Con el objetivo de reducir la tasa del Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE) del 3 al 2 por ciento y ampliar el monto máximo libre de gravamen a 30 mil pesos, el diputado Sergio Lobato García (PRI) planteó reformar los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Consideró que con la reforma podrían recaudarse cerca de 18 mil millones de pesos, lo cual se debería a que los contribuyentes tendrían mayor margen en el límite de depósitos y la tasa gravable se reduciría, por lo que buscarían hacer uso en mayor proporción de los sistemas financieros del país, así como el aumento en la confianza en ellos. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Sancionar a quien divulgue imágenes de red pública

La diputada María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza) propuso adicionar un artículo 211-Bis 8 al Código Penal Federal para sancionar de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 300 días multa, a quien revele, divulgue, utilice, circule o publique cualquier información videograbada, fotografías, filmaciones e imágenes obtenidas de una red pública o privada de telecomunicaciones, de sistema de cómputo, electrónicos o sucedáneos de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad de comprender el significado para resistirlo.

Además, si la información es utilizada para cometer los delitos de violación, secuestro, robo, extorsión y fraude, la pena de prisión será de 4 a 6 años y la multa de 200 a 500 días, independientemente de las penas en que incurran por los delitos cometidos. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Crear organismo que atienda funciones de LyFC

A la Comisión de Energía se turnó la iniciativa del diputado José Narro Céspedes (PRD) que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a fin de crear un nuevo organismo descentralizado que atienda las funciones que le correspondían a Luz y Fuerza del Centro.

La reforma, dijo, plantea que para la prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la nación, éste estará a cargo de un sistema federal de electricidad, el que se integrará por dos organismos públicos descentralizados. El primero denominado Comisión Federal de Electricidad, y el segundo, Comisión de Electricidad del Centro.

Ejecutivo federal no podrá realizar observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del grupo parlamentario del PRD, presentó una iniciativa para reformar el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo que el Ejecutivo federal no pueda realizar observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación.

La iniciativa propone que en caso de que retorne el proyecto de presupuesto será discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por la mayoría del número total de votos y no por las dos terceras como establece actualmente la Constitución, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Se canalizó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Crear impuesto por emisiones para vehículos particulares

Con el propósito de favorecer la mitigación de emisiones del sector transporte, el diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, integrante del grupo parlamentario del PVEM, presentó una iniciativa que establece lineamientos para aplicar un impuesto sobre emisiones de vehículos particulares.

El Impuesto se pagará anualmente, siguiendo los procedimientos que cada entidad federativa establezca para tal efecto, conservando facultades para establecer contribuciones adicionales al impuesto, en función de las emisiones de carbono. Se envió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Eutanasia a solicitud del paciente terminal

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó una iniciativa que reforma artículos de la Ley General de Salud, para garantizar una muerte en condiciones dignas a los enfermos en situación terminal.

La iniciativa establece que cuando el enfermo se encuentre en una situación de sufrimiento insoportable, pueda solicitar de forma voluntaria al médico la eutanasia, tomando una segunda opinión que certifique que se cumplen los requisitos para aplicarla, lo anterior con el propósito de poner fin a una condición de sufrimiento. Se turnó a la Comisión de Salud.

Ampliar periodo de gobierno de ayuntamientos

Con el objetivo de ampliar el periodo de gobierno de los ayuntamientos a cuatro años, el diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar (PRI) planteó reformar los artículos 115 y 116 de la Constitución Política.

Precisó que actualmente el periodo es de tres años y la ampliación permitiría generar mejores condiciones para llevar a cabo las etapas del proceso administrativo, lo que impactaría directamente en el logro de las metas y objetivos que se plantean los gobiernos municipales, impulsaría el desarrollo económico y social, al mismo tiempo que contribuiría a la fiscalización y rendición de cuentas.

Determinar gastos en fondos federales

La diputada Gabriela Cuevas Barron (PAN) planteó reformar diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal para determinar los conceptos de gastos autorizados en los distintos fondos federales que son transferidos a las entidades federativas y al Distrito Federal, a fin de evitar que se incluyan pagos de servicios personales y demás erogaciones de gasto corriente. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Participación de particulares en construcción de centros penitenciarios

La Comisión de Gobernación analizará la iniciativa de la diputada Adriana Sarur Torre (PVEM) que reforma la fracción XXIII del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de dotar de facultades a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que promueva y dirija la participación de los particulares en la construcción, operación y administración de centros penitenciaros.

Fondos de prevención de desastres naturales

Con el objetivo de crear los Fondos Estatales de Prevención y Atención de Desastres Naturales, así como para modificar la fórmula conforme a la cual se distribuirá el Fondo General de Participaciones, la diputada Gabriela Cuevas Barron (PAN) presentó una iniciativa que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Reos determinarían a qué centro los podrían enviar

A la Comisión de Justicia se remitió la propuesta de la diputada Adriana Sarur Torre (PVEM) que reforma los artículos 24 y 25 del Código Penal Federal, la cual busca que los reos puedan determinar a qué centro los envíen.

Lo anterior, con el objetivo de poder llevar a cabo dicha actividad penitenciaria no sólo como castigo o beneficio a su sentencia, sino como un modelo eficaz y eficiente para su reinserción social. También se propone reintroducir como una pena y medida de seguridad el trabajo penitenciario.

Que tratados sean ley suprema

La diputada Leticia Quezada Contreras (PRD) presentó una iniciativa que adiciona el artículo 133 de la Constitución Política, para establecer que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la unión.

Además, que los jueces y autoridades administrativas de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. En materia de derechos humanos, la aplicación de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano será obligatoria para jueces y autoridades administrativas. Se canalizó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Valuadores independientes

La Comisión de Economía analizará la iniciativa del diputado Carlos Luis Meillón Johnston (PAN) que busca reformar el artículo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para eliminar el requisito de que los valuadores independientes deberán estar autorizados por la Comisión Nacional de Valores a realizar avalúos.

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