A fin de lograr una mayor fluidez en la recuperación de infantes, la diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) presentará un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República (PGR) elabore una base de datos con la información de los niños sustraídos, raptados y desaparecidos a nivel nacional.

La integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables dijo que en el país no hay estadísticas oficiales del robo de infantes, ni las instancias para que los familiares de los menores que han sido robados, denuncien y sean apoyados con agilidad para su localización.

Indicó que generalmente se atiende lo referente a las demandas de las personas desaparecidas o extraviadas después de transcurridas 48 horas, “tiempo suficiente para que el menor, si fue robado, pueda ser llevado a cualquier lugar de la República o del extranjero”.

Contar con una base de datos, destacó, sería una llamada de atención para las autoridades, pues evidenciaría la existencia del problema y su falla en la previsión, atención y erradicación, comprometiéndolas a elaborar políticas públicas que permitan solucionar de este problema social.

La legisladora comentó que algunos de los factores que influyen en la desaparición de los menores, destacan la disputa entre familiares por la tutela (70 por ciento); violencia intrafamiliar (25 por ciento) y niños que no necesariamente son robados, sino que los padres los pierden de vista en lugares públicos o centros de concentración masiva (5 por ciento).

Espinosa Morales puntualizó que los niños robados aparentemente son utilizados en adopción ilegal, explotación sexual o para usarlos en las peores formas de trabajo infantil, incluso hay quien afirma que para tráfico de órganos y drogas.

“La desaparición de niños supone una vulneración de las garantías de seguridad que debe brindar el Estado a los ciudadanos, sobre todo porque pueden estar vinculados a otros delitos, como el secuestro y la explotación sexual”.

Recordó que en el país, el robo de infantes no está tipificado como delito federal, pues el Código Penal señala en el artículo 366 indica que: “se castigará de 15 a 40 años de prisión y de 200 a 700 días de multa al que prive de la libertad a un menor de edad”.

Es decir, dijo, que si el malhechor sale del estado (jurisdicción) donde cometió el delito, las procuradurías locales necesitan autorización o colaboración de otras entidades para investigar, y eso retrasa la persecución de los delincuentes.

Ante esa situación, afirmó, es necesario que la PGR se aboque a crear una base de datos donde se incluya, exclusivamente, la información de los niños sustraídos, raptados y desaparecidos a escala nacional.

El Poder Legislativo, por su parte, debe hacer reformas para tipificar el robo de niños como delito federal, homologando las legislaciones locales, así como alcanzar mayor participación de los medios de comunicación.

“Debemos dar prioridad al fortalecimiento en la sociedad, de la cultura de protección y respeto de los derechos de los menores, ya que es evidente la gran vulnerabilidad en todo el país en la que se encuentran los infantes. El único método probado para combatir la desaparición, sustracción y robo de menores, es la prevención que implica la cultura de seguridad”, enfatizó.

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