El 55 por ciento de la desocupación se origina por alguna clase de exclusión, por lo que actualmente hay un millón 144 mil 329 personas desempleadas por discriminación laboral, establece una iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI, que retoma cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

“Las empresas dejan fuera a personas que podrían estar calificadas para desempeñarse en las plazas laborales, pero por razones como color de tez, ojos y estatura, les niegan el derecho a una entrevista”, señala la propuesta.

Subraya que para el mes de agosto del 2010, la tasa de desempleo abierta reportada por las instituciones oficiales se ubicó en 5.44 por ciento, representando una afectación de más de 6 millones de personas, sin incluir a los amplios sectores de la población que se encuentran en el subempleo y en el empleo precario.

Por tal motivo, diputados del Grupo Parlamentario del PRI presentarán una reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo con el objeto de actualizar diferentes aspectos de la legislación, para reforzar la certeza jurídica de los participantes en el mercado laboral, trabajadores y patrones, respecto a las regulaciones que en la materia rigen en México.

Asimismo, no admite discriminación por razón de género, preferencia sexual, discapacidad, raza o religión; promueve el acceso a la seguridad social y regula el salario remunerador, “lo que permitiría a un gran número de desempleados acceder al empleo remunerado y la capacitación en competencias laborales”.

Moderniza la legislación laboral para posicionar al sistema productivo entre los más competitivos del mundo, a fin de que la ley promueva la elevación continua de la productividad, establezca los mecanismos para su medición y reparto, sobre la base de la capacitación profesional de los trabajadores y el posicionamiento competitivo de las empresas.

“Considera, por un lado, los cambios en la realidad económica y, por otro, atiende el respeto a los derechos de los trabajadores, que constituyen logros históricos de los trabajadores en su búsqueda de justicia social”.

Adicionalmente, busca que el llamado outsourcing no sea visto como una actividad enemiga de la clase trabajadora, sino como un sector dinámico, generador de empleos, de ingresos, siempre adecuadamente regulado por la ley.

“Frente a las nuevas características del mercado laboral, de la exclusión y de la economía, es necesario un Estado fuerte y eficaz, que incentive y promueva un nuevo concepto del empleo con salario remunerador y con prevenciones orientadas al respeto irrestricto de los derechos laborales y de organización de los trabajadores”.

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