El Pleno de la Cámara de Diputados pidió a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, agilice la entrega de recursos que permitan solucionar la difícil situación que se presenta en los estados de Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Tabasco, Coahuila, Tamaulipas y otros municipios afectados de Campeche y Querétaro por los desastres naturales recientemente ocurridos.

A través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política solicitó al Ejecutivo federal, gire las instrucciones necesarias con el fin de establecer un programa de emergencia para el restablecimiento provisional de almacenes, viviendas, centros económicos, culturales y educacionales, así como la asistencia sanitaria médica, veterinaria y fitosanitaria.

Cree un fondo de reconstrucción y recuperación económica con recursos extraordinarios, de acuerdo al artículo 32 de la Ley General de Protección Civil para fortalecer las capacidades económicas locales en la reconstrucción de la vida civil en las zonas siniestradas.

Establezca un programa urgente de reacondicionamiento de puentes, caminos rurales, carreteras alimentadoras y carreteras federales; decrete una condonación de Impuestos Sobre la Renta para personas físicas y morales y el Impuesto Especial a Tasa Única (IETU) durante el último cuatrimestre del año, a todos los contribuyentes establecidos o que se establezcan en las zonas declaradas de emergencia para ayudar a la recuperación económica y del empleo.

Fije un subsidio especial equivalente al 50 por ciento del consumo eléctrico de los usuarios de las zonas de desastre por los meses restantes de 2010; cree programas especiales de crédito y microcrédito a tasa cero, de fácil acceso a través de la Banca de Desarrollo para los productores rurales y las pequeñas y medianas empresas de las zonas siniestradas.

En los posicionamientos, el diputado Antonio Benítez Lucho (PRI) dijo que en Veracruz las afectaciones son muy graves en muchos municipios, entre los que se contabilizan daños a 340 mil viviendas, más de 200 puentes, 980 escuelas, 80 hospitales, así como la infraestructura en comunicaciones. “Éste es el mayor desastre al que se ha enfrentado la entidad y requiere por ello medidas extraordinarias”.

Añadió que un promedio de 100 mil personas fueron evacuadas de sus viviendas vía aérea, lancha y vehículos pesados. De éstas, 40 mil de la zona metropolitana Veracruz-Boca del Río-Medellín, que permanecen en 30 albergues, incluyendo el albergue del World Trade Center de Boca del Río, donde se instaló una cocina móvil para proporcionar alimentación a los evacuados de ese lugar.

La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos (PAN) manifestó su solidaridad con quienes han sufrido los graves efectos de fenómenos naturales registrados en las últimas semanas. Expresó la voluntad política, el acceso de la ciudadanía a lo que hoy no es sólo una necesidad, sino su derecho: un Fonden para todos los ciudadanos.

“Estamos en la mejor disposición de construir una agenda legislativa que ayude y coadyuve a sacar adelante la Ley de Cambio Climático, que ya está en el Senado”, abundó.

El diputado José Narro Céspedes (PRD) mencionó que en México no existe una cultura de protección civil, por lo que pidió que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, se destine el uno por ciento para atender los problemas de protección civil, y que se constituya una comisión ordinaria en la materia.

Subrayó que es lamentable que mientras existen graves problemas, haya subejercicios y se tenga un presupuesto ridículo para protección civil. Además, que no se cuenten con instrumentos de mediano plazo para resolver los graves problemas que ante el calentamiento global cada vez son más frecuentes, como los desastres naturales.

Del PVEM, la diputada Adriana Sarur Torre expresó que es importante agilizar los recursos del Fonden en Veracruz, porque con la situación actual se corre el riesgo de que aumente el número de damnificados ante la insuficiencia de los recursos para reactivar la región.

Refirió que hace 60 años, la sobrevivencia de los fenómenos hidrometeorológicos se veía lejana, pero hoy, con la persistencia del calentamiento global, el incremento de las emergencias se ve multiplicado.

El diputado José Gerardo Fernández Noroña (PT) expresó que dado que la mitad del país está inundado y que es muy grave la situación, “en vez de exhorto esta soberanía debe exigir al gobierno la liberación de los recursos correspondientes para apoyar a los pueblos de las entidades”.

Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT) resaltó que es cierto que como ciudadanos se tiene que mostrar la solidaridad, pero es una obligación ineludible del Gobierno federal atender este desastre con prontitud.

Por Convergencia, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía indicó que la opacidad con que se manejan los recursos del Fondo de Desastres Naturales, los subejercicios y el incremento del gasto corriente dan cuenta de la falta de sensibilidad y visión de las autoridades locales y federales para priorizar las obras que atiendan esta problemática.

Devuelven acuerdo

Se devolvió a la Jucopo para su análisis, el acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) exima del pago de las facturaciones resultantes del consumo de energía eléctrica a los usuarios afectados por las recientes inundaciones, dentro del periodo comprendido del 25 de agosto al 31 de diciembre de 2010.

Así como a los consumos de los equipos pluviales del gobierno de todos los estados afectados, particularmente en los municipios declarados zonas de desastre, y los que resulten afectados como mínimo hasta finales de diciembre de este año, durante el mismo periodo de tiempo.

Lo anterior, toda vez que los diputados Laura Itzel Castillo Juárez (PT) y Gerardo Del Mazo Morales (Nueva Alianza) propusieron que el gobierno federal a través de CFE y Conagua informen el estado en que se encuentra el Sistema Hídrico Nacional, y que a la brevedad se publiquen las bases o reglas de operación para acceder a este beneficio.

Toma de protestas

Posteriormente, las ciudadanas Aranzazú Quintana Padilla (PAN-Distrito 1 de Guanajuato) y María de Jesús Mendoza Sánchez (PAN-Tercera Circunscripción), rindieron protesta de ley como diputadas federales de la LXI Legislatura, en sustitución de los legisladores fallecidos Juan Huerta Montero y Guillermo José Zavaleta Rojas.

Sociedades cooperativas

El diputado José Manuel Agüero Tovar (PRI) propuso reformas a la Ley del Seguro Social, con el objeto de restablecer las condiciones de apoyo a las sociedades cooperativas restituyendo el régimen bipartita contemplado en la Ley del Seguro Social de 1973.

De modo tal que las cooperativas aporten 50 por ciento de las cuotas y el Estado el restante del total de las primas de las cuotas de seguridad social relativas a enfermedades, maternidad, invalidez, vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Indicó que la nueva Ley del Seguro Social obliga a las cooperativas a cumplir con la inscripción y pago de las cuotas obrero-patronales de sus integrantes sin importar a qué actividad se dediquen, por lo que la ley debe reconocer que la figura del socio cooperativista es distinta a la figura del obrero o trabajador de una empresa de capital privado. Se mandó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y la de Seguridad Social.

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