• Ante diputados estableció que el fuero no puede ser espacio de impunidad

El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, afirmó ante el cuestionamiento del presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral Jurado (PAN), que la Procuraduría General de la República solicitará de manera inmediata, la declaratoria de procedencia para el desafuero del diputado del PRD, Julio César Godoy Toscano.

Durante su comparecencia con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno, el funcionario señaló que Estado mexicano ha expresado un combate frontal al crimen organizado y no tiene excepciones. “El crimen organizado ha penetrado en diversos ámbitos de la sociedad y no vamos a permitir que en el amparo del fuero constitucional se convierta en espacio de impunidad”.

Indicó que la Secretaría de Gobernación difiere en la resolución dictada por el juez en el caso del legislador del PRD, en la que, por un lado otorgó una suspensión definitiva en cuanto a los derechos políticos y por otra, mantiene la orden de aprehensión. “Vamos a accionar con todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para impugnar esa resolución y encontrar, hasta donde nos sea posible, la revocación de la misma”.

Adelantó que de igual forma actuarán con todos los recursos a su alcance, para interponer las quejas y en su caso, las denuncias penales, en contra del comportamiento del juez.

“La PGR tendrá que actuar frente al Congreso y esa es la firme convicción para solicitar de manera inmediata la declaratoria de procedencia para poder actuar en este expediente a fin de abrir el proceso y consignar en su caso”.

Previo a ello, el diputado Javier Corral Jurado hizo uso de la palabra para señalar que en la lucha contra el narcotráfico ha faltado una gran dosis de combate a la corrupción política.

“El combate debe ser de carácter integral y me parece fundamental una definición del Gobierno de la República sobre este hecho. Un pronunciamiento por lo menos. Porque en medio de la guerra contra el narcotráfico se discute una minuta del Senado en materia de seguridad nacional y centralmente, una de las objeciones, es seguir manteniendo el fuero militar como una de las patentes de impunidad”.

Pero por otro lado, refirió, la Cámara de Diputados lleva a cabo la toma de protesta del diputado Julio César Godoy Toscano que más allá de las acusaciones, le fue librada una orden de aprehensión y suspendidos sus derechos políticos, lo que le impidió tomar protesta al inicio de la legislatura.

“Estoy preocupado por saber cómo va a hacer el Gobierno federal para hacer prevalecer el Estado de Derecho en esta que es una enorme contradicción. Los poderes de la Unión convocando al Estado de Derecho, al combate a la impunidad, a la inseguridad y al crimen organizado y la Cámara de Diputados cometiendo un acto de esta magnitud”.

En la ronda de preguntas, el diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI) dijo que se requiere un pacto para crear políticas de Estado y voluntad para cumplir la Ley.

“Este no puede ser nuestro México, lleno de soldados en las calles, de policías rondando las instituciones democráticas, de niños que mueren, por decenas, de manera impune, de gente que se está muriendo de hambre. En el Bicentenario merecemos un gobierno republicano, libre y soberano, que de verdad nos haga orgullosos, como le estamos siempre de ser mexicanos”, puntualizó.

El Secretario Blake Mora precisó que el propósito del Ejecutivo federal ha sido transitar al desarrollo del país en todos los ámbitos y llegar a los mexicanos en su exigencia y reclamo por mayor bienestar y desarrollo.

“El presidente de la República es respetuoso de las instituciones y de la Constitución, por lo que necesitamos un esfuerzo mayor para trabajar en unidad e instrumentar condiciones de legalidad en los temas fundamentales del país y de la exigencia social, como la seguridad pública”, agregó.

Por Acción Nacional, el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín subrayó que es de suma importancia consolidar instituciones democráticas, sobre todo “cuando nos acercamos a un escenario complejo en 2012 y cuando existe el principio de corresponsabilidad”.

Preguntó sobre los temas pendientes que se deben resolver respecto a la implementación de la Reforma Electoral 2007-2008; también, evidentemente preocupa la certeza y seguridad de los próximos procesos electorales locales en 2011, ¿qué medidas se habrán de implementar para garantizarle a los ciudadanos y a los candidatos que van a poder acudir a las urnas en paz y sin riesgos?

El secretario de Gobernación se dijo dispuesto a suscribir un pacto de neutralidad política para la realización de elecciones tranquilas, pero que no solamente quede en el ámbito federal sino integrar a las autoridades locales y municipales.

Se debe, enfatizó, establecer una nueva realidad en el ámbito de las condiciones de los procesos electorales y prevalecer un ejercicio cívico, así como mantener procesos electorales dentro de un ámbito de mayor seguridad y tranquilidad; delimitar muy bien qué le corresponde al partido político y al candidato; utilizar los recursos públicos de una manera objetiva, clara y transparente.

“Necesitamos llegar a esos entendimientos y acuerdos para poder trabajar en un ámbito de mayor imparcialidad, legalidad y en donde el ambiente electoral esté en manos de los ciudadanos”.

