La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Justicia la minuta que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, reformas a las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica de la Procuraduría General de la República y Federal de Defensoría Pública.

La Ley daría lugar a la creación del Sistema Federal de Justicia para Adolescentes, y se aplicaría a quienes se les atribuya o compruebe la realización de una o varias conductas tipificadas como delito competencia de las autoridades federales, y tengan al momento, la comisión de dichas conductas, entre los doce años cumplidos y menos de dieciocho.

Son objetivos de la Ley: establecer los principios rectores del Sistema y garantizar su plena observancia; crear las autoridades especializadas y establecer sus atribuciones y facultades; fundar los procedimientos y mecanismos para determinar la responsabilidad de los adolescentes y adultos jóvenes por la realización de una conducta tipificada como delito.

De igual modo, garantizar la protección de los derechos de la víctima u ofendido; regular la ejecución de las medidas aplicables a los adolescentes y adultos jóvenes que resulten responsables por la realización de una conducta tipificada como delito.

La niña o niño menor de doce años de edad a quien se le atribuya una conducta tipificada como delito, quedará exento de toda responsabilidad, sin perjuicio de las de tipo civil a las que haya lugar.

Si los derechos del menor de doce años a quien se atribuye la comisión de un delito se encuentran amenazados o vulnerados, la autoridad competente podrá remitir el caso a las instituciones públicas o privadas responsables de la protección de los derechos del niño o de la niña.

Añade que en la interpretación y aplicación de la ley, se tomará en cuenta la totalidad de los derechos que concurren en el adolescente, ya sea por ser indígena, mujer, con capacidades diferentes, trabajador u otra condición que resulte contingente en el momento en que sucedieron los hechos imputados.

Se procurará que los adolescentes o adultos jóvenes sean expuestos lo menos posible, y sólo de ser necesario, a ambientes hostiles cuando deban comparecer frente a autoridades o deban estar en los lugares de detención.

Los menores no podrán ser aislados, salvo en casos en que sea estrictamente necesario para evitar o resolver actos de violencia grave, generalizada o amotinamiento en los que el adolescente o adulto joven esté directamente involucrado y en ningún caso el aislamiento implicará incomunicación.

Los agentes de las policías que tengan contacto con niños, niñas, adolescentes o adultos jóvenes presuntamente involucrados en conductas tipificadas como delito, deberán salvaguardar su vida, dignidad e integridad física.

Por ningún motivo se podrán exhibir o exponer públicamente a niñas, niños y adolescentes, así como publicar o divulgar toda grabación, filmación, imagen o cualquier otra información.

Se determinó el internamiento en tiempo libre, que consiste en la restricción de la libertad del adolescente o adulto joven que lo obliga a acudir y permanecer en un Centro Federal de Internamiento, durante el tiempo que se le imponga en la resolución. La duración de esta medida no podrá ser inferior a un mes ni exceder de cuatro años.

De igual modo, la de internamiento permanente, cuya duración no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco; se considera la más grave, pues implica la privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los centros federales de internamiento.

Comunicaciones

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, se unió a la pena que embarga al diputado Federico Ovalle Vaquera (PRD) por el fallecimiento de su señora madre.

Previamente, se informó que fueron recibidos dictámenes en sentido negativos de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Salud y de Trabajo y Previsión Social.

De la Secretaría de Gobernación se recibieron respuestas a diversos puntos de acuerdo sobre la prohibición de útiles escolares que contengan cualquier tipo de solventes; a la mucopolisacaridosis, así como las medidas para salvaguardar la producción porcícola nacional, evitando las políticas de dumping que han incrementado la importación de derivados de cerdo.

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