La Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado José Luis Ovando Patrón, aprobó un dictamen para exhortar a las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional y local, al Consejo de la Judicatura, a la Procuraduría General de la República, al Tribunal Superior de Justicia, a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, así como a la Secretaría de Seguridad Pública para que implementen medidas contra la explotación sexual y trata de personas.

Al respecto, la diputada Rosi Orozco, integrante de la Comisión y proponente, explicó que el tema es importante para el resguardo de las mujeres, ya que no cuentan con juzgados propios; por lo contrario, reciben un trato discriminatorio que demuestra la falta de equidad de género.

Mencionó que tan sólo en los penales del Distrito Federal existe una red de trata de personas; “es un acto terrible al que se enfrentan las mujeres, quienes son llevadas hacia los penales varoniles, donde las escogen para violarlas y venderlas como objetos”, recalcó.

Por su parte, el diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) estableció que el problema que presentan los centros de reclusión es la sobresaturación, ya que existen más de 40 mil reos, donde 4 mil son del orden federal, por lo que insistió que es un tema que debe atenderse.

Por ello se aprobó un dictamen por el que se solicita el cumplimiento del Secretario de Seguridad Pública para generar un ambiente propicio para la readaptación social de las personas que se encuentra en reclusión, así como realizar una eficaz labor de vigilancia y resguardo en los penales del país.

La Comisión aprobó un dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Gobierno Federal, de la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que refuercen permanentemente la presencia de la Policía Federal, además de contar con vigilancia aérea en los municipios de Práxedis, Guadalupe y Valle de Juárez, en Chihuahua.

Al respecto, la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, secretaria de la Comisión, propuso que también es indispensable realizar un plan o programa que garantice la recuperación de los espacios de la ciudadanía y con ello su seguridad.

Señaló que la gobernabilidad no sólo se logra por medio de los cuerpos policiales o programas asistencialistas; “tenemos que dejar de hacer políticas en braile”.

También se aprobó un dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones de seguridad pública de la Federación, del Distrito Federal y de los estados, para que otorguen un seguro de vida y de gastos médicos mayores, ya que las condiciones laborales de los policías son de los peores que hay, además de que presentan enfermedades endémicas generadas por el estrés y la obesidad.

Asimismo, se validó otro dictamen para pedir a las secretarías de Seguridad Pública, Defensa y Marina, así como a la Procuraduría General de la República a que fortalezcan sus operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de armas, indocumentados, drogas, piratería y lavado de dinero.

También se aprobó el dictamen por el que se exhorta a las policías cibernéticas de los estados a fortalecer su personal e infraestructura, además de establecer convenios para intercambiar información e implantar procedimientos preventivos de riesgo en el uso de Internet.

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