La presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, diputada Alma Carolina Viggiano Austria, señaló que pese a que dentro de la propuesta presupuestal para 2011, existen varios programas vinculados a la prevención social de la violencia y la delincuencia, están desarticulados y carecen de una política transversal.

Destacó que 24 dependencias y 140 programas con recursos federales tienen implicaciones directas o indirectas con la prevención social de la violencia y la delincuencia. Es decir, del gasto total propuesto, cuando menos el 3.8 por ciento incide en el tema.

Propuso que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere un artículo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, que fije lineamientos generales que doten de integralidad la ejecución de los programas vinculados a la prevención social de la violencia y la delincuencia.

Viggiano Austria dijo que la inseguridad constituye uno de los grandes retos que México debe afrontar con corresponsabilidad y visión de Estado, pues en los últimos años la violencia y la delincuencia han presentado incrementos alarmantes que ponen en jaque a las instituciones y generan graves problemas económicos y sociales en las familias.

Indicó que en México se registran anualmente alrededor de 12 millones de delitos, de los cuales sólo millón y medio se denuncian ante el Ministerio Público. Se consignan 250 mil y únicamente 190 mil obtienen sentencia condenatoria. Es decir, tan sólo el 1.5 por ciento de los delitos cometidos se sancionan.

Destacó que la violencia y la delincuencia se vive con intensidad según el estado y el grupo social al que se pertenezca y que los hechos violentos tienen lugar no sólo en la calle como actos aislados, sino en entornos familiares, escolares y laborales.

Los lineamientos que propone, indicó, permitirán que todos aquellos programas vinculados a la prevención sean desarrollados tomando en cuenta los grupos prioritarios a los que se enfocarán.

De igual modo, se generará el desarrollo de estrategias y acciones de prevención social en la aplicación de los recursos públicos en los programas respectivos y habrá un monitoreo y evaluación.

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