Existen 2 millones de trabajadoras del hogar que demandan tener acceso a la seguridad social, lo que implica un problema real para las finanzas públicas de este país, afirmó el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica.

Durante el foro El Derecho a la seguridad social de las trabajadoras del hogar, el funcionario destacó que la LXI Legislatura tiene la gran oportunidad de modificar las leyes, a fin de otorgarles certeza jurídica.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Especial Sobre la No Discriminación, diputada Claudia Anaya Mota (PRD), aseveró que las trabajadoras del hogar tienden a sufrir actos de violencia, debido a que laboran en espacios privados. “Son víctimas de explotación, bajo salario, abuso físico y sexual, derivado de la falta de certeza jurídica”.

Destacó que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se aprobó que los trabajadores de la Cámara de Diputados cuenten con seguridad social, “ya que actualmente muchos de ellos no tenían acceso a esta prestación”.

Esto habla, dijo, de que en el Congreso estamos reflexionando sobre las necesidades de los trabajadores. “Y no sólo eso, estamos dando los primeros pasos que es dar certeza laboral, por lo que esperemos que antes de que termine este periodo podamos ayudar a las trabajadoras del hogar”.

Explicó que la actual legislatura trabaja en un dictamen que dé seguridad social a las trabajadoras del hogar. “Se busca que todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos y que no exista discriminación por formar parte del servicio doméstico de una casa”.

En su participación, Ricardo Bucio Mújica señaló que existen tres dificultades que se deberán afrontar para lograr el acceso a la seguridad social para este sector.

“La primera tiene que ver con las finanzas públicas. Darle espacio a un nuevo grupo de trabajadores dentro de la seguridad social implica recursos públicos básicamente para pensión y jubilación, que no tiene hoy en día el Instituto”.

La segunda, agregó, es el hecho de que se tiene que crear un mecanismo diferenciado para regular la acción del particular, quien es el empleador, el cual no es el mismo que existe para las personas morales.

“La tercera es la movilidad de este tipo de empleo y la posibilidad de que tengan uno o más empleadores y que, además, no coticen por semana, sino que haya mecanismos de cotización diferenciados”.

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