En su comparecencia ante la Comisión de Gobernación con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, diputados de oposición criticaron a Blake Mora, titular de la Segob, la política interna en la presente administración, y demandaron una nueva estrategia para afrontar al crimen organizado, además de exigir el respeto al Estado laico.

Los legisladores abordaron de igual forma los temas en torno al asesinato de periodistas, la política migratoria y los derechos humanos, entre otros.

Por su parte los diputados de Acción Nacional propusieron buscar nuevas fórmulas de gobernabilidad que aseguren tanto la representación plural como las condiciones de eficacia y pertinencia para tomar decisiones fundamentales.

Asimismo, manifestaron el apoyo de su partido al Ejecutivo Federal, para erradicar los grandes problemas y dotar al gobierno federal de las mejores herramientas para cumplir con su cometido.

Posicionamientos

PRI

La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas señaló que en el Gobierno federal más allá de llamados a la unidad se observan monólogos interminables, “en el que se descalifica toda idea o propuesta que no sea idéntica a la propia visión de las cosas, en una actitud autoritaria e intolerante que no tiene cabida en la pluralidad y en la consecución de un Estado democrático de derecho”.

Indicó que la Segob tiene las facultades más extensas para conducir la política interior, preservar la gobernabilidad democrática y el respeto a los derechos humanos, sin embargo, “parece que se ha escogido privilegiar el ejercicio de las facultades de la seguridad descuidando otras que resultan importantes y que tomadas en su conjunto explican porque el país lejos de avanzar, retrocede en todos los ámbitos de gobernabilidad, desarrollo y calidad de vida”.

Preocupa y agravia, denunció, que la asignación de recursos del Fonden cuando se presentan desastres naturales sea tardada, tortuosa y farragosa; es muy grave esa lentitud en la determinación de zonas de desastre y el regateo de los recursos, toda vez, que un tercio del país está afectado por desastres naturales de enorme proporción.

“El PRI dice sí a la reforma política que modernice la organización y el funcionamiento del Estado para hacerlo eficaz. Pero dice un no categórico a la reforma que busque fortalecer al Ejecutivo debilitando al Legislativo”.

Preguntó ¿cuáles son las medidas que la Secretaría adoptará para evitar la intromisión del Presidente en los procesos electorales? ¿Estaría dispuesto a firmar un pacto de neutralidad política del Gobierno Federal para la realización de elecciones tranquilas y en el marco de la Ley?

“Si queremos renovar la cultura política se debe predicar con el ejemplo, abrazando la democracia y sus valores intrínsecos: la responsabilidad, la tolerancia, el diálogo y la rendición de cuentas”.

PAN

El diputado Gregorio Hurtado Leija mencionó que mantener la gobernabilidad en el país, exige a todos los actores políticos y sociales buscar los mejores mecanismos de entendimiento y evitar cualquier amenaza por parte de aquellos grupos que buscan la desestabilización de las instituciones que anteponen sus intereses a los de la nación.

La gobernabilidad, expresó, debe representar por sí misma un pacto en el que participan tanto gobernantes como gobernados, por lo que se deben construir nuevas fórmulas de gobernabilidad que aseguren tanto la representación plural como las condiciones de eficacia y pertinencia para tomar decisiones fundamentales.

Manifestó el apoyo de su partido al Ejecutivo Federal para erradicar los grandes problemas y dotar al gobierno federal de las mejores herramientas para cumplir con su cometido.
“Es de vital importancia impulsar una agenda de reformas para poder hacer realidad el proyecto de modernización y transformación del país; la reforma a las instituciones que nos permitan dejar atrás los rezagos y alcanzar el ideal de construir el México del siglo XXI, por ello se ha hecho propia la propuesta del titular del Ejecutivo Federal”.

