La diputada María Dolores Del Río Sánchez (PAN) propuso reformas a la Ley General de Salud, para incorporar la prevención y atención de la farmacodependencia y la drogadicción a los servicios básicos de salud, debido a que el consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana de entre 12 y 65 años de edad, ha aumentado del 5 por ciento observado en 2002, a 5.7 en este periodo.

La secretaria de la Mesa Directiva dijo que si bien el consumo de drogas ilegales es mayor en los hombres (en una proporción de 4.6 por cada mujer), el índice de crecimiento es mayor en las mujeres, entre las que el consumo de drogas ilegales se duplicó, pues aumentó del uno por ciento en 2002 a 1.9 en 2008, mientras que el consumo en hombres se incrementó sólo de 8 a 8.8 por ciento.

Mencionó que es 4.5 veces más probable que una persona se involucre en el consumo de las drogas si su papá o sus hermanos las usan. Sin embargo, la probabilidad se incrementa hasta 10.4 veces si quien las emplea es el mejor amigo.

Subrayó que la prevención y educación para la salud toman gran relevancia frente este problema de salud pública, ya que sólo la mitad de los jóvenes de entre 12 y 25 años ha estado expuesta a la prevención.

Del Río Sánchez precisó que es necesario reforzar los programas preventivos que se imparten en las comunidades, dirigiéndolos especialmente a la población que ya no está en la escuela.

Puntualizó que si bien ha aumentado la proporción de personas que busca ayudan por problemas de drogas, sólo una tercera parte de los adictos acude a tratamiento.

“Las personas con abuso y dependencia de sustancias tienen problemas de salud y conflictos sociales no atendidos. Por tanto, se han hecho esfuerzos importantes para aumentar la oferta de tratamiento, aunque no es suficiente, lo cual torna indispensable transformar la perspectiva que posee el Sistema Nacional de Salud al respecto”.

Actualmente, agregó, los artículos 3, 6, 27 y 111 de la Ley General de Salud establecen la prevención en el consumo de estupefacientes y psicotrópicos, por lo que con la reforma se agrega la drogadicción a fin de ampliar el espectro jurídico de la materia, ya que resulta imprescindible que la adicción en general se sitúe en el mismo nivel de importancia que el consumo de estupefacientes y psicotrópicos.

Subrayó que dada la amplia incidencia y prevalencia en materia de farmacodependencia y drogadicción, resulta impostergable generar un nuevo enfoque en cuanto a los servicios básicos a través de los cuales se garantiza el derecho a la protección de la salud, razón por la cual la iniciativa incorpora a ellos la materia de prevención y atención de la farmacodependencia y la drogadicción.

Agregó que el enfoque existente en la Ley General de Salud respecto a las materias que componen la promoción de la salud resulta insuficiente, por lo que incorporar la prevención de adicciones como uno de los elementos indispensables abonará mucho en la solución de la problemática.

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