Añadió que es imprescindible que se construya una actitud que deje a las instituciones electorales, a sus consejos y autoridades ser verdaderamente un árbitro y no algún apéndice que pueda colaborar con alguna acción partidaria; “necesitamos darle fuerza a las instituciones electorales”.

La diputada Enoé Uranga Muñoz (PRD) preguntó cuánto tiempo le llevará dar cumplimiento a cumplir con su obligación con respecto al Estado laico y sancionar a quienes han cometido actos de discriminación y violación a los derechos humanos de las personas lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales.

Resaltó que los desacatos al Estado laico debilitan al Estado democrático, a las reglas de convivencia, a la diversidad que nos hemos construido y que tienen sentido gracias a ese Estado laico.
El secretario Blake Mora señaló que la Segob aplicará las sanciones que en derecho procedan cuando esta figura jurídica sea usada para realizar actos que no están permitidos por la propia ley. “Lo hará la Dirección General de Asociaciones Religiosas ya que está agotando previo derecho a audiencias, el procedimiento administrativo que contempla dicha Ley y se hará en este contexto.

En su turno, el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM) preguntó cuánto se ha invertido para dotar de infraestructura al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) y cuál es el fundamento para que la administración pública vaya en contra de la ley al instrumentar una sectorización de los medios de servicio público educativo y cultural en la Secretaría de Gobernación y no en la SEP.

El funcionario contestó que el OPMA busca ampliar y hacer más diverso el servicio de radiodifusión del gobierno de la República, el nuevo organismo no tiene capacidad jurídica ni tampoco material para interferir o controlar las operaciones o la toma de decisiones de otros canales de radio-televisión incluyendo los contenidos del propio canal 11 que seguirán siendo determinados por el propio canal y por el IPN.

El convenio que se ha hecho con el canal 11 tiene como única consecución avanzar en el cumplimiento del compromiso del Presidente en una señal abierta a las regiones del territorio nacional en las que no era disponible sintonizar estas transmisiones, precisó.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT) cuestionó cuándo le declararon la guerra al narco, en qué momento le pidieron al Congreso suspender derechos y garantías constitucionales. “El asunto de la libertad de expresión, Juárez es hoy la ciudad más militarizada del país”.

Francisco Blake dijo que el combate del Estado mexicano contra el crimen organizado es porque no se puede dejar de lado el dolor que está generando. “Es una amenaza latente y por esa razón vamos a seguir trabajando con carácter, determinación y energía para hacer frente a ese crimen y recuperar nuestra posición de tranquilidad y seguridad”.

Comentó que no se ha solicitado suspensión de garantías de conformidad a lo que establece la Constitución y pidió trabajar en instrumentar mejores mecanismos legales que fortalezcan la presencia del Estado mexicano con mayor fuerza en la disposición legal. “Por supuesto que es lamentable la situación de Juárez, todos en solidaridad necesitamos trabajar para salir de la situación”.

En otra ronda de preguntas, el diputado Raúl Domínguez Rex (PRI) pidió una explicación de por qué no ha realizado ninguna acción respeto a las declaraciones de un ministro de culto religioso quien descalificó a los ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Francisco Blake Mora explicó que se ha observado con puntualidad lo dispuesto en la Constitución y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que prevén el capítulo de infracciones y sanciones. “La Secretaría no puede imponer sanciones a ministros de culto o asociaciones religiosas de manera unilateral, sin agotar los procedimientos administrativos y recursos legales que garantizan el derecho de audiencia en las partes”.

Sin embargo, añadió, se ha emplazado formalmente a los ministros del culto para que de acuerdo al procedimiento manifiesten lo que a su derecho convenga, “téngalo por seguro que la Segob observará lo dispuesto en la ley y hará valer el Estado de derecho que se consagra en la Constitución”.

Por su parte, la diputada Nancy González Ulloa (PAN) cuestionó cómo lograr que la sociedad tenga una perspectiva distinta respecto a la utilidad del diálogo democrático, del respeto y de la tolerancia como vía de solución a los problemas de México y como camino para entendimiento de todos los actores políticos y sociales del país.

Aclaró que “la gobernabilidad democrática requiere necesariamente mantener y fortalecer los mecanismos de diálogo que permitan hacer frente a los retos que se plantean a la sociedad, fomentar la búsqueda de soluciones y en suma lidiar con complejidad que caracteriza nuestro tiempo”.

El secretario enfatizó que el deber de todos los responsables en los espacios públicos en los diversos órdenes de gobierno es asumir una actitud que esté por encima de los intereses personales y particulares para construir las políticas públicas que los ciudadanos exigen en todos los reglones, en seguridad pública como una de sus principales demandas y exigencias.

