violencia en México. Mencionó que antes en Jalisco se tenía que esperar 72 horas para iniciar lo esencial de una desaparición y ahora es en lo inmediato, en cuanto llega una familia reportando una persona desaparecida.

“Yo he hecho hincapié en que cualquier llamado de un ciudadano, independientemente de la forma en que lo haga, tenemos que atenderlo, porque a veces un llamado de auxilio y una oportuna participación puede salvar muchas cosas”, enfatizó.

Mostró su disposición para estar en comunicación constante y sumarse a los acuerdos para resolver el problema.

En su oportunidad, el coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez afirmó que no hay una sola entidad federativa en el país ni uno solo municipios exento de la violencia contra las mujeres.

Dijo que la sentencia en el caso “Campo Algodonero”, pone a prueba al Estado mexicano para implementar compromisos internacionales, como CEDAW y Belem Do Para, pero también abre una oportunidad para hacer los reajustes al sistema de procuración y administración de justicia del país, “que no siempre ha estado del lado de las mujeres.

“Ha habido un menosprecio a los derechos humanos de las mujeres y a su dignidad, siempre soslayando que es muy grave que se les golpee, pero se requieren muchos golpes para que se configure como delito; o también el traslape de las políticas que hay entre las políticas asistencialistas con las políticas de justicia social para atender este fenómeno”.

Manifestó su preocupación por cómo se aborda desde las instituciones del DIF, “porque no es un problema de asistencialismo, de despensas o de cursos, es un problema de justicia social y es relevante poner en ese centro la discusión”.

Cuestionó al procurador si la tipificación del delito de feminicidio a resolvería un problema de categorización de este tipo de homicidios y si contribuiría a superar los obstáculos de acceso a la justicia en los casos de homicidios de mujeres.

Al responder, el procurador de Jalisco señaló que la clasificación del feminicidio debe ser muy clara y resolver el concepto, tenerlo muy claro para determinar en qué casos, ejemplificó, se habla de ejecuciones, y en cuáles casos son feminicidios; por la forma en que se dan los homicidios violentos, dijo, debemos marcar una estrategia y obtener una clasificación.

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