El 90 por ciento de la actual oferta laboral no contempla contratar a personas mayores de 35 años y del 10 por ciento restante sólo 2.7 por ciento son empleos formales, en su mayoría como guardias de seguridad o personal de limpieza.

Ante ello, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el diputado Tereso Medina Ramírez (PRI), aprobó un dictamen con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades laborales, de los ámbitos federal y local, a instaurar las acciones necesarias para prevenir la discriminación a las personas mayores de 40 años.

En el punto de acuerdo se señala que según cifras oficiales, durante el primer trimestre de 2009, se registró la mayor tasa de desempleo en personas de 40 a 49 años, lo que resulta alarmante debido a que en su mayoría son el sostén económico de las familias.

Se destaca que actualmente 40 por ciento de la población tiene entre 35 y 59 años de edad, por lo que ante la imposibilidad para encontrar un trabajo acorde con sus habilidades y necesidades tres millones migrarán de sus localidades en busca de empleo.

Detalla que un millón de ellos buscarán instalarse en la frontera norte, otro millón transitará hacia Estados Unidos y un millón más se dirigirá hacia el Distrito Federal, Jalisco y Veracruz.

Durante la reunión ordinaria de la comisión se avalaron otros 15 dictámenes con punto de acuerdo; el primero, solicita al titular de la STPS tome las medidas conducentes para asegurar que todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta tenga condiciones dignas de trabajo y cuente con la protección social que le permita afrontar los riesgos laborales inherentes a su empleo.

El segundo exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que a partir del 2010 traslade a los municipios turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulúm, Quintana Roo, del área geográfica “C” al área geográfica “A” en materia de salarios mínimos.

El tercero pide a los secretarios de Salud de Michoacán, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Distrito Federal y Tabasco, respeten la toma de nota otorgada al Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores de la Salud y a sus secciones.

El cuarto solicita a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos realice los estudios pertinentes para reclasificar al municipio El Carmen, Campeche, ubicándolo en el área geográfica “A”, en atención al impacto de la explotación petrolera en la economía de la localidad y en el costo de la vida de las familias.

El quinto exhorta a la STPS a constituir una mesa de diálogo entre las denominadas “representantes” al servicio de Avon Cosmetics, S. A. de C. V. y ésta empresa, a efecto de que les sea reconocida su calidad de trabajadores, con respeto a todos y cada uno de sus derechos laborales, así como a ser afiliadas, sin distingos, al régimen obligatorio del IMSS.

El sexto pide al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) establecer una mesa de diálogo con la representación de los trabajadores para atender la problemática laboral y los despidos en el Instituto.

El séptimo exhorta al ejecutivo Federal para que instrumente de manera responsable más acciones dirigidas a todos los sectores laborales de riesgo, donde se explota de manera regular a menores de edad.

El octavo solicita al director general del Banobras respetar de manera irrestricta la libertad de asociación de los trabajadores de la banca de desarrollo en la Federación Mexicana de Sindicatos del Sistema Financiero y a detener el hostigamiento laboral contra el Comité Ejecutivo del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Banobras.

Otro exige la libertad de los mineros de Cananea y Esqueda, Sonora, así como una solución definitiva al conflicto laboral con base en el respeto a sus empleos, contrato colectivo de trabajo y sindicato.

Uno más exhorta al ejecutivo Federal firme a la brevedad el Convenio 183 sobre la Protección de la Maternidad, de la Organización Internacional del Trabajo.

Un punto de acuerdo más solicita al ejecutivo Federal firme a la brevedad el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadores con responsabilidades familiares.

Otro dictamen pide al Presidente y a la Junta de Gobierno del Inegi inicien los ajustes presupuestales y administrativos conducentes para resarcir el poder adquisitivo del personal técnico operativo de base, de confianza y eventual, que labora en el Instituto, así como su profesionalización.

Uno más exhorta al INFONAVIT a instruir a los despachos externos que ha contratado cesen el hostigamiento y amenazas hacia los trabajadores por el cobro de créditos otorgados.

También se avaló el punto de acuerdo que pide a los titulares de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, implementen acciones coordinadas de inspección, a fin de constatar el incumplimiento de las disposiciones laborales a bordo de los buques y plataformas.

El último solicita al ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, realizar las acciones necesarias para que a todos y cada uno de sus trabajadores les sean proporcionadas las prestaciones de ley, tal como lo establecen los artículos 115 y 123 constitucionales.

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