La Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado José Luis Ovando Patrón, aprobó el dictamen a la minuta que expide la Ley General par Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI de artículo 73 constitucional, que coordinará los esfuerzos de las instituciones que atacan este delito.

Ovando Patrón afirmó que lo más importante es que se da atención a las víctimas a través de un fondo de apoyo. “Nos preocupan muchísimo las víctimas, porque desafortunadamente en el enfoque tradicional que vive nuestra justicia en México, quedan en segundo plano después de que son afectadas”.

Lo primero, consideró, es atenderlas, por eso, se debe impulsar la prevención y cuando “no logremos inhibir el delito, debemos atender a la víctima en todos los sentidos, no nada más en la afectación económica que sufrió, sino en la afectación sicológica, emocional y el daño a sus familiares”.

Se atiende una realidad que impacta no únicamente a una clase social que cuenta con tranquilidad económica, sino a muchos segmentos, siendo el principal afectado el de los comerciantes, con 28 por ciento; estudiantes, 21 por ciento; empleados 16 y empresarios 14 por ciento.

Además, dijo, responde a vacíos legales y debilidades institucionales para combatirlo, “no podemos hacer menos que trabajar para sacar adelante un dictamen que presentamos para debate hoy; es un esfuerzo, de la sociedad que se organizó y empezó a exigir mayor esfuerzo de autoridades; también labor de los senadores, donde las fuerzas políticas aportaron y modificaron las iniciativas”.

Añadió que datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública revelan que el delito se ha incrementado en las últimas fechas en un 317 por ciento.

Se pronunció por generar modificaciones a realidad institucional y contar con marco legal que obligue a atender de manera profesional este delito, “entregarles herramientas para que realicen debidamente su trabajo y generen confianza en las instituciones”.

Explicó, además que se clarifican tipos de secuestro para que no existan lagunas e interpretaciones sobre quién es secuestrador y quién no; incrementa las penas; sanciona severamente cuando haya participación de funcionarios; y sobre todo ordenará a los entes de gobierno que deben brinda seguridad en ese tema, para que mejoren sus procesos, fortalezcan sus cuadros y con ello ataquen más severamente este delito que lastima a muchos ciudadanos.

Destacó que finaliza un proceso legislativo muy largo que inició en marzo de 2007, acumuló 17 iniciativas de ley y que, gracias a los esfuerzos de la sociedad organizada, académicos y legisladores, hoy es una realidad que pasará al Pleno a la brevedad.

Este dictamen también fue aprobado por la Comisión de Justicia el pasado 21 de septiembre.
La Ley establece tipos penales y sanciones que van de 20 a 40 años en el secuestro normal; de 20 a 40 años en el secuestro exprés; de 25 a 50 cuando participen servidores públicos de todas las corporaciones policíacas o encargadas de procurar y administrar justicia; cuando se mutila al secuestrado o se ejerza tortura o violencia sexual contra la víctima.

También contempla que la pena de 20 a 40 años se incrementará cuando haya mutilación o pérdida de la vida del secuestrado, de 40 a 70 años.

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