Como sociedad y gobierno, abundó, no se ha tenido la capacidad suficiente para abatir a cabalidad los problemas serios como la pobreza, las dificultades económicas y de certeza en la construcción de un futuro promisorio, la migración que han derivado en un caldo de cultivo para la delincuencia organizada, el narcotráfico y el crimen en sus variadas expresiones.
“Hoy México enfrenta una lucha intensa por devolver la paz pública aquellas regiones del país que han sido asaltadas por grupos y personas que vulneran el orden social; luchamos por un Estado que no se someta a la voluntad y el poder de los grupos criminales y por un país en el que las instituciones mantengan solidas; ni una muerte más de un servidor público, un candidato a un cargo de elección popular, un periodista o de ninguna otra persona”.

PRD

Ilich Augusto Lozano Herrera denunció que la verdadera estrategia que hay para afrontar el crimen organizado es la violación flagrante de derechos humanos, de las garantías individuales, ya que el ciudadano sufre y teme por su seguridad, no tan sólo por lo que hacen los delincuentes sino las propias autoridades federales.

“Pareciera que estamos en una lucha inacabable contra el crimen organizado y que este Gobierno federal no entienda que la estrategia es errónea; que si nosotros no invertimos más en la educación, los jóvenes y mujeres del país no vamos a cambiar nuestra situación y nos vamos a convertir en la Colombia del 2000”.

En otro tema, expresó que tal parece que los periodistas no pueden hacer su trabajo de manera libre. Cuestionó, cuántos asesinatos, cuántas respuestas hay de parte de este Gobierno federal de los hechos ocurridos en los últimos meses y años, y qué está haciendo la dependencia para garantizar la libertad de prensa, pues algunos estudios nos comparan con países que están en guerras civiles.

En protección civil, subrayó que el área ha claudicado en su responsabilidad, sobre todo, cuando en los últimos años se han recibido diversos problemas por los desastres naturales y no se ha hecho ninguna estrategia para garantizar el desfogue adecuado de presas. “No hay una verdadera estrategia, ni forma de afrontar este tipo de situaciones, por eso, el PRD impulsará la creación de una Secretaría de Protección Civil”.

Indicó que un tema que ha generado reacciones de molestias es el asunto de la falta de respeto al Estado Laico, “pareciera que en este país el clero católico puede hablar y denostar a cualquier institución pública que exista; no vamos a omitir la actuación de la Segob en estos hechos, ¿qué sanciones se aplicarán a la iglesia católica derivado de los últimos hechos acontecidos?”.

PVEM

La diputada Lorena Corona Valdés indicó que la estrategia del empleo de las fuerzas armadas en contra de la delincuencia organizada, ha resultado contraproducente para la imagen del Ejército, “antes gozaba de un alto margen de credibilidad lo cual hace necesario un replanteamiento desde una óptica integral realista y plural. Su participación debe ser temporal y no considerarse como la solución del problema”.

“Nos preocupa el hecho de que las autoridades que participan en estas tareas sean frecuentemente acusadas de violar los derechos humanos de la población”, añadió.

Cuestionó por qué no se muestra firmemente alguna estrategia contra la violación de derechos humanos perpetrados contra grupos especialmente vulnerables. Qué sucede con las políticas migratorias especialmente en casos controvertidos que han superado las barreras nacionales.

“Resulta inadmisible que nuestro país luche por el respeto de los derechos de los migrantes en territorio norteamericano y cerremos los ojos a las vejaciones de las que son objeto latinoamericanos que cruzan el territorio mexicano”.

PT

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza dijo que estudios recientes demuestran que el tráfico y el consumo de drogas han aumentado tanto en México como en Estados Unidos.

Cuestionó qué hace la Secretaría para detener las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, la armada y los policías, cuál es el saldo verdadero del combate al crimen organizado y qué políticas están tomando para revertir la opinión ciudadana que hoy percibe mayor inseguridad.

Respecto al fuero militar, como jurisdicción, hay que mantenerlo pero únicamente para la disciplina interna castrense, pero el fuero como privilegio y garantía de impunidad debe ser abolido, dijo.

