La Comisión Especial de Seguimiento a las evaluaciones practicadas a los programas que conforman el Programa Especial Concurrente para el Campo, que preside Federico Ovalle Vaquera (PRD), pugna por una distribución equitativa presupuestal al campo ya que la mayoría de los 20 millones de campesinos quedan fuera de los apoyos de programas del gobierno.

Actualmente –agregó- el 80 por ciento de los recursos se destinan a cerca de 150 mil grandes productores de cinco estados del norte del país.

En el foro en el que la Comisión atendió las propuestas de organizaciones campesinas y estudiantes de la Universidad de Chapingo, Ovalle Vaquera, precisó que la propuesta del Ejecutivo en el Proyecto de Egresos de la Federación 2011 (PEF) es de poco más de 259 mil 800 millones de pesos.

Precisó que si se considera la inflación del 4 por ciento, en términos reales ese monto supera los 249 mil 800 millones de pesos respecto a 2010. El planteamiento de la Comisión –dijo- es que se incremente y se ubique en 295 mil millones de pesos.

Enfatizó que el proyecto del Ejecutivo castiga el gasto productivo, al reducirse en cerca de 8.5 por ciento, en tanto que el gasto asistencial se incrementa en 24 por ciento.

Esta descompensación entre gasto productivo y social se espera sea resuelta por los diputados, expuso.
Especificó que el PEF 2011 prevé desaparecer a dos programas al pasar de 16 a 14 con 9 vertientes. Se trata de los programas de atención a contingencias climatológicas y el programa de fortalecimiento a la organización rural, en donde algunos de sus componentes pasaron a formar parte de los programas que permanecen.

En el caso de la nueva estructura programática dada a conocer por la Secretaría de Agricultura, se trata de una compactación de 8 a 6 programas, pero que seguramente obligarán a modificar las reglas de operación y su consecuente reorientación como política pública, explicó.

Enumeró que hay programas importantes que llegan a personas de bajos recursos, como el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (Fappa), a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que en 2010 tuvo una partida presupuestal de 770 millones de pesos y la propuesta del Ejecutivo es reducirle el 59 por ciento.

Para el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), también de la SRA, la propuesta del Ejecutivo es disminuir sus recursos en 20 por ciento.

El Programa de Vivienda Rural, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedesol) a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) queda en cero, sin recursos, no obstante que fue un gran logro en 2003, cuando se firmó entre todas las organizaciones del campo y el gobierno.

Al programa Activos Productivos le reducen una cantidad fuerte. Mientras que a otro denominado de Apoyo a Zonas Marginadas de la Secretaría de Economía y que se maneja a través del Fondo de Empresas en Solidaridad (Fonaes) tiene para este año 770 millones de pesos y proponen disminuirlo a 400 millones de pesos.

El diputado Ovalle Vaquera resumió que el PEF 2011 busca desaparecer o bien reducir algunos programas de las Secretarías de Agricultura, Reforma Agraria, Economía, Medio Ambiente, y la de Desarrollo Social, que llegan a los pequeños y medianos productores. Lo que debe de hacerse es fortalecerlos, consideró.

Esas pretensiones son un contrasentido si se consideran las difíciles condiciones del campo y el desempleo que registra, y que en los últimos seis años afecta al 20 por ciento de los que antes tenían trabajo, unas 6 millones de personas, señaló.

Mencionó otro apoyo que para 2010 será de 10 mil millones de pesos en lo que se conoce como el precio objetivo y que se da a los productores para compensar la pérdida que pudiera tener el valor de la cosecha en relación con el valor internacional.

“Pensamos que programas como éste no tienen sentido porque se quedan en tres estados: Baja California, Sinaloa y Tamaulipas y no apoyan a todos los productores de esos estados, sino a unos cuantos”, externó.

“Considero que se le pudiera quitar la mitad a este programa para canalizarlo a otros programas que son más del sector productivo del campo y para productores pequeños y medianos”, subrayó.

El PEF 2011 plantea asignar 7 mil millones de pesos para atender Zonas Prioritarias, que no tiene sentido y que, por cierto, no trae programas. Estos recursos –opinó el legislador- debieran estar etiquetados en programas específicos de fomento a la actividad productiva.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (PRD) manifestó que si se asigna la mayor parte de recursos presupuestales a pequeños productores, el campo será una palanca de desarrollo para el país.

Si además se vinculan instituciones de educación superior e instrumentar nuevas tecnologías en el campo para reducir costos y hacer más productivo al sector rural, y se otorga financiamiento a pequeños productores que representan el 80 por ciento, se lograría reactivar la economía y se detonaría el empleo, puntualizó.

Federico Ovalle Vaquera enfatizó que a la Universidad de Chapingo se le pretende recortar 600 millones de pesos al pasar de 2 mil 24 millones de pesos a mil 400 millones para 2011.

Se requiere mayores recursos para esta institución de educación superior para el proyecto de creación del Centro Nacional de Bioenergéticos, así como aumentar su matrícula de estudiantes y crear más comedores.

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