El diputado Jaime Sánchez Vélez (PRI) propuso a través de un punto de acuerdo que los ex presidentes de México se integren como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México, “privilegiando de preferencia a las que su presencia reditúe el mayor beneficio a la educación, a la sociedad y al desarrollo nacional”.

La propuesta establece que las actividades se realizarían recién terminadas sus administraciones, de tiempo completo, por seis años y sin ningún pago, salvo el que se encuentre dentro del rubro de pensiones a ex presidentes; terminados los seis años, deberán continuar con sus actividades en horarios y horas que ellos decidan y que la institución o instituciones, públicas o privadas nacionales, les permitan, por tres años.

Terminados los tres años, podrán trabajar o colaborar para empresas o instituciones privadas mexicanas o extranjeras, dentro y fuera del país y concluidos los nueve años y si los ex presidentes generan recursos propios, se reducirá en un 60 por ciento su pensión.

También se reducirá en un 60 por ciento el apoyo de personal y de seguridad, y se suspenderán sus seguros de gastos médicos mayores, sus seguros de vida y sus derechos a la seguridad social continuarán de manera vitalicia.

En caso de no contar con título profesional, se integrarán a alguna institución pública educativa en la que pueda participar como conferencista, panelista o alguna otra actividad que no requiera título profesional, pero que siempre se circunscriba en beneficio de la educación, la sociedad y del desarrollo nacional.

En caso de que el ex presidente llegue a fallecer, su cónyuge recibirá una pensión equivalente al 60 por ciento y se reducirá en 80 por ciento el apoyo de personal y de seguridad. En caso de muerte del cónyuge, la pensión beneficiará en la misma cuantía a los hijos hasta alcanzar la mayoría de edad. La prestación será suspendida si el cónyuge contrae nuevo matrimonio.

“La intención de esta proposición es hacer cumplir a los ex presidentes su agradecimiento al pueblo mexicano a través de la educación y de la enseñanza durante los primeros nueve años terminada su gestión, además de reducir los recursos económicos, humanos y materiales que se les destinan, respetando sus derechos de seguridad social”.

Certificado de origen a vehículos pesados de importación

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente (PRI) propuso realizar un exhorto al Ejecutivo a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exija el “certificado de origen” como requisito indispensable al importar vehículos pesados para que se compruebe que fue ensamblado en Estados Unidos o Canadá conforme a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio.

Preciso que es preocupante que entre enero y octubre del presente año se hayan importado desde Estados Unidos 5 mil 898 camiones usados de más de 10 años de antigüedad al amparo del TLC.

“Sin embargo, esas unidades no han presentado el certificado de origen que las valide como originarios de un territorio miembro de la zona de libre comercio entre los tres países, lo que afecta directamente el desarrollo y la competitividad en el país”. Se remitió a la Tercera Comisión.

Desarrollo del turismo de naturaleza y ecoturismo

La diputada María del Carmen Izaguirre Francos (PRI), a través de un punto de acuerdo, solicitó que las secretarías de Turismo, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinen un instrumento de colaboración para el desarrollo del turismo de naturaleza y ecoturismo.

El objeto de la propuesta es impulsar acciones de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, encaminado y orientado a desarrollar a las comunidades rurales e indígenas, así como el fomento, desarrollo, difusión y promoción de los destinos, actividades y productos turísticos en esta modalidad, permitiendo elevar la competitividad y generación de oportunidades para el desarrollo económico, social, y cultural de las regiones y comunidades. Se remitió a la Tercera Comisión.

Desalojo ilegal en Guerrero

El diputado Emilio Serrano Jiménez (PRD) solicitó al gobernador de Guerrero, que se restituya de inmediato a las más de 300 familias de la colonia Ampliación Puerto Marqués, en la posesión y disfrute de sus predios y se le reparen los daños y hurtos de que fueron víctimas, “como consecuencia del ilegal e inhumano desalojo de que fueron víctimas el 10 de noviembre de 2010 por las fuerzas policiales del estado”. Se envió a la Primera Comisión.

Revisión de las condiciones laborales de la Policía Federal

Los diputados Alejandro Encinas Rodríguez y Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD, propusieron hacer un llamado al Ejecutivo, para que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Seguridad Pública, a realizar una revisión urgente de las condiciones laborales y salariales de los elementos de la Policía Federal, que derive en el incremento salarial y las mejoras de las prestaciones laborales del personal de tropa de más bajos ingresos.

“Los sueldos de algunos de estos servidores públicos, principalmente los de los policías y cabos, no son superiores a los diez mil pesos mensuales, lo que representa un ingreso muy bajo para ser sostén de una familia, y por demás injusto, tomando en cuenta los riesgos y el estrés emocional al que se ven sometidos todos los elementos de esta corporación”. Se envió a la Tercera Comisión.

Comparecencia del secretario de Medio Ambiente

El diputado Javier Orozco Gómez (PVEM) propuso la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca, con el fin de que explique la autorización de la instalación y operación de la planta regasificadora de la empresa Z Gas del Pacífico dentro del ejido de Campos, en contravención con el ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán.

Asimismo, explique por qué se aprobó el cambio de uso de suelo autorizado referente a 98.05 hectáreas de manglar, incluyendo 30 de manglar para la ejecución del Proyecto de Ampliación Portuaria del Puerto de Manzanillo, en la laguna de San Pedrito.

“Las consecuencias del proyecto de la planta de gas natural destruiría parte del patrimonio natural del pueblo de México y violaría las leyes, pero a pesar de que esto ha sido denunciado insistentemente por diversas organizaciones locales, no ha habido hasta ahora respuesta del gobierno federal”. Se remitió a la Tercera Comisión.

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