Con el objeto de que el robo y comercialización de los datos personales en posesión del Estado sean considerados como delitos graves para que no se admita la libertad bajo fianza o caución, el diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN) leyó reformas a los Códigos Penal Federal y al Federal de Procedimientos Penales.

Mencionó que la protección resulta un tema necesario de atender, sobre todo cuando el tópico se hace del conocimiento público y los datos personales que sus titulares han proporcionado a diversas autoridades, presuntamente se ponen a la venta, pudiendo ser adquiridos y utilizados por el crimen organizado para la comisión de múltiples delitos como extorsiones, secuestros, fraudes, o simplemente de formas no autorizadas.

Acciones como la venta del Padrón Electoral y la base de datos del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), añadió, deben ser sancionadas y tipificadas, “sobre todo si consideramos los esfuerzos históricos que se han tenido para fortalecer estos instrumentos”.

Castilla Marroquín indicó que es inaceptable que un servidor público, aprovechándose de su cargo, ponga en riesgo a miles o millones de ciudadanos y violente su garantía de protección de datos personales.

Se busca sancionar con pena de cinco a 10 años y multa de 60 a 600 salarios mínimos, e inhabilitación de cuatro a 10 años, al servidor público que por negligencia, omisión o premeditación haya propiciado o permitido dicha situación.

Finalmente, se establece como delito electoral la comercialización del padrón, ya que actualmente sólo se castiga la alteración del mismo, y esto, desde luego, es un vacío legal que debemos subsanar. Se canalizó a la Comisión de Justicia.

Proteger a víctimas afectadas en su salud o integridad corporal

Para garantizar la suplencia procesal de amparo a las víctimas de un delito, exclusivamente cuando sea afectada en su salud o integridad corporal, la diputada Rosalina Mazari Espín (PRI) presentó una iniciativa que reforma el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política.

“Cuando la salud personal es dañada intencionalmente debe tener un trato procesal especial que le permita acceder a una buena justicia federal, que es la autoridad jurisdiccional máxima del Estado mexicano”. Se remitió a la Comisión de Justicia.

Consejo de la Judicatura

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) presentó una iniciativa que reforma la Constitución Política para que el presidente del Consejo de la Judicatura no sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sus decisiones sean definitivas e inatacables, salvo aquellas en las que se transgredan preceptos constitucionales.

Propuso que los siete miembros del Consejo de la Judicatura se nombren o elijan por nueve años; sean electos por los ciudadanos, con la idea de que esté integrado por ciudadanos. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Bioenergéticos

A la Comisión de Agricultura y Ganadería se envió una iniciativa del diputado Emiliano Velázquez Esquivel (PRD) que modifica la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, para esclarecer cualquier problema de interpretación relativo al uso de productos básicos y estratégicos en la producción de bioenergéticos, especialmente de maíz, cuando no haya las condiciones establecidas en la propia ley.

Mencionó que la razón para proteger al maíz está basada en que este grano es estratégico para la alimentación nacional; por ello es indispensable que la producción nacional se dirija primero a satisfacer las necesidades de consumo humano directo, después al o indirecto, es decir, para la alimentación de animales y otros usos, como los industriales, y sólo al último después para propósitos diversos, tales como la producción de etanol para uso de los automóviles.

Subcuenta de vivienda

Para establecer de manera clara y precisa que los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados deberán ser entregados directamente y en una sola exhibición al trabajador o a sus beneficiarios, la diputada Laura Felícitas García Dávila (PRI) leyó reformas a las Leyes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Una vez que sean solicitados, indicó, el Instituto está obligado a entregar los recursos a más tardar el segundo día hábil siguiente al que le sean requeridos. La propuesta se turnó a las Comisiones de Seguridad Social y la de Vivienda.

Sistema nacional de capacitación profesional para el trabajo

Fue canalizada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, una iniciativa del diputado Alberto Jiménez Merino (PRI), por la que se expide la Ley del Sistema Nacional de Capacitación Profesional para el Trabajo, a efecto de diseñar programas y estrategias permanentes que contribuyan al diseño y logro de las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Es urgente ofrecer opciones productivas a una generación que ve con frustración cómo se desarrolla su vida sin ninguna expectativa de empleo; más de 7 millones de jóvenes menores de 16 años no estudian ni trabajan. Casi 9 de cada 10 personas que ingresan a las cárceles son jóvenes de 15 a 26 años”, afirmó.

Cultura de protección civil

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (PRD) leyó reformas al artículo 4 de la Ley General de Protección Civil, con el propósito de que el Ejecutivo promueva y desarrolle ante las escuelas, universidades, estados, municipios, comunidades rurales y zonas de riesgo una cultura de protección civil.

Se busca que el Ejecutivo invierta en ciencia y tecnología para prevenir, toda vez que el país se encuentra en riesgo por desastres y contingencias climatológicas. La iniciativa se remitió a la Comisión de Gobernación.

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