A días de que se cumpla un año de la sentencia de la Corte Interamericana para dar con los culpables –el 10 de diciembre-, del caso González y de las tres jóvenes asesinadas de Campo Algodonero no se ha resuelto, sigue impune.

Así lo destacó la diputada Teresa Incháustegui Romero (PRD), presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México.

Destacó que la sentencia de la Corte Interamericana en el caso del Campo Algodonero, sobre los asesinatos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monarrez y Esmeralda Herrera Monreal, no sólo alcanza al gobierno de Chihuahua sino al Estado Mexicano.

El organismo internacional de justicia, manifestó que el Estado mexicano cometió violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Al presentar el libro “Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Peritaje del caso Campo Algodonero contra México”, enfatizó que la Comisión Especial Contra Feminicidios asumió la sentencia de la Corte Interamericana como guía de trabajo.

Sobre el caso de Campo Algodonero, dijo que los avances no son muy alentadores; las autoridades responsables de su cumplimiento que son los gobiernos estatal y federal en distintas dependencias, no han presentado culpables.

Ambas instancias hablan de distribución de competencias, “que finalmente yo digo que son de incompetencias, porque cada quien se declara incompetente para resolver, lo cual nos tiene preocupados”.
“Acaba de estar una misión internacional analizando avances y preparamos un evento importante para el 29 de noviembre en la Universidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, entidad en la que no hay ley, ni estado, sólo violencia; llegamos con un balance desalentador”.

Hizo un llamado “a twitteros a invadir ese espacio para enviar mensajes al gobierno y que se le diga que tiene que hacer algo efectivo, ya que priva la impunidad; no obstante la sentencia de la Corte Interamericana, hay carta de naturalidad a la violencia femenicida”.

La diputada Teresa Incháustegui planteó que todos los Estados debieran adoptar al menos 10 de los 26 resolutivos de la Corte Interamericana, entre ellos: Contar con un Registro de Femenicidios, porque precisamente un aspecto que refleja discriminación es la invisibilidad.

Por desgracia, a partir de que vivimos “un tsunami de violencia” y que contamos con miles de muertas, no hay una investigación detallada sobre las verdaderas causas de sus asesinatos, a fin de tener mayores elementos para prevenir ese tipo de hechos delictivos, agregó.

Es importante –indicó- contar con un Registro estandarizado entre las diferentes entidades federativas, ya que muchos casos no pueden ser comparables entre los estados.
Por ello es importante lograr una convocatoria de Procuradores estatales para que asuman el compromiso de estos registros, apuntó.

Mencionó que se requiere tener Investigaciones y Protocolos con Perspectiva de Género, ya que hay riesgo de que los peritos criminalicen a la víctima.

Es de relevancia que los 32 estados –expuso- cuenten con un Banco de Registro Genético Forense, ya que en el país cada año hay entre 4 mil y 5 mil cadáveres que no son identificados y unos 3 mil 500 terminan en la fosa común, de acuerdo con la Cruz Roja.

Para el próximo periodo ordinario en 2011 se impulsarán iniciativas con este tipo de temas, así como tener un mecanismo de búsqueda inmediato que es parte de la rendición y tipificación de femenicidio, adelantó la diputada Teresa Incháustegui.

Se buscarán acuerdos con Procuradores para que abran sus archivos y se formen equipos de especialistas con formación universitaria e interdisciplinaria, externó.

La sentencia es un instrumento importante por cuanto hace justicia en derechos humanos de las mujeres, en particular el derecho a la vida, la justicia, a la reparación del daño, a la verdad a la vida libre de violencia, puntualizó.

La representante de la Fundación de Mujeres de la ONU, Ana Güezmes García, dijo que Naciones Unidas se une al esfuerzo del poder legislativo mexicano impulsando la campaña “Únete para poner fin a la violencia”.

Opinó que la impunidad es una gran barrera para tener acceso a la justicia y el caso Algodonero por el que emitió sentencia la Corte Interamericana, es emblemático de Latinoamérica, ya que la violencia se ha recrudecido en México y la impunidad impera.

Subrayó que la violencia no debe ser tolerada por ningún gobierno o dirigente político. Se mostró partidaria del Día de la Tolerancia, que es un reconocimiento al pluralismo, a efecto de tener un marco de referencia para defender los derechos humanos.

Andrea Medina Rosas, que funge como Enlace en la Ciudad de México de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, dijo que el libro contiene varios documentos importantes, uno es la sentencia completa del caso González y del caso campo Algodonero.

En este trabajo, explicó, la Red hizo un documento de interpretación y de análisis y es la primera publicación completa de la sentencia que incluye un peritaje, que es de los más importantes y que realizó la doctora Marcela Lagarde, en donde se expone un debate y da elementos de qué significa el derecho a una vida libre de violencia.

Es un peritaje donde se argumenta las facultades y el trabajo que ha hecho el poder legislativo hasta marzo del 2009 en torno a la violencia feminicida.

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