Consideró que se requiere que los ministros de los cultos religiosos se apeguen a derecho, por ello, preguntó qué ha hecho como secretario de Gobernación para sancionar a los jerarcas católicos que han afectado a partidos políticos que son entidades de interés público.

Convergencia

En tanto, el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez señaló que la realidad demanda la construcción de acuerdos nacionales, con atención a la gobernabilidad democrática y al fortalecimiento del tejido social, “es indudable que el mayor reto para el Estado mexicano lo constituye la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, sin embargo no puede tratarse con el mero incremento de recursos presupuestales mientras no se combatan las raíces de este mal”.

Esto debe ser superado, añadió, a través de medidas como una política económica orientada no sólo al control de las variables macroeconómicas, sino también a la recuperación de la planta productiva, generación de empleos y el combate a la desigualdad.

Es necesario, dijo, revisar que el Congreso de la Unión asuma atribuciones concedidas por ley que le permitan llevar a cabo, una tarea fundamental para la gobernabilidad, la ratificación del gabinete para erradicar el comportamiento desarticulado.
Mencionó que algunos aspectos que les preocupan son los constantes intentos por vulnerar el carácter laico del Estado; reformulación inmediata de la política migratoria; y el incremento de ataques y crímenes de periodistas.

Al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, aseguró que en materia de seguridad pública, las organizaciones criminales tienen menos espacios de impunidad además de que están inmersos en un proceso de debilitamiento.

No obstante, demandó que hoy más que nunca los tres órdenes de gobierno deben cerrar filas para hacer frente al crimen organizado que ha buscado la posibilidad de quedarse con la riqueza lícita e ilícita, mediante la amenaza, la extorsión y el secuestro.

En este sentido, urgió al Poder Legislativo aprobar la propuesta del Ejecutivo para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado que apoyan incluso al terrorismo.

Necesitamos, dijo, debilitar las estructuras financieras, “por eso hemos presentado una reforma, para combatir las operaciones ilícitas o que financian el terrorismo. Hoy como nunca requerimos de una nueva Ley de Seguridad Nacional”.

De igual forma, Blake Mora solicitó a los legisladores retomar el debate en torno a definir, con mayor nitidez en la Carta Magna, la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y la coordinación entre las autoridades civiles ante los factores de amenaza interna y las presiones dominantes.

Indicó que la dependencia a su cargo trabaja sin tregua alguna para afrontar el reto de combatir y desmembrar a las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional.

Añadió que en la presente administración se ha confiscado al narcotráfico 157 por ciento más de vehículos, en tanto que el decomiso de armas ha crecido considerablemente hasta alcanzar un 220 por ciento más.

“Llevamos más de 86 mil armas que fueron adquiridas por los grupos criminales, las cuales son de alto poder que en muchos de los casos, rebasan al propio armamento que tiene una autoridad municipal o estatal, por eso se explica la presencia de las fuerzas armadas, porque no podemos quedar omisos frente a ese poderío”, dijo.

No se trata, abundó el funcionario, de una lucha sólo contra los narcotraficantes, se trata de una expresión violenta que se ha constituido a través de un crimen organizado que ha tomado el territorio para vender la droga en pequeñas dosis.

Reconoció el esfuerzo del Poder Legislativo por otorgar nuevos instrumentos legales como fueron las reformas al sistema de justicia y a la Ley General de Seguridad Pública para hacer frente a la delincuencia. Pero hay una tarea no acabada. “Necesitamos debilitar también sus estructuras financieras”, subrayó.

Sobre los cuestionamientos en torno al Estado laico, el secretario de Gobernación destacó que corresponde a su dependencia incentivar conductas legales y respetuosas de la comunidad y la libertad en la toma de decisiones y en la definición de preferencias religiosas, además de establecer el orden y los límites.

En este sentido, aseguró que la Secretaría de Gobernación estará atenta a todo procedimiento administrativo, en el ámbito de sus facultades, para atender cada una de las denuncias que se han presentado, “pero lo haremos de conformidad a los instrumentos legales”.

