El diputado Leobardo Soto Martínez (PRI) presentó una iniciativa que reforma los artículos 123 de la Constitución Política y del 94 al 96 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados tenga la facultad de fijar los salarios mínimos.

Refirió que de acuerdo con un estudio de la UNAM, 14 millones de trabajadores ganan un salario mínimo al día, es decir, 57.46 pesos. “Un trabajador de salario mínimo debe descontar de esos 57.46 pesos los gastos de transporte y comida, con lo que sus percepciones se reducen todavía más. Necesitaría trabajar 22 horas diarias con sueldo mínimo para poder adquirir los productos de la canasta alimenticia recomendada, sin contar los gastos de vestido y vivienda”.

Mencionó que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) está por aprobar el incremento a los minisalarios que regirá a partir del 1 de enero del 2011. El salario mínimo, aún con el incremento que se apruebe para el próximo año, “es una vergüenza, no alcanza ni para la subsistencia del trabajador, menos para mantener a su familia”. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la del Trabajo y Previsión Social.

Reformar aplicación de impuestos en autos nuevos

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente (PRI) propuso modificar el artículo 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, con la finalidad de que los fabricantes, ensambladores, distribuidores de automóviles o comerciantes, hagan la separación del monto de este impuesto en el documento que ampare la enajenación, para que el cobro del ISAN y del IVA sea sobre el valor del vehículo y posteriormente se sumen ambos impuestos.

Explicó que el hecho de no separar el monto de este impuesto en el documento que ampare la enajenación, genera que el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no sea sobre el valor del bien, sino del total que resulta de la suma del valor del bien y la suma del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) aplicable al vehículo. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Contabilizar capturas incidentales de especies de pesca

Se turnó a la Comisión de Pesca la iniciativa de los diputados Alejandro Carabias Icaza, Diego Guerrero Rubio y Eduardo Ledesma Romo, del PVEM, que reforma los artículos 9o. y 66 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objetivo de contabilizar las capturas incidentales de especies y poblaciones en riesgo, como excedentes de captura, sin importar su volumen.

Aclaró que se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 66 para que las capturas incidentales de especies en riesgo sean consideradas como pesca realizada sin concesión o permiso, y estarán sujetas a las sanciones que ya prevé la Ley para esta infracción. Respecto al artículo 9, se plantea que la Semarnat tenga facultad para emitir recomendaciones acerca de las especies y poblaciones en riesgo que sean afectadas por la captura incidental.

Aumento trimestral a salarios mínimos

A la Comisión de Puntos Constitucionales se canalizó la iniciativa del diputado Juan Carlos Natale López (PVEM), que reforma el artículo 123 de la Constitución Política para establecer que los salarios mínimos se incrementen trimestralmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), así como suprimir el concepto de “áreas geográficas” y dar pie a la homogenización de un solo salario mínimo general con aplicabilidad en todo el territorio nacional.

Mencionó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 64 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) recibe en promedio hasta 2 salarios mínimos y para adquirir la canasta básica alimentaria se requiere lo equivalente a casi 3.

Reglamentar el destino de los recursos decomisados

La diputada Caritina Sáenz Vargas (PVEM) propuso reformar los artículos 9 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de reglamentar el destino de los recursos decomisados a la delincuencia organizada para que no queden sujetos a decisiones unilaterales y circunstanciales de ningún mandatario y garantizar la transparencia de los recursos.

El documento señala que a través de estas reformas y con base en la Ley de Extinción de Dominio, la cual otorga facultades al Estado para hacer uso de los recursos financieros, la posesión de inmuebles y otras propiedades de las organizaciones criminales sean distribuidos de la siguiente manera: 25 por ciento al Poder Judicial para fortalecer los programas de rehabilitación contra las adicciones dentro de los sistemas penitenciarios, así como para el fondo de apoyo de la administración de justicia.

Además, 25 por ciento de estos recursos decomisados serán destinados a la Procuraduría General de la República (PGR), a través del Fondo para la Atención de Víctimas del Secuestro; 25 por ciento a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 25 por ciento al sector Salud para la modernización del equipo e infraestructura. Se mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la de Justicia.

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