La Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales, se reunió con el titular de la FEPADE, José Luis Vargas Valdez, quien pidió reformar el marco legal en la materia para blindar las campañas y precampañas de la intromisión de la delincuencia organizada.

En la reunión presida por la diputada Sonia Mendoza Díaz, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) precisó que el objetivo de la reforma es sancionar el uso de recursos de origen ilícito, públicos o de cualquier índole; penalizar la desviación de programas sociales para apoyar actos político-electorales y sancionar la comercialización de la información contenida en el padrón electoral.

Vargas Valdez explicó que la FEPADE busca proteger el desarrollo de los procesos electorales del próximo año, para generar mayor certeza y confianza en las instituciones, así como fomentar la participación ciudadana en los procesos democráticos.

Con ese objetivo, agregó, se ha diseñado una estrategia de atención que se despliega en cuatro programas: con gobiernos estatales y municipales; bases de colaboración interinstitucional; con organismos electorales y con organizaciones de la sociedad civil.
La reunión se llevó a cabo para conocer el plan de trabajo de la Fiscalía referente al pasado proceso electoral y al de 2011.

La diputada Sonia Mendoza Díaz señaló que la preocupación de la Comisión a su cargo es promover la cultura de denuncia, “que es un tema que carecen los mexicanos, no nada más en materia electoral, sino también en otros temas que impiden avanzar”.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) señaló que es importante la participación directa de la FEPADE en los procesos estatales del próximo año. Pidió integrar las averiguaciones y darles persecución.

En tanto, el diputado Domingo Rodríguez Martell (PRD) señaló que la institución no ha tenido un buen resultado. “Necesitamos hacer reformas para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la FEPADE sean independientes”.

En su turno, la diputada Caritina Sáenz Vargas (PVEM) dijo que se tiene que ser más drásticos con las sanciones, así como con las penas para los partidos políticos.

La diputada Laura Arizmendi Campos (Convergencia) consideró que el proceso de las denuncias es muy tardado y “quizás algún delito contribuyó a que un candidato ganara”.

El titular de la FEPADE informó que durante el proceso electoral local en 2010, la fiscalía registró 155 denuncias y 159 delitos. Los principales estados fueron Puebla con 47 denuncias; Veracruz, 29; Oaxaca, 16; Yucatán, 10; Chiapas, 9; Chihuahua, 9 y Zacatecas con 9 denuncias.

Precisó que de las 155 denuncias registradas sólo dos fueron consignadas y 104, es decir el 67 por ciento, aún se encuentran en proceso de integración de la averiguación previa.

Mientras que de los 159 delitos electorales registrados, el 54 por ciento corresponde a conductas relacionadas con sanciones a situaciones de compra y coacción del voto; 27 por ciento, con quien vote más de una vez, recoja credenciales para votar, destruya o altere documentos o solicite votos por paga .

Mencionó que hubo 235 personas denunciadas, de las cuales 52 por ciento corresponden a servidores públicos; 13 por ciento a funcionarios de partidos políticos; 18 por ciento a particulares y el 17 por ciento a quien resulte responsable.

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