La Comisión de Justicia instaló un grupo de trabajo que analizará la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Secuestro, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión y promulgada por el Ejecutivo.

El responsable del grupo de trabajo, diputado José Alfonso Navarrete Prida (PRI), destacó que la llamada ley antisecuestro adolece de fallas técnicas que pueden llevar a graves confusiones y a un debilitamiento institucional en torno a este delito.

Como punto relevante, dijo, existe un conjunto de observaciones a la ley antisecuestro, luego de que, tras ser aprobada por el Congreso, el Ejecutivo la modificó sin tener facultades para ello y sin pasar de nueva cuenta por los legisladores. “Modificó los títulos de algunos artículos, remitió a otros, le cambió de nombre a un fondo, es decir, hizo una serie de modificaciones sobre lo cual no tiene facultades”.

La idea, añadió, es llevar este tema a la próxima reunión de la Comisión de Justicia para hacerle un extrañamiento al Ejecutivo, porque no se sabe si hay otras leyes a las que les haya hecho lo mismo.

Navarrete Prida mencionó que por acuerdo del pleno de la Comisión de Justicia, que preside el diputado Humberto Benítez Treviño, se dio pie al grupo de trabajo que analizará las observaciones no sólo de los legisladores sino de la sociedad civil, a fin de revertir las fallas.

Refirió que se profundizará en los temas de si se federalizó el delito o no; sobre las penalidades, y uno que es muy delicado, como el de la imprescriptibilidad del secuestro, a diferencia del homicidio, que sí prescribe.

“Si tiene imprescriptibilidad podría interpretarse con un mensaje muy equivocado de que al secuestrador le conviene más asesinar a su víctima que tenerla secuestrada. Esperamos que a principios de enero estén listos los resultados y una vez que eso ocurra se discuta en el pleno de la Comisión y se presentarán las propuestas correspondientes para hacer las adecuaciones”, indicó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), rechazó que la instalación de un grupo de trabajo encaminado a analizar las fallas de la ley antisecuestro obedezca a la aprobación al vapor de dicha legislación por parte del Congreso. Se trata, dijo, de perfeccionarla, como se hace con cualquier otra ley.

“Muy pocos de sus aspectos son de fondo, más bien son de forma y de ninguna manera se legisló al vapor. Hubo mucha discusión y debate, varias sesiones en el Senado y en la Cámara de Diputados, y lo que buscamos es perfeccionarla”, subrayó.

En tanto, el diputado Pedro Vázquez, del Partido del Trabajo, coincidió con Benítez Treviño e indicó que la revisión de la Ley no significa que se haya legislado al vapor; por el contrario, explicó, “ante la necesidad de contar con una ley de esta naturaleza era imprescindible aprobarla cuanto antes y lo que se está haciendo es únicamente revisarla”.

Con ello, dijo, se busca dotar a las autoridades de las herramientas legales que les permita combatir este flagelo, el cual ha hecho demasiado daño a la sociedad. “Este grupo de trabajo avanzará de manera clara. No esperamos ningún inconveniente porque sólo se trata de afinar, con mucho detalle y precisión, conceptos que la ley engloba. No queremos que ningún artículo se preste para posibles argucias legales de los abogados de los delincuentes”, agregó.

En la reunión estuvo la señora Isabel Miranda de Wallace, quien entregó una serie de observaciones que tienen que ver con el contenido del artículo 16 de la Ley antisecuestro, con la definición de tipo penal y las operaciones encubiertas, entre otras.

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