En su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el secretario del ramo, Genaro García Luna negó haber tenido una entrevista con Arturo Beltrán Leyva.

“Es mentira, como tantas que han creado para generar una perspectiva mediática; es mentira, así, puntual mentira. Todo el trabajo de inteligencia hecho por el gobierno Federal, inclusive a la operación del Arturo Beltrán en gran medida participó Seguridad Pública Federal”, subrayó.

Lo anterior ante el cuestionamiento del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) en el sentido de que si se entrevistó con Arturo Beltrán.

El secretario de Seguridad Pública expresó que se podría potenciar la parte criminal si no se combate el delito, por lo que la violencia se debe combatir en diferentes frentes y perspectivas, y que México requiere de instituciones de calidad, eficientes y un trabajo sistemático en las áreas de educación, desarrollo social, salud, empleo, y en el de seguridad.

Posicionamientos

PRI

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado reconoció que hay un interés del Gobierno federal para atender la demanda ciudadana de mayor seguridad, sin embargo, “no compartimos su visión dogmática que se representa en la autocatalogada guerra contra el narcotráfico, ya que los resultados más que cuantitativos, cualitativamente arrojan un incremento de la violencia y del número de las personas que desafortunadamente pierden la vida”.

Se manifestó por conocer los resultados o el avance de las averiguaciones o investigaciones en el caso de Rodolfo Torre Cantú así como en otros casos en donde han perdido la vida personas de la sociedad civil, alcaldes y funcionarios públicos.

“El PRI no comparte la idea de que para impedir que las drogas lleguen a los jóvenes se debe mantener una lucha armada en las calles que violente los derechos fundamentales de los ciudadanos, por el contrario, entendemos que se deben proporcionar opciones de desarrollo que impidan que los jóvenes ingresen al mundo de la delincuencia organizada”.

“Consideramos que la actual estrategia ha fracaso rotundamente, porque está basada en la reacción policiaca militar y fundamentalmente en evitar el trasiego de drogas a Estados Unidos, no a combatir el crecimiento inusitado del mercado interno de drogas”.

Al dar respuesta, el secretario se dijo un firme impulsor de recursos para los estados y municipios para fortalecer la estructura policiaca. Se mostró a favor de políticas que eviten un consumo mayor de drogas y de estrategias de capacidades de inteligencia.

PAN

El diputado Bonifacio Herrera Rivera precisó que en la actualidad la soberanía nacional es agredida por grupos que pretenden vivir al margen de la legalidad y buscar existir como un poder de facto ajeno a las instituciones del Estado, pero “la respuesta del Gobierno ha sido clara y contundente: combatir con toda la fuerza del Estado a estos grupos en aras de garantizar y consolidar las libertades de legalidad y la certidumbre jurídica.

“El gran problema de violencia que estamos viviendo, no surge de la decisión firme de combatir al crimen sino por la existencia misma de la criminalidad, la cual se acrecentó con la incapacidad y en muchos casos omisión de gobiernos poco comprometidos; se dejó crecer al monstruo y ahora se culpa al Gobierno Federal por combatirlo”.

Se manifestó por seguir adecuando y mejorando las leyes relativas a la seguridad pública, pero antes, dijo, es necesario que se cumplan las ya existentes, esas que obligan a todos a actuar a favor de la seguridad y tranquilidad de los mexicanos. Por lo que, cuestionó sobre las reformas que son necesarias para consolidar el esfuerzo nacional en contra del crimen organizado.

Acción Nacional, afirmó, se reitera del lado de la legalidad, de la justicia, del respeto a los derechos humanos y de la nación, pues la claudicación del Estado no es alternativa. “Nuestra alternativa es continuar trabajando y perfeccionando la estrategia de combate a la delincuencia insistiendo cotidianamente en que esto es una tarea de todos y poner por encima de los intereses políticos el supremo interés de la nación”.

García Luna subrayó que una reforma clave es el esquema de modelo de Policía de Mando Único, “entiendo que se ha estado discutiendo y analizando también con legisladores y también con los gobernadores en virtud de que es un tema que, en gran medida, impacta y tiene que ver con la gestión de los estados y, en particular, con la parte de policía tanto estatal como municipal”.

PRD

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero indicó que el país vive una situación crítica en materia de seguridad pública, pues “hablamos de un total acumulado en cuatro años de más de 20 mil ejecutados; 159 mil homicidios; más de ocho millones de delitos y esto no sólo responde a la escalada cada vez más extendida de las actividades criminales en el territorio sino los efectos indeseados de una política que ha sido ciega y torpe”.

Hemos cuestionado la estrategia -contra la delincuencia organizada- no porque estemos a favor de la delincuencia sino porque el problema que representa la criminalidad organizada en sus diversas modalidades no está bien entendido y ni los resultados han sido los deseados; la estrategia está enfocada en el descabezamiento de grupos delictivos, en la persecución de individuos no en la desarticulación de actividades atacando la base económica, financiera, logística y balística de las organizaciones.

