La aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas pondría en riesgo la seguridad nacional, porque “es muy grave que se plantee la subrogación de todos los servicios”, afirmó la diputada Laura Itzel Castillo Juárez (PT), secretaría de la Comisión de Energía.

Durante el “Foro sobre la Ley de Asociaciones Público-Privadas”, la legisladora subrayó que es muy grave que se subroguen los reclusorios por la criminalización que existe en el país y “lo preocupante sería quién va a estar al frente de cada uno”.

Enfatizó que otro tema alarmante es que la información va a estar reservada durante todo el tiempo que dure el contrato, entre 25 y 40 años, que no sólo son para la construcción sino para la prestación de los servicios. “Durante todo ese tiempo habrá opacidad, no habrá transparencia para poder tener la información ya que estos proyectos están reservados”.

Además, cuando sea un asunto de seguridad nacional y la ponga en riesgo, la adjudicación va a ser de manera directa, es decir, se está poniendo en riesgo con una ley con estas características la propia seguridad nacional, puntualizó.

El diputado César Augusto Santiago (PRI) señaló que esta minuta debe ser analizada, porque “no estoy dispuesto a que entremos en una discusión de un esquema de financiamiento como el que propone esta ley si no aclaramos antes qué están haciendo con las instituciones que ya están constituidas”.

Añadió que es un mal precedente que “entremos a ver estos mecanismos que están usando ya algunos para que se pueda lograr una inversión pública o privada y concretar obras importantes”.

Consideró que se deben poner candados a la ley para establecer en dónde se puede y en dónde no. “Habría que poner de manera clara que no se puede en el tema energético”. Además, constituir qué autoridad vigilaría la solvencia de las asociaciones que se pudieran hacer.

La diputada Ifigenia Martínez y Hernández (PT) comentó que esta ley favorece al sector privado y entregar para su gestión sin intervención del gobierno, todo tipo de servicios públicos y la construcción de infraestructura para su operación.

“Se pretende apoyar con la supuesta mayor eficiencia del sector privado en el mercado y en la necesidad de adoptar tecnologías de punta en las actividades gubernamentales para la prestación de servicios públicos”, dijo.

No obstante, agregó, la experiencia ha demostrado en muchas ocasiones el carácter ruinoso de esa participación privada en actividades públicas y “nuevamente trata de ignorar que la tecnología para la construcción y desarrollo de la infraestructura puede adquirirse sin que sea necesario entregar la tasada del león a los negociantes privados”.

Estos contratos, añadió, acabarían con los controles que permiten los regímenes de concesiones y licitaciones, que a pesar de la corrupción que existe, significan una cierta limitación a la voracidad de los privatizadores.

En tanto, el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT) dijo: “no estamos midiendo las consecuencias de las decisiones que se están tomando. Esto debe analizarse en su impacto a futuro porque ahora ya todas las instituciones del país están quebradas por sus pasivos laborales. El candado se debe poner a toda la ley, no hay razón para que el Estado mexicano rehuya a las funciones que la Constitución le ordena”, agregó.

La minuta para la creación de esta ley se encuentra en las Comisiones de Economía, de la Función Pública, la de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Justicia, para su estudio y análisis.

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