Con el objetivo de que los agentes especializados de la Secretaría de Seguridad Pública y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se infiltren a los grupos del crimen organizado, el diputado Jorge Kahwagi Macari (Nueva Alianza) planteó reformar el artículo 11 Bis y crear los artículos 11 Ter y 11 Quater de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para conceder esta facultad.

El diputado consideró que la infiltración de agentes de inteligencia en grupos del crimen organizado es uno de los procedimientos de obtención encubierta de información más complejos y arriesgados, pero que a la vez resulta ser la forma más efectiva de conocer a las organizaciones desde adentro y lograr influir en su toma de decisiones.

La infiltración, precisó, ofrece a las instancias de seguridad dos elementos de vital importancia en cuestiones de inteligencia: influencia sobre el grupo o los individuos de la organización y la posibilidad de aventajar operativamente los movimientos de la organización.

“Es por ello que resulta relevante facultar a la Secretaría de Seguridad Pública así como al Centro de Investigación y Seguridad Nacional para infiltrar a los grupos del crimen organizado en aras de fortalecer el combate al crimen organizado”, puntualizó.

Garantizar la eficiencia del sistema de pagos

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se envió la propuesta del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (Nueva Alianza) para reformar el artículo primero de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

La iniciativa plantea adicionar un segundo párrafo a dicho artículo a fin de establecer que para garantizar la eficiencia del sistema de pagos en forma general, se deberá favorecer la transferencia en tiempo real y una rápida liquidación en firme con la intención de liberar los recursos en forma inmediata y oportuna, ofreciendo con ello medios de pago que sean prácticos para sus usuarios y eficientes para la economía.

El documento menciona que existen algunas instituciones financieras, en específico bancos, que establecen controles internos en el seguimiento aleatorio de transferencias electrónicas, sin importar el monto, y esto implica la no liberación de los recursos en forma inmediata y oportuna, generando retraso en la transferencia electrónica de varias horas, en contra del beneficio que implica el efectuar transferencias en tiempo real y una rápida liquidación en firme.

Reforzar seguimiento al gasto público

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (Nueva Alianza) presentó una iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para reforzar el seguimiento de gasto público, involucrando cada vez más a las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados en la evaluación del mismo.

Se plantea que los ejecutores de gasto comparezcan ante las comisiones respectivas en el mes de agosto de cada ejercicio, informando el seguimiento al gasto, ante los diputados expertos en cada una de estas áreas y así se inicie un círculo virtuoso que mejora la calidad del gasto a través de una evaluación más detallada y continúa sobre el mismo. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Desarrollo rural

A la Comisión de Desarrollo Rural se turnó la propuesta del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (PT) que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Explicó que la iniciativa propone emprender políticas públicas que satisfagan el autoconsumo, la producción y la comercialización en regiones preponderantemente dedicadas a las actividades ganaderas, previendo la obtención de los mejores resultados a favor de las familias más vulnerables de dicho sector.

Con lo anterior, dijo, respaldamos las actividades ganaderas en los principales estados productores que son Jalisco y Veracruz, que generan conjuntamente poco más del treinta por ciento de la producción nacional, siguiéndolos en importancia los estados de Chiapas y Chihuahua.

Delito de imputación dolosa

El diputado Juventino Víctor Castro y Castro (PRD) planteó adicionar un artículo 344 al Código Penal Federal para imponer pena privativa de la libertad de seis meses a un año a quien cometa el delito de imputación dolosa, que consiste en afirmar, careciendo de pruebas, que otra persona ha cometido un acto ilícito incomprobado con la finalidad de desacreditarlo.

El documento señala que es necesario buscar el equilibrio entre la libertad de expresión y el abuso a tal derecho. “En cada Estado se ve atacado el orden público por los factores reales de poder y el exceso a la libertad de expresión y es un deber contrarrestarlos a fin de mantener el correcto cumplimiento del orden público y la paz social”. Se turnó a la Comisión de Justicia.

-- ooOoo --