La estrategia, subrayó, se focaliza en el narcotráfico dejando de lado otras actividades delictivas muy importantes como es la extorsión, el tráfico de personas y la trata con fines de explotación sexual y de pornografía. “Estas actividades -de trata de personas- representan a nivel regional casi siete billones de dólares, de los cuales los traficantes que operan en México se llevan la mitad”.

Indicó que en la medida de que se siga con la ruta de militarización de política de seguridad pública que debiera de estar destinada a proteger a los ciudadanos en su vida, patrimonio y derechos, se estará generando adicción de las instituciones de seguridad al uso intensivo de la fuerza y no de la inteligencia.

Genaro García Luna precisó que la violencia se debe combatir en diferentes frentes y reiteró la importancia de un trabajo sistemático en educación, desarrollo social, empleo y, sin duda, en el combate frontal del delito. Sobre la trata de persona, abundó, que es un tema lacerante y en el cual se está pensando repotenciar las capacidades de migración.

PVEM

La diputada Adriana Sarur Torre dijo que se debe hacer del tema de seguridad pública una prioridad, donde se genere un espacio de libertad, seguridad y justicia, por ello “hemos apoyado una la Ley antisecuestro, defendido los postulados de la Ley de Seguridad Nacional y reclamado sanciones ejemplares para los delincuentes de este país; no regatearemos ni un solo centímetro en nuestro apoyo al Presidente por esta lucha en contra de la inseguridad”.

Mencionó que es apremiante detener la muerte de inocentes. “No debemos quedar impávidos ante las víctimas de género, de profesión o de clase social; la crisis de inseguridad podría transformarse en una caldera peligrosa en plena ebullición”.

Preguntó si esa guerra aun es legítima; si cree que el mayor peligro si se retrocede es que la delincuencia podría actuar con mayor impunidad; porque no incentivar que sectores sociales y económicos participen en la reinserción social del sentenciado; sobre la estrategia que se tiene pensada para coordinar a toda la fuerza policiaca nacional en caso de que se legisle en materia de policía única.

Al responder, el funcionario, dijo que si no se combate el delito sí se podría potenciar la parte criminal y en consecuencia la parte vulnerable de la comunidad, por lo que, “debemos mantener un sistema permanente de combate al delito en todos sus rubros”.

PT

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia preguntó cuál es la relación de la SSP con el procurador Chávez Chávez; el asunto Guillermo Vélez; el caso Herrera Valles; el hostigamiento a su vecino Vidal Méndez porque lo cuestionó por su gestión; el boicot al doctor Samuel González que le impidió llevar a cabo un plan para combatir los secuestros.

Señaló que la seguridad pública se resuelve con empleo, educación, salud, vivienda y democracia, no son cárceles, ni pistolas, ni policías. “En la SSP debería existir un programa garantista sobre derechos humanos”, agregó.

Genaro García Luna enfatizó que se requieren más cárceles y más policías porque el país tiene sobrepoblación penitenciaria, el proyecto soportar y coadyuvar con los estados para poder tener y quitar la sobrepoblación donde se genera corrupción, violencia y un impacto fuerte a la comunidad.

Reiteró su respeto al trabajo del procurador Chávez Chávez. “El caso Guillermo Vélez fue un caso juzgado; el caso del señor Herrera Valle se articuló con una lógica mediática. Respecto al boicot con el doctor Samuel González nada más que eso usted puede checar mi historia de mi actividad profesional y me ha tocado estar al frente en diferentes formas de combate al secuestro”, puntualizó.

Nueva Alianza

Por su parte, la diputada Cora Pinedo Alonso señaló que las estructuras de los cárteles cubren cada vez más entidades, las ejecuciones registran datos históricos, el robo a transeúnte parece como el delito más frecuente con un 42 por ciento seguido por el robo parcial de autopartes de vehículo con 27 por ciento. En cuanto el secuestro se estima que ocurren en sus diferentes modalidad alrededor de 50 mil anualmente.

Agregó que el número de víctimas va en aumento entre los que se encuentran integrantes de las fuerzas armadas, policías, población civil y criminales, sin embargo el tráfico y consumo de estupefacientes sigue en aumento. “Qué se está haciendo para prevenir los actos delincuenciales como el robo de autos, el tráfico de personas, el lavado de dinero, la piratería, trata de personas o el llamado levantón que es un secuestro a personas productivas”.

García Luna respondió que el enfoque del gobierno federal ha sido el combate frontal al delito para proteger a la comunidad. “Hemos hecho un esquema compartido con los estados para tener mayor alcance en el combate a la parte delictiva vinculada con el robo de vehículos, y en este sentido la prioridad del gobierno federal es la protección de la comunidad, en ese sentido también está el combate frontal a la parte criminal”.

