El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), se pronunció en contra de reducir la edad penal como una forma de contener la participación de menores en el crimen organizado.

Destacó que la inserción de infantes en este flagelo, se debe particularmente a una falla estructural desde el entorno familiar que, por diversas causas, no ha cumplido con su cometido de educar e inculcar valores morales y cívicos, ante una gradual descomposición social.

“Nosotros podríamos bajar la edad penal a los 10 años, pero mientras los padres de familia no cumplan con su obligación de educar a sus hijos, seguirán fracasando los sistemas de prevención del delito”, dijo.

Citó como ejemplo el caso del menor que fue contratado por el crimen organizado como sicario. “Es un niño que proviene de una familia desintegrada; vivió y convivió con balas de la delincuencia organizada; entonces, aquí lo que está fallando es la familia, no las instituciones ni la ley”.

En entrevista, el diputado Benítez Treviño opinó que en lugar de reducir la edad penal se debe hacer efectiva la disposición del artículo 18 constitucional, el cual establece la intervención de jueces especializados para adolescentes cuando incurran en delitos penales.

Indicó que deben existir también ministerios públicos especializados, defensores y centros específicos para rehabilitar y brindar asistencia social a los menores infractores.

“No soy partidario de disminuir la edad penal, sobre todo porque todavía no hemos aterrizado la reforma del 18 de julio del 2008 en materia de justicia para adolescentes. Lo ideal sería la prisión preventiva y la reinserción social; lamentablemente, estas dos figuras están en crisis y sin lugar a dudas son un fracaso”.

En este sentido, señaló que se deben explorar varias alternativas de la prisión preventiva, entre otras, la creación de más reclusorios para separar a los hombres y mujeres; a los procesados y a los sentenciados; a los adolescentes de los adultos.

“Asimismo, crear penales especializados en delincuencia organizada, conforme lo establece el artículo 18 Constitucional. Poner en práctica un sistema más armónico de administración de justicia, pronta, gratuita y expedita que comience con la prevención, la persecución eficaz del delito y erradique la impunidad”.

No es nada nuevo, abundó. “Desde la reforma de 2008 ya está contemplado; sin embargo, a un horizonte de tres años, no hay nada; por eso digo que es un fracaso”.

El trabajo obligatorio, dijo, sería una opción, pero los talleres están convertidos en dormitorios porque estamos en un 90 por ciento de sobrepoblación en los penales del Distrito Federal, 80 por ciento en el Estado de México y del 27 por ciento en todo el país.

El diputado Benítez Treviño consideró que de no reparar las fallas, si no se avanza con mayor celeridad en esta materia, no habrá tiempo que alcance.

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