Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público posponga la entrada en vigor de las reglas para las operaciones en efectivo con dólares de Estados Unidos, en tanto se acuerde una medida que cumpla los propósitos de combate al lavado de dinero y la evasión fiscal, señaló el diputado Gastón Luken Garza.

El presidente de la Comisión Especial para el seguimiento de la implementación de la Reforma Constitucional en materia de Fiscalización, Evaluación y Armonización Contable, agregó que en los últimos años se detectó un volumen considerable de excedentes de captación en efectivo de dólares en las instituciones de crédito.

“Dicho origen podría estar vinculado a actividades ilícitas, lo que representa un riesgo para la seguridad de los ciudadanos, el sistema financiero y la economía mexicana”.

Recordó que el pasado 16 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito” en donde se establecen medidas regulatorias a que habrán de sujetarse las operaciones, depósitos, pago de créditos, bienes y servicios con dólares en efectivo. Éstas prevén límites a las operaciones que se realicen en el territorio nacional con dólares en efectivo.

Las reglas, añadió, se emitieron a fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada a través de la detección de operaciones que se realizan en el sistema financiero mexicano, y como una forma de limitar la discrecionalidad de las instituciones bancarias quien, de manera unilateral, optaron por limitar las operaciones de compra de dólares en efectivo.

Agregó que, de manera general, las reglas prevén límites para las personas físicas cuentahabientes de hasta cuatro mil dólares mensuales y para no cuentahabientes de mil 500 dólares. Mientras que para las morales que operan en zonas turísticas y la franja fronteriza norte, es de hasta siete mil dólares, entrando en vigor esta última disposición el 13 de septiembre de 2010.

Luken Garza expresó que la Secretaría de Hacienda considera las medidas adecuadas porque los límites establecidos son superiores al ingreso del 98 por ciento de los mexicanos, mayor al gasto promedio de los turistas no fronterizos, así como una baja afectación a las remesas ya que más del 96 por ciento se realizan a través de transferencias electrónicas y se liquidan en pesos.

A pesar de ello, agregó, “considero que estas reglas no responden a la realidad de los sectores económicos que operan de forma lícita y en la franja fronteriza y en los municipios con alta afluencia de turistas extranjeros”.

Por ejemplo, refirió, ciudades como Tijuana, Mexicali, Los Cabos, Cancún, Puerto Vallarta tienen altamente dolarizada su economía que, al ser sujetas a los límites de operaciones, ven afectada su competitividad.

Si bien es cierto que la Secretaría de Hacienda, en conjunto con la Asociación de Bancos de México, ha implementado medidas para reducir la afectación, “se cree que éstas son insuficientes, lo que obstaculiza la realización de operaciones formales lícitas que brindan empleo a miles de mexicanos”.

De ahí que “es necesario cerrarle el paso a los recursos ilícitos, pero también se deben considerar las peculiaridades de las regiones del país, principalmente de la franja fronteriza, en donde existen millones de personas que realizan actividades dentro de los sectores de hotelería, restaurantes, bares, agencias de viajes, transporte turístico, taxis y el turismo médico, lo que les genera un gran impacto en sus ingresos que principalmente son en dólares”.

El diputado subrayó que las restricciones aplicables al uso de dólares en efectivo están estrangulando la liquidez, obstaculiza las actividades productivas, generan fuga de recursos al empujar a ciudadanos y empresas a abrir cuentas en los estados del sur de Estados Unidos.

Tal situación, abundó, inhibe las inversiones y el gasto, pues se estima que la aplicación de las medidas provocará pérdidas millonarias en las ventas de los negocios fronterizos, pudiendo ascender hasta 50 por ciento, así como despidos y fugas de inversiones.

Por ello, enfatizó, presentará un punto de acuerdo para que se posponga la aplicación de los límites a las operaciones en efectivo con dólares americanos, a fin de estudiar los procedimientos que permitan reducir la afectación a los sectores productivos, ya que su aplicación genera costos, reduce la afluencia de clientes y afecta su competitividad.

“Estamos conscientes de la necesidad de combatir el lavado del dinero, la evasión y elusión fiscal, pero consideramos que podemos dialogar y trabajar en conjunto para encontrar los mejores mecanismos que otorguen soluciones para las actividades lícitas y formales”, afirmó.

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