Convergencia

La diputada María Teresa Ochoa Mejía solicitó guardar un minuto de silencio por el asesinato del presidente municipal de Tancítaro, Michoacán, (Gustavo Sánchez Cervantes) el día de hoy.
Cuestionó cómo funciona la SSP inversamente a todos los recursos que se destinan y se incrementan “mientras todos lo días los medios de comunicaciones nos presentan imágenes de iconos de la delincuencia. Qué sucede cuando toda esa cantidad de presupuesto puede dedicarse para abatir el hambre, la pobreza, retraso, fomentar la educación, incrementar la investigación y así darle al país las herramientas que se necesitan realmente para combatir la ignorancia”.

García Luna compartió la perspectiva de que México requiere instituciones de calidad, eficientes, “la policía del país también debe ser así, y para ello se requieren recursos, no es magia, para tener una policía eficiente”.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado José Luis Ovando Patrón señaló que los tiempos que se viven exigen acciones inmediatas y transcendentes para la solución de los problemas del país, en especial el de seguridad.

El Legislativo, dijo, tiene en sus manos un tema considerado prioritario por los tres órdenes de gobierno y la sociedad, por lo que se requieren soluciones y ése es el único objetivo al que “debemos estar convocados”.

Refirió que la Comisión ha aprobado 62 dictámenes, entre ellos: la Ley para la Prevención Social del Delito; dictámenes para el mejoramiento en calidad de vida de mujeres internas y sus hijos en centros penitenciarios; la implementación de programas de integración para la reinserción social; acciones para brindar atención y asistencia a víctimas del delito, así como el otorgamiento a los cuerpos policiacos a créditos para la adquisición de vivienda.

“No somos una Comisión que destaque por la confrontación o por anteponer los intereses partidistas o personales a la solución de la problemática social, al contrario, se ha asumido con la seriedad que amerita, el proceso de creación de leyes que permitan construir un sistema de seguridad y justicia dinámico y efectivo en el que se proteja a las víctimas de delito”, afirmó.

Intervención inicial

Luego de rendir protesta de decir la verdad, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna expresó que en una década el registro delictivo (1999-2009) se mantiene en una proporción del 6 y 7 por ciento, tanto del fuero federal como del común.

De 1999 a 2009, dijo, hay un descenso del 15 por ciento en los homicidios por tasa anualmente; en homicidios dolosos, este muestra un descenso menor del 0.5 por ciento, sin embargo, reconoció que hay un repunte a partir del 2007.

Respecto al impacto internacional de homicidios por tasa por cada cien mil habitantes, añadió que México tiene un índice de 15, están por encima del país, la República Dominicana, Ecuador, Brasil con el 25.3, así como Jamaica, Belice, Colombia, Venezuela y El Salvador.

Al inicio de esta administración, expresó, no se contaba con una capacidad de conectividad nacional, por lo que “un tema importante para el país fue crear capacidades que tuviera enlace entre estados, municipios y federación”.

En ese sentido, precisó, este año se encuentra a disposición de todo el país una red de interconexión nacional que articula datos, voz e imagen a los estados municipios y federación; ya están conectados casi mil puntos en todo el país que implicaría la operación para migrar datos, voz e imagen. “Es la base para generar registros, bases datos y tener mecanismos para rendir cuentas a la comunidad”.

García Luna destacó que ya están conectadas las entidades federativas a la plataforma, eso tiene el registro formal para dar parte a la policía, registro penitenciario, registro público vehicular, el respaldo para órdenes judiciales y ministeriales, vehículos robados, registro de armas y huellas dactilares tanto de internos en penales locales y federales.

“Esto es realmente un tema sustantivo, en virtud de que es la primera vez que tiene el país datos de operación para estados y municipios compartidos en tiempo real; esos sistemas son un poco más de 403 millones de registro en el mismo”.

Respecto al rescate penitenciario, expresó que en todo el país hay internos de ambos fueros (federal y común) que son 222 mil 771. Del fuero común corresponde el 40.4 por ciento con procesados y para el federal, el 40.78 por ciento.

En el caso del fuero común la entidad con mayor índice de población penitenciaria son Estado de México, Distrito Federal, Baja California, Jalisco y Sonora, quienes reúnen casi el 50 por ciento de todos los internos nacionales en el sistema penitenciario. “En cinco entidades federativas hay el 49.9 por ciento de internos en todo el país”.

Informó que se encuentra en gestión un esquema para crear doce penales nuevos, y en donde hay participación de la parte empresarial para tener mayor alcance en el corto tiempo con doce penales nuevos de alta seguridad.

Cuando se tomó control del Sistema Penitenciario Federal, agregó, se tenían seis mil 192 internos; hoy hay casi diez mil y se tiene estimado para diciembre de 2010 tener 14 mil 500 internos en control federal. Además, se tiene previsto para el año siguiente llegar a 22 mil, esto es generar una tasa superior del control de los casos federales que hoy se encuentra en los penales locales.

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