El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 294 votos, el dictamen por el que se crea la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

El dictamen precisa que, de manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

La ley establece que gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico, sin distinción de origen étnico, nación, género, edad, condición social, económica, de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, señaló que la ley señala los derechos de las personas con discapacidad, así como las dependencias y entidades de la administración pública encargadas de tutelarnos.

Establece las facultades del ejecutivo Federal en la materia, entre éstas, la política pública para las personas con discapacidad para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales en la materia ratificados por nuestro país.

Explicó que se crea un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, como respuesta a un legítimo reclamo social.

“Esta nueva ley viene a brindar mejores herramientas para impulsar el desarrollo y el avance de 10 millones de personas en este país”, puntualizó.

En tanto, la diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRD) dijo que la reforma pretende hacer justicia, a través de la equidad, a la histórica marginación que viven quienes tienen alguna discapacidad. “Visibilizar las diferencias para poder cambiar la desventaja de las personas”.

Consideró que este dictamen es un buen paso para la legislación vigente en materia de discapacidad por la inclusión de un sistema de atención a este sector, un organismo rector de la política pública del Estado, atribuciones y responsabilidades que no existían y que están contempladas.

Por su parte, la diputada Daniela Nadal Riquelme (PRI) resaltó que la población con discapacidad enfrenta condiciones de pobreza, exclusión y una creciente discriminación social o gubernamental, por lo que es necesario dotar al Poder Ejecutivo de una legislación que fortalezca el emprendimiento de acciones institucionales en los tres órdenes de gobierno.

“La visión con que se propone la creación de un nuevo organismo, es que la población tenga la certeza de que el Estado cuenta con una entidad que responde jurídicamente a las expectativas de las personas con discapacidad y en consecuencia, brindarle certeza de que sus derechos, efectivamente, serán respetados conforme lo establece la Constitución”, añadió.

La diputada María Joann Novoa Mossberger (PAN) indicó que esta ley significa un avance importante en el camino correcto hacia lograr un fortalecimiento de las políticas en beneficio de las personas con discapacidad.

Propuso adicionar un artículo séptimo transitorio para que: “Todos los entes competentes deberán desarrollar las políticas públicas y acciones señaladas en la presente ley, adoptando medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos en congruencia con la Convención”. Fue aprobado.

Por último, la diputada Caritina Sáenz Vargas (PVEM) destacó que se han conjuntado esfuerzos con la finalidad de abatir la marginación y el rezago que enfrentan las personas con discapacidad para proveer la igualdad y las oportunidades y que les permitan desarrollarse con plenitud e independencia.

Destacó que esta nueva ley contempla la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la visión de que la población tenga la certeza de que el Estado cuenta con una entidad que responda jurídicamente a sus demandas.

El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos sus constitucionales.

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