Del grupo parlamentario PRD, la diputada Lizbeth García Coronado preguntó por qué se amplió el permiso para instalar 45 casas más de apuestas en nuestro país a la empresa Promociones Vallarta SA de CV. “¿La dependencia a su cargo cuenta con un estudio de cada uno de los establecimientos que operan fuera de la ley y que violan el reglamento vigente?

El funcionario dijo que en la presente administración no se han otorgado nuevos permisos y este año se han clausurado 30 establecimientos y realizado inspecciones a grandes permisionarios. El caso de la empresa tiene que ver con una resolución judicial, es decir con un amparo que la propia empresa promovió y que eso obliga en su observancia a que esté operando no a un permiso administrativo.

Mencionó que la normatividad vigente data de 1947 por ello se requiere de inmediato realizar el fortalecimiento a esta legislación que regula la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento.

Del PT, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia pidió elaborar un programa nacional en materia de derechos humanos que oriente a todas las instituciones públicas a la garantía plena de los mismos, y denunció que la política migratoria es un escándalo y un fracaso.

“Ustedes han estado diciendo que piden colaboración con el Congreso, pero la verdad es que ustedes tampoco lo hacen; ustedes incumplen sistemáticamente el artículo 72-A de la Constitución, ya que se sabe de leyes que tardan 5, 6 o 8 meses en sus publicadas y promulgadas, ejemplo de ello, es que se veto la Ley de Cooperación Internacional”.

Blake Mora resaltó que existe el planteamiento de una Reforma Política, cuyo propósito es hacer más eficaz y eficiente el sistema político, las relaciones entre los Poderes de la Unión particularmente enfocada a darle fuerza ciudadana.

En la cuarta ronda, la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) pidió conocer cuál es el concepto medular del Gobierno federal para poder restaurar la gobernabilidad, “porque sin ella no podemos lograr crecimiento, desarrollo, confianza de la ciudadanía y, por ende, no puede existir un concepto de la buena política”.

“Nosotros creemos que junto con ustedes debemos hacer un esfuerzo medular de reconciliación nacional, porque el país esta dañado, dolido, no hay crecimiento y hay impunidad; no es justo porque día a día los mexicanos están con la esperanza de que todo se transforme en una realidad para mejor vivir”.

El funcionario expresó que es fundamental asumir una actitud corresponsable. “Hay toda la voluntad del Gobierno federal, de la Segob, aun cuando sabemos que hay cosas, acciones e intereses superiores más allá de nuestras propias diferencias que pueden ser de orden legítimo”.

Felipe de Jesús Rangel Vargas (PAN) indicó que el punto central es el llamado que se hace al diálogo y a la construcción de acuerdos de parte del Ejecutivo Federal, “coincidimos plenamente pero es necesaria la corresponsabilidad y la autocrítica, pues tenemos una agenda legislativa pendiente de alta trascendencia para la transformación del país”.

Para impulsar un acuerdo nacional con visión de Estado, resaltó, se necesita serenidad, respeto, voluntad, diálogo, propuestas y corresponsabilidad. Cuestionó ¿cuál es la postura del Gobierno federal y visión, para construir un gran acuerdo de unidad nacional?

En su respuesta, el titular de la Segob reiteró su disposición para permitir a todos los actores políticos construir en la unidad nacional los acuerdos que el país exige, “fundamentalmente hacerlo para que se traduzca en una política de desarrollo y bienestar de todos los mexicanos”.

A su vez, la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (PRD) cuestionó cómo se puede construir una política migratoria de Estado cuando no se acaba con la corrupción estructural del Instituto Nacional de Migración, ante la masacre de varios migrantes en Tamaulipas.

Preguntó si la utilización del Ejército en el combate al crimen organizado y en tareas de seguridad pública, representa un fracaso de las instituciones encargadas de esta actividad en el ámbito federal.

El funcionario expuso que el Gobierno federal se encuentra investigando la masacre en Tamaulipas y el Instituto está trabajando para evitar acciones que contravengan a los migrantes. Añadió que entre enero y agosto se han evaluado a 781 personas, lo que equivale al 14.6 por ciento de los cinco mil 337 funcionarios adscritos al Instituto.

El diputado Sami David David (PRI) expresó que la situación migratoria reclama de corresponsabilidad, pues se ignora el problema central, ya que los migrantes son víctimas del respecto a sus derechos fundamentales, como vejaciones y maltratos por parte de autoridades y particulares que atenta contra la dignidad de las personas.

Se pronunció por una política pública que redimensione al Estado mexicano con la migración; que situé a México en una posición de vanguardia y de cumplimiento a los compromisos asumidos con la comunidad internacional; que tenga como base fundamental el respeto de los derechos humanos.

Al responder, el funcionario de la Segob expresó que es necesario fortalecer la política migratoria. “Se deben construir disposiciones legislativas que den un mejor marco de seguir actuando en una condición objetiva y contundente para desmantelar bandas del crimen que atente contra los derechos de los migrantes”.

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