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Boletín N°. 2511 Situación económica nacional, Ciudad Juárez y violencia en San Juan Copala

Durante la sesión de hoy, como parte de la agenda política, diputados de diversos grupos parlamentarios emitieron sus comentarios en relación a la situación económica del país; el estudiante Darío Álvarez, baleado en Ciudad Juárez, Chihuahua y de los asesinatos en San Juan Copala, Oaxaca.

El diputado Alfonso Navarrete Prida (PRI), proponente del tema de la situación económica del país, dijo que uno de los grandes errores, “es que no se ha entendido que la manifestación más dolorosa de la violencia es la pobreza y la inequidad que la acompaña”.

La falta de oportunidades para los niños y jóvenes, mujeres, discapacitados, adultos mayores y comunidades indígenas, ésa es violencia y se genera desde el propio Estado, añadió.

Subrayó que la inaccesibilidad a satisfactores básicos, a vivienda, alimentación, empleo, trabajo, salud de grandes capas de la población, particularmente de los obreros y campesinos, eso es violencia.

Por su parte, el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT) señaló que parte de la injusticia económica es lo que ha generado la violencia, “este desempleo, esta falta de crecimiento tiene su consecuencia”.

El diputado José Narro Céspedes (PRD) consideró que el grave problema económico de México, el desempleo, la falta de oportunidades; la falta de cohesión social; la falta de alternativas para los jóvenes, es la que origina una buena parte del problema de la seguridad. “Se requiere una gran tarea para reconstruir el tejido social del país, porque es un problema de políticas públicas que den certeza de justicia”.

En tanto, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia) refirió que los mexicanos reclaman seguridad, libertad y tranquilidad en la cual la sociedad progrese y lleve un nuevo rumbo.

El diputado Camilo Ramírez Puente (PAN) subrayó que lo difícil es recomponer nuestra sociedad y “creo firmemente que una forma de lograrlo es empezando por el seno de la familia, empezando por nuestros municipios, empezando por los estados y así continuar”. Hizo un llamado de conciliación, colaboración, cooperación y no únicamente de buscar culpables.

Por su parte, la diputada Hilda Ceballos Llerenas (PRI) resaltó que se está destruyendo el tejido social y político, lo que llevará a México a una espiral de violencia interminable. “México necesita paz, armonía, resolver sus diferencias por la vía del diálogo, de la negociación, por la vía institucional”.

El diputado Balfre Vargas Cortez (PRD) señaló que el resultado de lo que hoy se tiene es la consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora el campo está abandonado; la migración se fue incrementando; los estados fueron siendo abandonados y poco a poco la célula básica social se fue desarticulando. “Ahora tenemos que importar, traer de otros lados el grano para seguir alimentando a este pueblo”.

En su turno, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) se pronunció por resolver los problemas sociales, garantizando los derechos económicos, sociales y culturales; mediante la vía presupuestal o la vía de la Ley de Ingresos. “Tenemos que afrontar con medidas efectivas e institucionales un cambio en el Estado y en el orden jurídico”.

La diputada María del Pilar Torre Canales (NA) comentó que además de la delincuencia común, se está en medio de una ola de violencia que afecta a todos, “que daña nuestra economía, competitividad y que tiene a varias entidades de la república en un estado de sitio”. Precisó que los esfuerzos del gobierno federal deben orientarse a impulsar políticas que generen empleo, a fortalecer las instituciones e impulsar el desarrollo.

En su participación, el diputado Ramón Jiménez López (PRD) refirió que en 1982 se hicieron modificaciones a la Constitución Política, con lo que se empezaron a privatizar diversas empresas que siguen siendo estratégicas para el desarrollo del país pero que por definición dejaron de serlo.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) comentó que la gente está pagando impuestos y no se le garantiza su seguridad. “El Estado mexicano no tiene capacidad para darle seguridad a ningún ciudadano de ningún nivel; desde el más pobre hasta el más encumbrado está en la cuerda floja. Tampoco puede darle empleo, educación, alimentación y vivienda”.
En su intervención, el diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (PRI) exigió al gobierno federal celeridad en la investigación del asesinato de Rodolfo Torre, “que se nos informe de los avances y resultados”.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT) mencionó que la escalada de la violencia y el baño de sangre que ahoga a los mexicanos es fruto de la desigualdad, la injusticia social, la pobreza, la marginación y la exclusión.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (PAN) señaló que nadie puede estar de acuerdo con lo que sucede de manera general en el tema de la inseguridad en México. “Pero es la responsabilidad de la seguridad no solamente es del presidente de la República, sino también de los gobiernos estatales; es una responsabilidad compartida”.

Estudiante Darío Álvarez

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), en relación con el estudiante Darío Álvarez, dijo que siguen los asesinatos y desapariciones, así como el deterioro de la vida pública del país.

“Estamos ante una situación de crisis que no se había vivido, un deterioro brutal que además desvía la atención de los problemas económicos, políticos y sociales, así como desempleo y falta de acceso a la educación”, añadió.

Hizo un llamado a los diputados para, como representantes de la nación, hacerse cargo de esta situación; “espero que reaccionemos antes de que sea demasiado tarde”.

San Juan Copala

En el tema de los asesinatos a habitantes del municipio de San Juan Copala, Oaxaca, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (PT) señaló que desde hace varios meses hay prácticamente un genocidio ante esta comunidad triqui.

Exigió el cumplimiento inmediato a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “que las autoridades lleven a cabo las investigaciones exhaustivas, inmediatas e imparciales sobre los hechos de violencia y los ataques que han sufrido los indígenas triquis en San Juan Copala, se hagan públicos los resultados y se lleve a los responsables ante la justicia”.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI) señaló que el Grupo de trabajo para analizar el tema de la violencia en la zona triqui ha implementado diferentes acciones para coadyuvar a resolver este problema.

Se ha solicitado a la Secretaría de Gobernación que informe cuáles han sido las solicitudes de estas medidas cautelares dictadas por alguna organización en materia de derechos humanos y específicamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo jueves 25 de noviembre, a las 10:00 horas.

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