“Estaremos en estricta observancia de lo establecido en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Les aseguro que la Secretaría de Gobernación estará siempre en su premisa fundamental y básica de hacer valer los principios constitucionales a los que todo mundo tiene la obligación de observar”.

Señaló que el Estado laico es uno de los fundamentos importantes de nuestros principios constitucionales, en el que se ejerce la libertad religiosa en un sentido amplio; que da pie a que el Estado garantice el libre ejercicio de la religión y en donde las distintas asociaciones religiosas convivan en un clima de respeto y tolerancia mutua.

“Entiendo la responsabilidad que conlleva ser un líder, digamos, espiritual y moral para muchas personas. En estas últimas décadas, el número de asociaciones religiosas registradas han crecido considerablemente, lo que evidencia la inquietud por robustecer activamente la oportunidad de participar en una vida espiritual a la que se tiene acceso, sólo y tan sólo por el ejercicio libre de la voluntad”.

Aseveró que la laicidad del Estado no necesariamente implica distancia del respeto a los distintos liderazgos religiosos ni el desconocimiento de la relevancia de las actividades pastorales. El Estado mexicano, abundó, reconoce la necesidad de promover el desarrollo espiritual de la sociedad.

“Sería un despropósito dejar de reconocer el potencial que tienen las asociaciones religiosas para fomentar la vinculación social o para servir de intermediarios incluso con los ciudadanos. Al Estado no le corresponde buscar la prosperidad social imponiendo valores, pero se puede colaborar con quienes han definido su actividad en torno a estos. Le corresponde incentivar conductas legales y respetuosas de la comunidad y la libertad en la toma de decisiones y en la definición de preferencias y por supuesto, establecer el orden y los límites”.

En torno al tema de la libertad de expresión, indicó que sin duda es uno de los mayores bienes con que contamos los mexicanos, sin embargo, la violencia exacerbada en algunas regiones del país ha afectado la convivencia social y el ejercicio de esta libertad.

“Esta situación es inaceptable en cualquier democracia. Por ello, el Gobierno Federal trabaja para establecer mecanismos interinstitucionales que garanticen la seguridad de los periodistas”.

De igual forma, dijo, las autoridades federales han buscado asumir un papel más activo en el combate a este delito y producto de este esfuerzo está la iniciativa de reforma al Artículo 73 Constitucional para hacer valer la trascendencia de la libertad de expresión y atender los crímenes desde el punto de vista federal.

En cuanto a la política migratoria, señaló, el Gobierno Federal tiene como propósito facilitar y ordenar los flujos migratorios desde y hacia nuestro país, privilegiando la protección y el respeto por los derechos humanos de los migrantes, la cooperación internacional y la seguridad nacional.

Añadió que se ha avanzado de manera importante en la profesionalización del personal, además de que se ha facilitado el ingreso de flujos migratorios, y dignificado el trato y atención a grupos vulnerables, entre ellos a los menores no acompañados. “La colaboración con este Poder Legislativo ha permitido hoy perseguir de oficio el delito de tráfico de personas e incrementar las penas que requieren de combatirse”.

No obstante, reconoció que aún se requiere impulsar la modernización y actualización de nuestra política migratoria a fin de dar respuestas a los crecientes retos que presenta la migración interna e internacional, particularmente en materia de los derechos de las personas.

Para combatir al delito de secuestro de migrantes se han desplegado estrategias de prevención y atención, firmando convenios con los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche y pronto lo haremos con más entidades federativas.

Por lo que respecta a la política de derechos humanos, el funcionario dijo que se ha atendido a los órganos de ONU y otros organismos internacionales, recibido a relatores de educación y libertad de expresión de la ONU y la OEA, mantenido con Comisión Nacional de Derechos Humanos la cooperación para el cumplimiento de las recomendaciones.

“Próximamente publicaremos el Programa para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y, finalmente, hemos consolidado la coordinación con estados y municipios, para fortalecer políticas públicas en materia y la implementación de medidas cautelares compartidas”.

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