Durante el foro Armonización Legislativa Penal en Materia de Violencia contra las Mujeres, la diputada Teresa Incháustegui Romero, destacó la necesidad de incorporar criterios que ayuden a crear una legislación hacia una vida libre de violencia.

La presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Acciones en Relación a los Feminicidios Registrados en México, dijo que el problema es que cada entidad federativa tiene sus propios códigos y ritmos políticos que impiden el avance en materia de derechos de las mujeres.

En su ponencia Tratamiento de los delitos cometidos por razones de género: su actualidad, la también secretaria de la Comisión de Seguridad Pública estableció que en México prevalece una invisibilidad u omisión en la ley en aclarar los procesos de violencia en contra de la mujer.

Señaló que hay imprecisión en los códigos penales, ya que en el caso de los feminicidios, los familiares de las víctimas tienen que comprobar que las niñas o jovencitas desaparecidas no han llevado una vida de adulterio, ya que de ser así es como si se justificara su muerte.

Declaró que “la violencia en todas sus formas es símbolo del dominio sobre las mujeres, tenemos que romper con estos dispositivos de control al reconocer la libertad de su propio cuerpo”.

Laura Carrera Lugo, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), impartió la conferencia La importancia de la incorporación de los tratados internacionales en materia de violencia contra las mujeres, en el marco jurídico mexicano.

Declaró que hay un compromiso para impulsar una reforma que erradique la violencia de género y que garantice el acceso a la justicia.

Informó que a través de una investigación comparativa de violencia contra las mujeres llevada a cabo en el Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco, se presentaron 7 mil casos al año, donde únicamente 28 se consignaron, es decir, el punto 4 por ciento.
Detalló que entre las manifestaciones de violencia que más se presenta es la psicológica, muy difícil de demostrar.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 2006, mostró que 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia emocional, mientras que 3 de cada 10 enfrentan violencia sexual.

Dicha encuesta demostró que Jalisco encabeza la lista de los estados más violentos, con 78.5 por ciento, le sigue el Estado de México con 78.2 y el Distrito Federal con 71.3.

Informó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, realizó una investigación en las 32 entidades federativas, para conocer los obstáculos reales de acceso a la justica, para que a partir de ello se estableciera una propuesta.

En su intervención, Carlos Mercado Casillas, director general adjunto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dio a conocer el diagnóstico México y la Convención Belem do Pará: seguimiento al proceso de armonización legislativa en las entidades federativas.

Los resultados que arrojó el estudio, de acuerdo al cumplimiento de las recomendaciones de la Convención y al grado de implementación correspondiente por entidad federativa, es que Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí presentaron un alto cumplimiento en materia de armonización legislativa.

Mientras que en Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas es urgente el trabajo en torno a las recomendaciones establecidas por la Convención Belem do Pará.

Finalmente, Patricia Olamendi, consultora independiente dio a conocer la propuesta de reforma para incorporar los derechos humanos de las mujeres en la legislación penal y de procedimientos penales de las entidades federativas y de la federación.

En ella se establece la necesidad de crear un proceso de códigos penales, así como reparar el daño, en proporción a su gravedad.

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