La Comisión de Seguridad Pública, que preside José Luis Ovando Patrón (PAN), recibió un documento firmado por 164 organizaciones de la sociedad civil, denominado Propuesta ciudadana de política de seguridad integral, democrática y con enfoque de derechos humanos.

Proponen consensar una agenda legislativa para una política de Estado de Seguridad Pública; la creación de un órgano de inteligencia de Estado que permita contar con información estratégica para combatir a la delincuencia organizada, sin sesgo político.

Plantean que es obligación del Estado garantizar y respetar los derechos humanos de la población; la creación de diversos mecanismos de participación y control ciudadano sobre el sistema policial y la política de seguridad pública.

Subrayan la urgencia de avanzar en la implementación de la reforma de justicia, otorgando el presupuesto necesario para ello.

Piden instaurar un fondo para la mitigación de los efectos sociales de la violencia y políticas en materia de prevención del delito; medidas para mejorar las condiciones de vida en los penales y evitar que las cárceles sean una “escuela del crimen”.

Todo ello en el marco de un concepto de seguridad amplio, democrático y orientado a promover el desarrollo pleno de las personas donde se aseguren el derecho a una vida sin violencia, se enfatiza.

El documento de las organizaciones ciudadanas señala la relevancia de buscar certificar policías; establecer mecanismos para planear, monitorear y evaluar políticas públicas de seguridad; lograr la independencia de los Ministerios Públicos del Ejecutivo; evitar que las políticas en los tres órdenes de gobierno tengan un enfoque reactivo y sea preventivo.

En cuanto a la reforma de la policía, menciona la necesidad de establecer mecanismos de presencia y control ciudadanos sobre las instituciones policiacas para que su funcionamiento se rija por la rendición de cuentas, la transparencia y la reducción de la discrecionalidad.

Otro aspecto destacado por los representantes de la sociedad civil fue la reforma al Código Federal Penal, con el objetivo de reducir penas e impulsar alternativas de prisión en el caso de delitos menores, no graves, muchos de ellos sólo son faltas administrativas.

Ello conllevaría a crear sistemas efectivos de penas alternativas, en los que se incluya un catálogo de las mismas y se asigne un presupuesto necesario para llevarlas a cabo.

Dentro de las organizaciones cuyos representantes acudieron a la reunión, destacan México SOS, Fundar-Centro de Análisis e Investigación, la Red de Especialistas en Seguridad Pública, México Unido contra la Delincuencia, Integrantes de la Red Nacional de Todos los Derechos para Todos y Todas, Alto al Secuestro, Cauce Ciudadano, así como académicos del CIDE, UNAM, ITAM e UIA.

El diputado Ovando Patrón refrendó su compromiso de atender las propuestas. Mencionó que la mayoría de los planteamientos son coincidentes con algunas iniciativas de ley de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Convergencia, “las cuales se agilizarán para que lo más pronto posible se dictaminen en la Comisión de Justicia y de ahí pasen al pleno de la Cámara de Diputados”.

Destacó la necesidad de contar con un Código Penal Unificado en los estados, ya que tiene mucho que ver en el aspecto de impunidad que se genera a la hora de perseguir el delito; “porque si hay diferencias entre los Códigos Penales, a la hora de aplicar la ley puede haber rendijas, vacíos, lagunas, que son aprovechados por los criminales para intervenir con un amparo y con ello lograr la libertad, aunque sea bajo caución y se fugan”.

“Se buscará no sólo revisar el Código Penal sino el de Procedimientos Penales para que no exista la posibilidad de que se den más lagunas en un proceso y que con ello se vean afectados los derechos de las víctimas”, puntualizó.

Se trataría de fortalecer y reformar a los Ministerios Públicos para concederles autonomía de gestión y presupuestaria, con rendición de cuentas permanente para garantizar la eficiencia y transparencia de su actuación, indicó Ovando Patrón.

La propuesta ciudadana tendrá respuesta con el trabajo legislativo, a fin de contribuir a resolver de manera efectiva y coordinada la crisis de inseguridad y violencia que se vive en el país, subrayó el diputado Eduardo Yáñez Montaño (PRI).

Informó que desde hace años el 98.5 por ciento de los infractores de delitos del fuero común quedan sin castigo.

“Están sin ejecutar 826 mil órdenes de aprehensión. Si no hay castigo al delincuente, las conductas son repetitivas”.

Mencionó que de acuerdo a la Encuesta de Victimización se registran al año 2 millones de delitos, de los cuales 98.5 por ciento quedan en la impunidad; en secuestro es del 99.9 por ciento.

La diputada Teresa Incháustegui Romero (PRD) consideró que hace falta profundizar en la perspectiva de género en seguridad pública.

La diputada Teresa Ochoa (Convergencia) dijo que existe una iniciativa de su partido para que con los bienes incautados al crimen organizado se cree un fondo para acciones de prevención del delito, medidas de seguridad e inteligencia y para la reparación del daño.

El diputado Manuel Acosta Gutiérrez (PRI) consideró que es importante que la sociedad civil tenga empoderamiento para avanzar en las reformas penales, como ha sucedido en otras naciones.

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