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Boletín N°. 2141 Presentan iniciativa que define ámbitos específicos para sancionar al Presidente de la República

El diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para distinguir y sancionar dos tipos de responsabilidad presidencial: penal y política.

Bastará la mención de que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos dolosos del orden común calificados como graves, para que quede correctamente redactado, precisó.

Con la reforma, dijo, el Presidente de la República seguirá siendo responsable de delitos calificados como graves del orden común, sin embargo, “dicha responsabilidad deberá acotarse solamente a los delitos dolosos, de tal suerte que el presidente de la República no podrá ser acusado durante su encargo por delitos que no estén específicamente señalados como graves en dicha legislación, ni por ningún delito de los llamados culposos o imprudentes, aunque sean éstos cometidos por culpa grave, pues ello implicaría una cierta vulnerabilidad de la investidura presidencial”.

Se envió a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.

Disminuir plazo para subsanar subejercicios
A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se remitió la iniciativa del diputado Pedro Vázquez González (PT) que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el propósito de fortalecer la facultad del Congreso de incidir en la reasignación de los recursos presupuestales que no se hayan ejercido.

Precisó que la actual redacción del artículo 23 señala que los subejercicios deberán subsanarse en un plazo no mayor a 90 días naturales. “Se propone disminuir este plazo a dos meses, es decir, 60 días naturales, contados a partir de la fecha en que se reciba el reporte correspondiente”.

De esta forma se le dará a las dependencias de la administración pública federal un plazo razonable para corregir los subejercicios en que incurran, enfatizó.

Dar prioridad a exploración en Pemex

El diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (PRI) propuso reformar el artículo 254 y adiciona el 254 Quáter a la Ley Federal de Derechos, con el propósito es liberar recursos para la inversión de Pemex y mejorar su situación financiera.

Se propone, enfatizó, que las inversiones en exploración y en recuperación secundaria no estén consideradas dentro de las deducciones límite. Esto estimularía a Pemex a dar una mayor prioridad a la exploración, que tiene rezagos importantes y siempre debería tener prelación en el presupuesto para garantizar la seguridad energética del país y el nivel necesario de reservas probadas para sostener una adecuada plataforma de producción.

Además, dijo, se adiciona un artículo 254 Quáter para que Pemex Exploración y Producción esté obligado al pago anual del derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos, aplicando la tasa del 0.03% al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Que educadores detecten violencia contra menores

La diputada María Joann Novoa Mossberger (PAN) planteó reformar el artículo 42 de la Ley General de Educación, para que los educadores que detecten que se ha ejercido violencia física en contra de un menor u obtengan información de que es sometido a violencia psicológica o acoso, se auxiliarán de las autoridades educativas.

Refirió que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos uno de cada cuatro jóvenes sufre violencia escolar. “En la escuela 44.6 por ciento de los hombres y 26.2 por ciento de las mujeres han insultado a alguien, en tanto que 6.6 de las mujeres y 14.9 de los hombres han golpeado en alguna ocasión a sus compañeros”.

Subrayó que cuando los niños son expuestos a la violencia desde temprana edad, se afectan sus capacidades cognoscitivas, emocionales y sociales. Según sea el caso, pueden manifestar síntomas psicosomáticos, estados depresivos y psicóticos. Se remitió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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