La Comisión de Justicia, que preside el diputado Humberto Benítez Treviño, aprobó por unanimidad el dictamen a la minuta que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

El legislador explicó que la Ley establece tipos penales y sanciones que van de 20 a 40 años en el secuestro normal; de 25 a 45 años en el secuestro exprés; de 25 a 55 cuando haya intervención de familiares o cuando se allana el domicilio; se ejerza violencia; se mutila al secuestrado y cuando participan servidores públicos de todas las corporaciones policíacas o encargadas de procurar y administrar justicia.

La ley también contempla que la pena de 20 a 40 años se incrementará cuando hay mutilación y pérdida de la vida del secuestrado con 40 a 70 años, dijo.

Precisó que también establece la obligación para el Ministerio Público de actuar de oficio, a los servidores públicos de las áreas de procuración de justicia a denunciar el secuestro “que es uno de los graves problemas porque en la estadística que tenemos de cada 4 secuestros que se realizan solamente se denuncia uno”.

Se establece un fondo para la reparación del daño y para el apoyo a las víctimas del delito, se implanta la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos penales cuando las entidades federativas no hayan legislado en la materia, añadió.

La Ley constituye la obligación de los jueces para cuando emitan sentencia condenatoria invariablemente tienen que condenar al pago de la reparación del daño.

También establece un plazo de 180 días para conformar el fondo para la atención y para la prevención, sanción, persecución y castigo de los secuestradores.

Se distingue entre lo que es la víctima y el ofendido; la víctima es la persona secuestrada; el ofendido son sus parientes hasta el cuarto grado por consaguinidad, segundo por afinidad o sus dependientes económicos.

Benítez Treviño consideró que esta Ley es un parteaguas en el combate para este delito “que tiene irritada, enojada a la población por la impunidad en que vivimos, por la falta de acción de las autoridades encargadas de perseguirlo y la falta de decisión de las autoridades judiciales”.

Mencionó que el año 2005 se cometieron 325 secuestros, y “de enero a junio del año 2010 llevamos 674, si nosotros extrapolamos esta cantidad a fin de año llegaremos a mil 248 secuestros, es decir que se han incrementado en 5 años 400 por ciento el delito de secuestro. Cada año hay un incremento del 23 por ciento”.

“Vivimos un momento muy delicado de crisis en materia de justicia, de una impunidad que agravia, que enoja a la sociedad mexicana y que tenemos que combatir todos. Por lo que será un gran paso en la lucha contra el secuestro y la impunidad en el país”, puntualizó.

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