Al inaugurar el seminario La trata de personas y la demanda como delito, la diputada Rosi Orozco (PAN), presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata, dijo que se tiene registrado que en 21 estados hay turismo sexual.

Añadió que el problema debe abordarse integralmente, reconociendo que las víctimas generalmente viven en condiciones de pobreza, desigualdad y marginación.

Admitió que aún hay mucho por hacer para lograr la erradicación de este problema, por lo que los integrantes de la comisión seguirán trabajando, a fin de dotar de herramientas legislativas a los operadores de la ley y posicionar este tema en la agenda del gobierno federal y en el de las entidades federativas.

La secretaria de este órgano legislativo, diputada Araceli Vázquez Camacho (PRD), afirmó que la ley de la oferta y la demanda está permitiendo que los cárteles logren fortunas estratosféricas mediante el comercio de seres humanos.

La legisladora destacó que según la Organización Mundial del Trabajo, 98 por ciento de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas.

Explicó que para erradicar esta problemática Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia establecieron una nueva estrategia, “criminalizar a quienes solicitan los servicios de prostitutas”.

En esos países, agregó, las autoridades aseguran que desde que empezaron a multar y encarcelar a los clientes que contrataran los servicios sexuales, las redes de explotación han comenzado a retirarse.

“Es importante revisar qué se está haciendo en otras fronteras, pero también es necesario rescatar el valor del trabajo de lo que estamos haciendo aquí en México; de manera específica el trabajo del Poder Legislativo”.

A su vez, la diputada María Elena López Loyo (PRI) precisó que la protección a las víctimas de explotación sexual y trata de personas debe ser una prioridad para el Congreso.

“Debemos trabajar a fin de elaborar un marco legal que genere políticas y procedimientos eficaces para prevenir este delito, tipificarlo, perseguirlo y sancionarlo; asimismo, para prestar atención, protección y asistencia a las víctimas”.

El diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN) subrayó que a la par de la tipificación se requieren políticas públicas para cambiar la visión de esta problemática; “también es un asunto cultural; existe el pensamiento de que la víctima disfruta vender su cuerpo”.

Es importante, señaló, impulsar las reformas constitucionales correspondientes, sin olvidar que se requieren otras modificaciones legales, como suscribir como delito el consumo de prostitución y seguir explorando las diferentes alternativas a partir de las experiencias en otros países.

En su oportunidad, la embajadora de Suecia en México, Anna Lindstedt, manifestó que la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual son obstáculos severos para la igualdad social entre hombres y mujeres; “además, estos actos son considerados violadores de derechos humanos”.

Aclaró que la ley en su país criminaliza al comprador de sexo; “es penalizado conseguir una relación sexual ocasional a cambio de remuneración; el código penal contempla una multa o hasta 6 meses de cárcel”.

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