Los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Marina, diputados Alejandro Gertz Manero (Convergencia), Luis Antonio Martínez Armengol (PRI) y Francisco Armando Meza Castro (PRD), presentaron una iniciativa para derogar la actual Ley General de Puertos, vigente desde 1993 y expedir una nueva.

Su presidente, Alejandro Gertz Manero, explicó que la nueva ley que se propone busca actualizar el papel del Estado y de la iniciativa privada en materia portuaria; dar un nuevo carácter a las concesiones para que contribuyan al desarrollo y se precise el sentido de utilidad pública y privada de las Administraciones Portuarias Integrales (API).

Mencionó que en todas partes del mundo, las inversiones portuarias son rentables y productivas por ellas mismas, de manera que si se estableciera un marco comparativo, se podría observar que en México cada día crece más la inversión pública; sin embargo, no existe ningún tipo de mecanismo de transparencia que permita saber con certeza cuáles son los rendimientos de las concesiones y cuánto generan de impuestos.

El documento destaca que la actividad portuaria mueve importaciones por 890 mil millones de pesos anuales y exportaciones por 919 mil millones, pero no existe información precisa que sería de gran utilidad para las estadísticas económicas, financieras y fiscales.

“De la información relativa a impuestos de importación y exportación se desconoce cuáles son los beneficios para la nación, para las API y para los municipios. La finalidad de la propuesta es que todo el sistema portuario funcione de manera transparente, para que la población pueda saber qué se está haciendo con esos bienes de dominio de la nación y que éstos sean productivos”, se precisa en el documento.

Concluye que “las concesiones que el gobierno dio en materia portuaria le dejan al país alrededor de 300 millones de pesos al año; sin embargo, no hay un sistema de auditoría, por lógica de utilidad pública, para evaluar la equidad de esa productividad frente al volumen y valor concesiones y cesiones parciales”.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Transportes y Marina, con la opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Ley para Regular Casas de Empeño Mercantiles

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (PRD) presentó una iniciativa para reformar el Código de Comercio, así como las leyes General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; Para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros; de Protección al Consumidor y expide la Ley Federal para Regular las Casas de Empeño Mercantiles.

El legislador destacó que la iniciativa tiene el propósito de regular la operación y la actividad que llevan a cabo las casas de empeño mercantiles.

Explicó que un creciente porcentaje de operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria son promovidas por empresas privadas, asociaciones civiles o sociedades mercantiles que buscan una utilidad en su operación y en muchos casos actúan de manera informal.

“Son tan rentables las operaciones en esas casas de usura que se estima reciben utilidades superiores al cien por ciento anual, en un proceso que despoja de su patrimonio a millones de familias de los estratos de menores ingresos, en tanto que propicia una perversa e injustificada concentración de recursos”, dijo.

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y la de Economía, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Crear expediente clínico electrónico

A la Comisión de Salud se envió la iniciativa presentada por la diputada María Cristina Díaz Salazar (PRI), que adiciona el artículo 107 Bis a la Ley General de Salud, para crear el expediente clínico electrónico, que contenga información retrospectiva, concurrente y prospectiva de los pacientes con el propósito de brindar con calidad la atención y cuidados de salud.

Estipula que el Sistema Nacional de Salud deberá contar con la interconexión, procesamiento, interpretación, seguridad y confidencialidad para la salud de la población, a través del expediente clínico electrónico que proporcione el Estado, sujetándose a la NOM emitida por la Secretaría de Salud.

El documento señala que dichos datos se almacenarán en formato digital que podrán intercambiarse de manera segura por múltiples usuarios autorizados, y será interoperable entre todas las instancias de salud. “Dicha interoperabilidad implicará grandes inversiones públicas, en principio calculadas en cerca de 2 mil millones de pesos”.

Castigos a quienes falsifiquen cumplimiento de normas oficiales

Se remitió a la Comisión de Justicia la iniciativa planteada por el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez (PAN) para reformar los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal, a fin de fortalecer el combate a productos pirata y castigar con prisión de cuatro a nueve años y multa de cuatrocientos a dos mil pesos al que falsifique los documentos o emblemas que sirven para demostrar el cumplimiento de normas oficiales mexicana.

Propone agregar una fracción V al artículo 242, para establecer prisión de tres meses a tres años y multa de veinte a mil pesos a quien utilice un documento que acredite el cumplimiento con normas oficiales mexicanas, para un producto, proceso o servicio distinto para el que originalmente fue expedido.

Se indica que práctica ilegal de falsificar documentos que demuestran el cumplimiento con normas oficiales mexicanas, tiene como consecuencia directa vulnerar la salud e integridad de las personas, el medio ambiente y sus bienes.

Actualmente se comercializan en nuestro país productos que ostentan el cumplimiento con una norma oficial mexicana, sin haber sido sujetos de la evaluación de la conformidad respectiva.

Se trata específicamente de aquellos productos que se comercializan en el mercado formal e informal que ostentan o exhiben certificados, dictámenes u hologramas falsificados con que supuestamente acreditan el cumplimiento con la norma oficial mexicana correspondiente, o bien utilizan documentos legales que fueron expedidos para otro producto, con el afán de defraudar.

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