La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó el dictamen de la iniciativa de decreto enviada por el Ejecutivo, relativa a la Ley Federal de Derechos.

El documento avalado por el órgano legislativo, coincide con la propuesta del Ejecutivo en el sentido de continuar y reforzar la política de simplificación y modernización de la regulación, gestión y procesos de la Administración Pública Federal a fin de reducir la carga fiscal y administrativa que enfrentan los particulares al solicitar los servicios públicos mediante la derogación de algunos derechos.

Asimismo, comparte que la propuesta del Ejecutivo implica un sacrificio recaudatorio mínimo, además de no impactar en la operación de las dependencias con actividades de control y de regulación sectorial prioritaria, como salud, seguridad nacional o equilibrio ecológico.

La Comisión de Hacienda estimó conveniente derogar una serie de derechos. Entre otros, de los permisos para visitar territorios insulares de jurisdicción federal cuando tengan finalidades de impulsar el desarrollo turístico y la investigación científica en nuestro país.

Para obtener el permiso sanitario de importación de dispositivos médicos para uso personal, materia primas, equipos médicos, prótesis, órtesis, materiales quirúrgicos, de curación o productos higiénicos producidos en el extranjero. También considera pertinente eliminar los relativos a los servicios de laboratorio que proporciona la Secretaría de Salud.

Deroga también los derechos por la reposición de la constancia de nacionalidad mexicana y cartas de naturalización y prevé únicamente el pago de copias certificadas.

Del mismo modo, exenta el pago por los servicios migratorios a quienes se les otorgue la calidad migratoria de no inmigrante bajo la característica de visitante en la modalidad de Protección Internacional y Razones Humanitarias, con el fin de dar cumplimiento al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional firmada por nuestro país.

En materia energética, el órgano legislativo estimó conveniente derogar derechos a cargo de Petróleos Mexicanos por permisos de construcción, operación y desmantelamiento de instalaciones, así como por la revisión y verificación de pruebas hidrostáticas y de hermeticidad de ductos y circuitos en materia de refinación de petróleo, elaboración y procesamiento del gas y petroquímicos básicos.

También el derecho de sanidad agropecuaria por el certificado fitosanitario o zoosanitario de liberación al medio ambiente de organismos manipulados genéticamente y el trámite denominado Propuesta de condiciones particulares de manejo de residuos peligrosos.

El dictamen de la Comisión de Hacienda estima conveniente modificar el esquema de pago de derechos por inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las Sociedades de Inversión Bancaria con respecto al Fondo de Vivienda Militar.

Señala que es de especial interés para la Comisión de Hacienda que las aeronaves nacionales o extranjeras que presten servicios de búsqueda o salvamento, auxilio en zonas de desastre, combatan epidemias o plagas, estén destinadas a la salvaguarda de las instituciones, seguridad nacional y combate al narcotráfico, no cubran el derecho relativo a la autorización de extensión de horario en los aeródromos civiles, a fin de facilitar sus actividades.

Los diputados aceptaron que es adecuado homologar la Ley Federal de Derechos con el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.

En materia hidríca, la Comisión de Hacienda consideró procedente modificar la mecánica de pagos provisionales y la declaración anual se ajuste por la de pagos trimestrales definitivos, a efecto de agilizar y fortalecer el ejercicio de las facultades de fiscalización de la Comisión Nacional del Agua con la intención de simplificar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

De igual forma, señaló que tiene conocimiento de que el flujo de turistas internacionales creció en 19 por ciento con respecto a 2009, lo que ha implicado una mayor actividad de vigilancia del Instituto Nacional de Migración (INM) para garantizar seguridad en la internación de extranjeros.

En este sentido, aceptó conveniente incrementar la cuota prevista en la fracción I del artículo 8º de la Ley Federal de Derechos a la cantidad de 400 pesos, lo que permitirá que por un lado el Estado recupere los costos de los servicios migratorios prestados a turistas extranjeros y por otro, que el turista reciba servicios adecuados y modernos al momento de ingresar al país.

El dictamen establece que no pagarán dicha cantidad los turistas que visiten el país por vía terrestre, cuya estancia no exceda de siete días. Para el caso de que así sea el derecho se pagará al momento de la salida del territorio nacional.

Concluye que los ingresos que se obtengan por este derecho se destinarán en un 15 por ciento al INM, 65 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México, 10 por ciento al Fondo de Fomento al Turismo y 20 por ciento a las entidades federativas en donde se genere ese derecho.

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