De mantenerse las actuales tendencias socio demográficas del país, al finalizar 2010 habría 29 mil 310 niñas, niños y adolescentes en alguna de las 657 casas de asistencia de la República, donde se encuentran los infantes que por diversas causas no viven con su familia.

Algunos estudios señalan que la niñez privada del cuidado parental constituye uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, debido a que la pérdida o separación tiene un enorme impacto en su vida, dado que queda carente de un entorno protector.

Ante ello, la diputada María Joann Novoa Mossberger (PAN) presentó un punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal para que establezcan y refuercen los mecanismos de supervisión del funcionamiento de las instituciones que tienen menores a su cargo.

La legisladora argumentó que niñas y niños en estas condiciones pueden sufrir discriminación social y cultural; además, a menudo se les niega el acceso a la educación, asistencia social y médica. “En muchas ocasiones carecen de acta de nacimiento, lo cual incrementa todavía más su vulnerabilidad”.

Solicitó a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fortalecer los marcos legales, con el propósito de prevenir y sancionar las irregularidades que se presentan en las instituciones públicas y privadas que tienen a su cargo a los infantes.

Igualmente, pidió se impulsen políticas públicas para que las niñas, niños y adolescentes vivan en un ambiente seguro y saludable. “Es responsabilidad del Estado proporcionar la asistencia para que la niñez privada de su medio familiar crezca en un ambiente sano”.

Novoa Mossberger manifestó que se requiere aprobar un programa para reforzar y aumentar las oportunidades para que esta población tenga otros tipos de tutela, “promulgando leyes eficaces, fortaleciendo otro tipo de estructuras familiares, capacitando al personal y asignando más recursos a los órganos pertinentes”.

Subrayó que instituciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México han corroborado que el gobierno federal carece de los registros completos de niñas y niños institucionalizados en albergues y casas hogar, tanto públicos como privados, motivo por el cual se encuentran en una total desprotección y expuestos a situaciones irregulares.

El punto de acuerdo, que fue turnado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis, refiere que casos recientemente suscitados en nuestro país, de gran difusión mediática a nivel nacional e internacional, han evidenciado la ausencia de políticas públicas integrales que garanticen a los menores no ser separados de sus familias y en caso de que así ocurra vivan en un ambiente seguro.

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